El Gobierno de Asturias auditará a la Universidad de Oviedo La comunidad se enfrenta a la oposición del rector y la inhibición del Consejo Social

El Gobierno del Principado de Asturias, socialista, someterá a una auditoría externa la gestión económica y presupuestaria de la Universidad de Oviedo durante los ejercicios 1996, 1997 y 1998, pese a que esta iniciativa no ha sido respaldada por el Consejo Social de la universidad, que optó de forma mayoritaria por la abstención. Sólo ocho de sus miembros respaldaron la iniciativa. El Principado cumplirá así el mandato del Parlamento asturiano, en el que el PSOE tiene mayoría absoluta, que emplazó al Ejecutivo a escrutar la gestión del equipo rectoral.

La decisión de auditar la gestión económica de la institución académica, que ha sido motivo de polémica y controversia desde la asunción de las competencias universitarias por la comunidad autónoma en 1995, se produce en puertas de las elecciones claustrales y rectorales, a las que concurrirá como candidato el actual rector, Julio Rodríguez, identificado con las posiciones conservadoras, frente al aspirante, considerado más progresista, Juan Vázquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y actual vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), quien ya optó sin éxito al rectorado ovetense en 1992.Las cuentas de la Universidad de Oviedo y su gestión durante el mandato de Julio Rodríguez han sido un constante motivo de zozobra en la vida universitaria, causa de virulenta confrontación con el anterior Gobierno autonómico (del PP, hasta la ruptura de este partido en Asturias en junio de 1998) y con el entonces Consejo Social, y motivo también de abierta colisión con el claustro de la Universidad, que hace un año, el 28 de abril pasado, reprobó la gestión del rector. El crónico y recurrente endeudamiento de la Universidad, diseñando presupuestos anuales que incurren de antemano en gastos que superan en 1.700 millones a los ingresos previstos, ha sido una de las prácticas habituales del actual rector más combatidas por el Principado y el Consejo Social.

El director general de Universidades del Principado, Rodolfo Gutiérrez, declaró el 23 de febrero que el Gobierno asturiano cumplirá el mandato de la Junta General de auditar el ejercicio presupuestario de la Universidad de Oviedo durante los años 1996, 1997 y 1998, a pesar de que el Consejo Social no respaldó la iniciativa en la votación que se produjo dos días antes. El Principado, señaló Gutiérrez, no desistirá en su empeño fiscalizador "mientras un poder establecido no nos lo prohíba", aseveró, en referencia a una eventual sentencia judicial que pudiera producirse en caso de que el rector recurriera la decisión ante los tribunales.

El pronunciamiento del Consejo Social de la Universidad de Oviedo se produjo el 21 de febrero por iniciativa del rector, Julio Rodríguez, quien forzó que se sometiera a votación la decisión del Principado, una vez que el Gobierno autónomo dio traslado de su decisión al órgano universitario. El rector y todos los representantes académicos optaron por la abstención, alegando que los tres ejercicios en cuestión ya fueron auditados individualmente por iniciativa del Consejo Social de la Universidad. También se inhibieron los representantes del PP y de Uras -el partido presidido por Sergio Marqués, ex presidente del Principado, y escindido del PP- por considerar que el Consejo Social no es competente para autorizar o no una auditoría. IU se negó a participar en la votación promovida por el rector.

Nadie votó en contra, pero el resultado fue de 12 abstenciones, 8 votos a favor de la auditoría y cuatro ausencias. El Principado entiende que, sin votos en contra, no hay oposición a la medida y, por tanto, va a proseguir con la iniciativa. "El Gobierno va a seguir adelante porque entiende que no existe oposición en el Consejo Social", anunció el consejero de Cultura y Educación, Javier Fernández Vallina. "No hay oposición a la auditoría" porque, de existir, "debería haberse manifestado con un voto negativo".

El secretario general de la Universidad de Oviedo, Luis Martínez Roldán, manifestó que "la Universidad ha de responder ante los poderes públicos del cumplimiento de las leyes y de la calidad final de los servicios, pero no ha de verse obligada a someter sus principios, criterios y modos de gestión interna a las directrices, tutela o supervisión de dichos poderes". "Los miembros académicos", añadió, "desean que su respetuosa abstención sea entendida únicamente como una defensa de la autonomía universitaria y un deseo de desvincularse de una iniciativa que estiman ilegal e inoportuna".

El grupo parlamentario de IU en la Junta General del Principado juzga como "un insulto a la sociedad asturiana" el recurrente intento de los responsables académicos de "envolverse en la bandera de la autonomía universitaria para impedir rendir cuentas a los asturianos del importante esfuerzo financiero que realizan a través de los Presupuestos Generales de la comunidad". Con ello, advierte, "no hacen otra cosa que trasladar sobre el conjunto de la institución universitaria una duda fundada".

El anterior director regional de Universidades, José Ramón Chaves, que mantuvo un largo enfrentamiento con el rector, Julio Rodríguez, durante los cuatro años de Gobierno de Sergio Marqués, ha asegurado que el rector se niega a que se audite su gestión "por la misma razón que se negaría el culpable de un crimen a que se practicase la autopsia a la víctima", y recuerda las acusaciones que penden sobre Rodríguez, como "fraude en la selectividad, gastos comprometidos sin crédito presupuestario, sanción injusta a un interventor y otros muchos desafueros". Rodríguez también se ha visto envuelto en polémicas urbanísticas, acusaciones de supuesto trato de favor por parte de la institución académica a un hijo del alcalde de Oviedo, del PP, para ingresar en la Universidad sin cumplir los requisitos y acogiéndose a la vía de acceso reservada para deportistas de élite sin serlo, denuncias de supuestas falsificaciones de notas de selectividad y el reconocimiento público por la Universidad en junio pasado de al menos 12 casos de ingreso de alumnos incumpliendo el numerus clausus.

El rector, que mantuvo un frontal enfrentamiento con el Consejo Social de la Universidad en la pasada legislatura, se escuda ahora en este órgano: "Siempre cumplo lo que los órganos de gobierno de la Universidad deciden. El Consejo Social tomó una decisión y eso es lo que el rector hará", aseguró el pasado 8 de marzo para negarse a la petición del Principado. Julio Rodríguez asevera que no acudirá a los tribunales para impedir la auditoría que pretende la Junta General del Principado (Cámara legislativa) y que es la comunidad autónoma la que tiene que demostrar que posee competencias para investigar a la Universidad sin vulnerar la autonomía académica.

Un caso de competencias

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Javier Fernández Vallina, hizo pública en la prensa regional el pasado 10 de marzo una carta abierta al rector de la Universidad de Oviedo, Julio Rodríguez, reiterándole la firme determinación de su Gobierno de cumplir el mandato parlamentario. Si el rector persiste en su negativa a facilitar las cuentas, el Gobierno asturiano habrá de acudir "a otras instancias", según señaló Fernández Vallina en la misiva. El consejero no precisó a qué vía apelará la comunidad autonóma, pero los expertos creen que las posibilidades son cuatro: la judicial, que podría eternizar el proceso mediante sucesivos recursos de la sentencia que se dictará en primera instancia; una petición de intervención del Tribunal de Cuentas; la creación de una comisión parlamentaria de investigación, con la que el rector, por su condición de funcionario, no podría negarse a colaborar (de hecho, ya tuvo que comparecer en el Parlamento en varias ocasiones en la pasada legislatura) o una solicitud de intervención de la alta inspección del Ministerio de Educación y Ciencia.

Así las cosas, Rodríguez se ha ofrecido a dialogar, pero sin hacer dejación de funciones, advirtió el 11 de marzo que le obligan, asegura, a cumplir y defender los acuerdos del Consejo Social.