La guerrilla de Colombia pide legalizar las drogas en respuesta a la ayuda militar de EE UU

Bogotá La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo insurgente del país, pidió en un comunicado emitido el jueves por la noche la legalización de las drogas como método efectivo para poner bajo control el narcotráfico. La propuesta fue hecha pública poco después de que la Cámara de Representantes de EEUU aprobara una ayuda a Colombia de 1.700 millones de dólares (casi 300.000 millones de pesetas) para asistir al Gobierno de Bogotá en la lucha contra la producción y tráfico de drogas. La mayor parte de este envío será material militar.

Las FARC justificaron su propuesta calificando la ayuda otorgada por EEUU como una "estrategia criminal destinada a echar más gasolina en nuestro conflicto interno". El grupo guerrillero ha negado repetidamente las acusaciones de ingresar miles de millones de pesetas al año por proteger plantaciones de coca y laboratorios clandestinos propiedad de narcotraficantes.Los guerrilleros, además, invitaron al Congreso norteamericano a visitar Cartagena del Chairá, una pequeña población de la selva donde quieren montar un plan piloto de sustitución de cultivos, para que vea la realidad que viven miles de campesinos pobres "convertidos por sus necesidades económicas en cultivadores de coca".

La ayuda procedente de Washington no es la única medida adoptada contra la droga en Colombia. El presidente Andrés Pastrana anunció que convocará al país a un referéndum para reformar el Congreso y los "vicios atávicos" de la política colombiana. "Nos cansamos de los corruptos", declaró en un discurso televisado. Pastrana consideró una buena noticia para el país la aprobación de la ayuda de EEUU, destinada en su mayoría a dotar al sector militar de material para combatir el narcotráfico.

Ayuda millonaria

Esta ayuda millonaria haría viable el plano militar del llamado Plan Colombia, presentado por el Gobierno como un esbozo integral que tiene como eje la lucha contra el narcotráfico, y como objetivos, la paz y el fortalecimiento del Estado.

Una de las metas es la erradicación en los próximos cinco años del 50% de los cultivos ilegales, que cubren hoy más de l00.000 hectáreas en todo el país. La ofensiva inicial se haría en el Putumayo, provincia olvidada en la frontera con Ecuador y Perú, y donde se concentran más de 50.000 hectáreas de la hoja y hay fuerte presencia de las FARC. La lógica utilizada es que, si se acaba el soporte económico que representan los cultivos de coca para la guerrilla, ésta se debilitaría y sería más fácil negociar la paz. La suerte de la ayuda depende ahora del Senado estadounidense. En Washington se prevé un duro vía crucis, más duro tal vez del que el proyecto vivió en la Cámara, y que finalmente se sorteó con varios condicionamientos: no enviar más de 300 efectivos militares a Colombia, destinar más dinero para sustitución de cultivos y que sea la justicia civil la que juzgue a los militares implicados en violación de derechos humanos, entre otros.

"Los que critican la ayuda con el argumento de que esto es otro Vietnam están en un error", dijo el presidente Bill Clinton a los congresistas después de la votación, que tuvo 263 sufragios a favor y 146 en contra, lo que reflejó el apoyo bipartidista a la iniciativa.

La visión que tienen en Colombia los críticos del Plan Colombia es distinta. Ricardo Vargas, investigador que viene insistiendo en el fracaso de la política antidrogas orquestada por Estados Unidos, señaló a este periódico que, para él, el Plan Colombia es un esquema contra la insurgencia, pues se busca romper sus ejes estratégicos de comunicación en las selvas del sur. "Va a ser una guerra a muerte y veo difícil que el Estado pueda garantizar la defensa de la población civil".

Vietnamización

Vargas cree que es posible que la población civil se vea abocada a asumir la defensa de un territorio por medio de las armas: "En ese momento estaríamos hablando de una vietnamización" . Y ve otro peligro: que cultivos y conflicto se desplacen hacia los países vecinos.

El Gobierno tiene argumentos para defender su plan y responder a las críticas: el garrote no se aplicará sin la contrapartida de la zanahoria; es decir, proyectos de desarrollo, sustitución de cultivos, protección en derechos humanos. Esto se realizará en parte con recursos que se recogerán en Europa en las llamadas "mesas de donantes" . Y otro argumento que repiten funcionarios y jefes militares: si la guerrilla no tiene nada que ver con la coca, no tiene nada que temer.