La incineradora de Mataró, condenada por causar invalidez a tres trabajadores

La empresa que tiene la concesión de la planta incineradora de Mataró, TRM (Tratamiento y Revalorización de Residuos del Maresme), deberá pagar un millón de pesetas y el 30% de las pensiones de invalidez de tres ex trabajadores que enfermaron a causa de las malas condiciones higiénicas de la sección de compostaje de la planta. Un informe del Ministerio de Trabajo responsabiliza a la concesionaria de la contaminación que sufrieron los empleados y considera que incumplió la ley de prevención de riesgos laborales

La Inspección de Trabajo de Barcelona considera probado, basándose en varios informes elaborados por mutuas, que los trabajadores de la sección de compostaje y refinado de la empresa TRM estuvieron expuestos a agentes biológicos nocivos debido a la "falta de medidas de seguridad e higiene", con lo que la empresa "ha incumplido la normativa de riesgos laborales creando un grave riesgo para la salud de los trabajadores". Dos de los tres trabajadores, Francisco Sánchez y José Delgado, padecen incapacidad permanente total derivada de la enfermedad profesional y sufren asma por hipersensibilización a los contaminantes biológicos. En el caso del tercer trabajador, Federico Pitarch, no se ha probado una relación de causa-efecto entre las malas condiciones laborales y su enfermedad.

Los informes de las mutuas constataban que la única protección de los trabajadores eran los guantes y recomendaban que se les facilitaran "máscaras con filtros específicos para los vapores ácidos y orgánicos", además de "ventilar y verificar la atmósfera de los lugares de trabajo".

A pesar de estos informes, TRM no reaccionó hasta el año 1997, cuando la mutua Fimac, a raíz de las revisiones médicas practicadas a uno de los trabajadores, comunicó a la empresa que era probable que en la planta hubiera niveles de contaminación en "cantidad muy superior a los niveles de aceptabilidad". También advertía de la inexistencia de "ventilación que asegurara las renovaciones de aire necesarias", por lo que se determinó que había un "riesgo sanitario". Asimismo se constató la presencia de bacterias aerobias y hongos del género Penicillium y Aspergilus.

Como consecuencia de lo expuesto en el documento, la empresa encargó un anteproyecto técnico y económico para emprender reformas. La misma firma realizó un dictamen y concluyó que era "probable la aparición de efectos crónicos en la salud de los trabajadores por inhalación de partículas". Pese a ello, la planta de compostaje no se clausuró hasta el mes de julio del año pasado.

Uno de los trabajadores afectados, Francisco Sánchez Sánchez, de 38 años, que sufre incapacidad permanente, ha decidido plantear una reclamación de daños y perjuicios. El abogado del ex empleado, Pep Manté, acusa a la empresa de "irresponsabilidad" y pide una indemnización de 87 millones de pesetas para su defendido, 25 de ellos en concepto de daños morales. Además ha presentado alegaciones para que las prestaciones que debe pagar la empresa no sean el 30% de la pensión, sino el máximo establecido, es decir, el 50%.