Josefina Albert FRANCESC DE CARRERAS

Los hechos, muy sucintamente, son los siguientes. Durante las pruebas de selectividad (PAAU) de junio de 1998 para acceder a la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, un alumno, durante el examen de Geología, pidió a la doctora Josefina Albert, profesora del Departamento de Filología Románica y vocal del tribunal examinador, la versión en castellano de las preguntas que se le formulaban. Dicha profesora consultó con el presidente del tribunal, en presencia del coordinador general de dichas pruebas, quien le entregó dicha versión escrita en castellano con la advertencia de que no la diera al estudiante, sino que sólo verbalmente aclarara sus dudas. Ante la insistencia del alumno, la profesora Albert accedió a entregarle la versión escrita y, además, hizo una fotocopia para otra alumna sentada en la fila de enfrente que también le había hecho idéntica petición.Días después, la profesora Albert formuló por escrito una queja al Defensor del Pueblo para consultarle si su comportamiento era constitucionalmente adecuado. Por las mismas razones de fondo, también formuló una queja al Defensor el profesor de la misma universidad doctor José María Fernández. Siguiendo el procedimiento establecido, el Defensor pidió la información correspondiente al rector de la Rovira i Virgili, doctor Arola. Considerando que esta petición al Defensor del Pueblo era legalmente inadecuada, se decidió excluir a ambos profesores de los tribunales del curso siguiente. Motivo formal: haber presentado una queja ante el Defensor de Pueblo.

El rector hizo unas declaraciones a la prensa en las que decía que ambos profesores habían conculcado la legislación vigente. José María Fernández convocó una conferencia de prensa denunciando los hechos y Josefina Albert, tras diversos intentos de conciliación, presentó una denuncia en el juzgado correspondiente alegando que la decisión de excluirla de los tribunales de selectividad era arbitraria e injusta y, por tanto, podía constituir un delito de prevaricación. Entretanto, el Defensor del Pueblo había considerado que el proceder de ambos profesores durante las pruebas era conforme a derecho y pedía explicaciones al rector por considerar arbitraria la exclusión. La semana pasada, el juez instructor, de acuerdo con el fiscal del caso, decidió procesar por presunto delito de prevaricación al rector, Lluís Arola, y al coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual.

De estos desgraciados hechos hay que sacar algunas consecuencias.

Una primera conclusión es que la política lingüística de la Generalitat es equivocada cuando impone coacciones y prohibiciones. En la sociedad catalana no hay problema lingüístico alguno porque los ciudadanos, en su inmensa mayoría, encuentran natural la coexistencia de dos lenguas y respetan el libre uso que cada uno quiera hacer de ellas. Lo fundamental es entenderse y, desde luego, nos entendemos. Los problemas comienzan cuando son los poderes públicos los que se interfieren. Más allá de la Ley de Política Lingüística -que no por casualidad es muy ambigua- está vigente una tortuosa reglamentación que la desarrolla que, con frecuencia, es profundamente sectaria, contraria a los principios constitucionales y estatutarios y, sobre todo, producto del fanatismo y alejada del sentido común.

Para el supuesto concreto que nos ocupa, la normativa de las pruebas de selectividad establece que los textos en que se formulan las preguntas se entregarán siempre en catalán y que "en el caso de que algún alumno manifieste dificultad de comprensión de los enunciados por razón de la lengua usada, se dirigirá a los miembros del tribunal para aclarar cualquier duda. Si esta acción no es suficiente, se le facilitará el texto en castellano en sustitución de la versión catalana". ¿Son razonables tantas dificultades y cautelas en un momento en el que los jóvenes pisan por primera vez la Universidad, están lógicamente nerviosos y asustados porque de tal prueba depende buena parte de su futuro y, en consecuencia, les resulta difícil pedir con insistencia a los que vigilan el examen las preguntas en castellano? ¿Qué sentido tiene todo ello cuando lo que realmente interesa no es comprobar sus conocimientos de lengua -para ello ya existen pruebas específicas-, sino del resto de materias? ¿No es todo ello discriminatorio para una buena parte de la población? Frente a Hollywood se cede, al ciudadano corriente se le asusta para que se calle.

Y esto último nos conduce precisamente a la segunda conclusión: en materia de lengua en este país hay miedo, lo cual se pone de manifiesto en la diferencia existente entre lo que se comenta en privado y lo que se expresa en público. En este caso, al rector Arola lo han apoyado públicamente el alcalde de su ciudad, los demás rectores, el comisionado para universidades y mañana se entrevistará con Jordi Pujol. Josefina Albert ha sido objeto de presiones académicas y de una repugnante campaña de calumnias e insultos por toda Tarragona mediante pintadas, carteles y continuas amenazas telefónicas, incluida la de muerte. Excepto Convivencia Cívica y el Foro Babel de Tarragona nadie ha salido en su defensa: ni partidos, ni sindicatos, ni sus compañeros profesores, ni sus alumnos. Esta sociedad todavía vive, en materias que afectan a aquello que unos han determinado que es sagrado, entre un macartismo encubierto y una kale borroka psicológica que consigue como resultado el miedo. ¿Se asombran todavía los partidos de izquierdas de que muchos se abstengan de votarles?

Afortunadamente, existen todavía personas valientes como Josefina Albert que, antes que nada, creen que es su obligación ayudar a dos alumnos en apuros y hacer respetar su propia dignidad. Algunos nos enorgullecemos de ser sus amigos.