Los 'seguros verdes' excluirán a un 15% de las empresas por sus pésimas instalaciones La ausencia de cobertura civil supondrá el cierre de las industrias con actividades de riesgo

El Pool Español de Riesgos Ambientales, entidad que agrupa a 18 compañías de seguros establecidas en España (sin contar a Reliance National y Zurich), excluirá de su cartera de clientes al 15% de las industrias con actividades de riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente, porque no reúnen unos requisitos mínimos aceptables. Si no mejoran, no podrán continuar su actividad ya que la ley les obligará a tener un seguro de responsabilidad civil ambiental, como propone un Libro Blanco de la Unión Europea. La repercusión de este seguro supondrá 4.000 millones anuales en primas.

La obligación de asegurar cualquier actividad que implique algún riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente, tal como prevé un proyecto de ley muy madurado y en sintonía con el Libro Blanco europeo, no ha sorprendido al sector del seguro ni a los propios industriales españoles. Llevan años calculando las primas que deberán aplicar en cada caso.De las instalaciones en activo, un 15% quedarán excluidas a no ser que sus gestores apliquen mejoras radicales en sus métodos de producción y en el control de sus vertidos. "Es de esperar que en los próximos años, por propia iniciativa, por el impulso de las administraciones o las propias aseguradoras, se mejore la calidad de todos los factores de riesgo", dice un informe sobre la repercusión del aseguramiento obligatorio para todas las actividades con incidencia ambiental.

En el mercado español cubren estos riesgos las compañías Reliance National, con una capacidad para afrontar indemnizaciones de 4.800 millones de pesetas anuales; Zurich, con 4.300 millones, y las 29 compañías del pool: AGF, Allianz, Axa, Baloise, Bilbao, Caser, Catalana, CommercialU, Estrella, Fiatc, Gan, Vitalicio, Imperio, Mapfre, Musini, Previsión, Sabadell y Winterthur, entre otras, que aportan conjuntamente 1.600. En total suman 10.750 millones, dos tercios de los 15.000 que el proyecto de ley sobre responsabilidad civil fija como límite máximo. En el proyecto, no obstante, la Administración se reserva la facultad de modificar al alza esta cantidad si así lo considera oportuno.

Jesús Luis de las Heras, responsable del estudio sobre la repercusión de este nuevo seguro obligatorio ambiental y gerente del pool señala que su aplicación supondrá 4.000 millones de pesetas anuales en primas, una cifra considerada algo baja por las estimaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente.

Restauración obligatoria

Según sus cálculos, de las 3.040 empresas que desarrollan actividades de riesgo en este momento (2.230 de riesgo medio y 810 alto), más de mil ya tienen cubiertos los riesgos ambientales. La mayoría son grandes empresas petroquímicas o térmicas que no están dispuestas a que su imagen sea puesta en entredicho en caso de sufrir un accidente. Muchas de ellas tienen vínculos con países como Alemania o Estados Unidos, donde es obligatoria desde hace años este tipo de cobertura. En este último país existe un Superfondo de 2,3 billones de pesetas con el que la Administración federal financia la limpieza de una lista de más de 1.300 emplazamientos (suelos y cauces, primordialmente) declarados contaminados, cuya restauración es obligatoria porque pone en riesgo la vida de 41 millones de residentes en sus entornos.

En el caso de España, se estima que las primas que deberán pagar las empresas oscilarán entre las 100.000 pesetas y los 100 millones al año con un criterio similar al que las aseguradoras de automóviles aplican a los buenos y malos conductores. Si las empresas son serias y cumplen normas de calidad les pueden hacer descuentos de hasta el 45%, y si son descuidadas la penalización puede alcanzar recargos de hasta el 140%. El cálculo de estas primas, según José Luis de las Heras, es una tarea compleja porque hay poca experiencia y resulta muy difícil cuantificar y evaluar los riesgos: "Tenemos mucho que aprender. De momento no nos agobia la demanda, aunque muchas aseguradoras ya ofrecen a sus clientes este seguro adicional para fidelizarles y evitar que se dejen seducir por la competencia".

Dudas con los transgénicos

Los aseguradores muestran muchas dudas a la hora de fijar la cobertura de actividades de producción o transporte de organismos modificados genéticamente (OMG), debido a las versiones encontradas sobre sus riesgos. En España se calcula que hay entre 15.000 y 20.000 hectáreas dedicadas al cultivo de semillas transgénicas. "No sabemos a qué tipos de reclamaciones estaremos expuestos en el futuro; si sus efectos alcanzan a una gama de productos, a su incidencia sobre determinadas enfermedades o a la pérdida de especies", dice el informe de Heras. Aunque en el sector no hay unanimidad en asociar los riesgos de los OMG con "riesgos de desarrollo" y se discute la idoneidad de exigir responsabilidad civil a las empresas que los manejan, la legislación del país que más los defiende, Estados Unidos, no aplica ningún eximente. La Unión Europea sí, en función del "estado de conocimiento de sus riesgos cuando se han puesto en circulación estos productos". Ante estas incertidumbres, el pool propone aplicar primas a un tanto por mil de la facturación de las empresas. Las que ya operan en el ámbito internacional de los transgénicos se cubren las espaldas con primas específicas muy altas y al margen de lo que exigen las administraciones públicas.

Primas de 25 años para los vertederos

Hay dos aspectos de la futura ley sobre responsabilidad civil ambiental que preocupan a las aseguradoras: su incidencia en los vertederos controlados (hay varios cientos incontrolados que tendrán que clausurarse) y en aquellas actividades vinculadas a la producción o almacenamiento de organismos modificados genéticamente. En el primer caso, la cobertura de los riesgos está previsto que no se limite al periodo de funcionamiento de los vertederos, sino a los 30 años posteriores a su clausura, durante los cuales pueden aparecer fallos y emanaciones tóxicas.

El gerente del Pool Español de Riesgos Ambientales, José Luis de Heras, recuerda el pánico extendido entre las aseguradoras norteamericanas cuando la Agencia de Medio Ambiente (EPA) les hizo responsables en los años setenta de los gastos de limpieza de los suelos contaminados por las empresas que habían sido sus clientes. Las aseguradoras se echaron atrás y dejaron de ofrecer cobertura a terrenos destinados a vertederos. El coste actual de restaurar estos suelos se valora en 170 billones de pesetas. Para España, el pool propone una prima anual creciente mientras el vertedero admite basura y otra decreciente a medida que transcurran los 25 años siguientes a su clausura.