Sólo materias vivas
El Protocolo de Bioseguridad, firmado en la madrugada de ayer por 131 países tras cinco años de bloqueos y desentendimientos, impone ciertos controles sobre el comercio de organismos transgénicos, ante la preocupación de que su diseminación al entorno pueda provocar alteraciones en la dotación genética de las especies autóctonas. Lo cierto es que esta preocupación no está, al menos de momento, avalada por ninguna evidencia científica sólida, pero el espíritu que subyace al protocolo es el principio de precaución, que, en cierto sentido, invierte la carga de la prueba: conviene imponer controles mientras no haya evidencias científicas sólidas de la ausencia de riesgo.Los organismos transgénicos han sido modificados en el laboratorio para añadirles un gen de otra especie que les confiere resistencia a ciertas plagas, a ciertos herbicidas, mejora su rendimiento o facilita su transporte al retrasar su maduración. Como el hipotético riesgo es que el polen u otras partes biológicamente activas se diseminen y transfieran el gen extraño a otras especies, el protocolo se centra exclusivamente en los organismos transgénicos vivos. Esto incluye a los cargamentos de semillas, aunque su destino final sea molerlas para hacer harina, porque hasta ese momento las semillas están vivas y, en principio, podrían germinar y diseminar el gen extraño.
Excluidas las harinas
Quedan fuera del acuerdo los productos manufacturados como harinas y piensos, por más que hayan sido fabricados con organismos transgénicos. La UE tiene ya normas, y está desarrollando otras, sobre el etiquetado, pero esta regulación tiene relación con satisfacer las exigencias de información de los consumidores europeos, y no con la seguridad biológica ni el medio ambiente.
En la práctica, las mercancías afectadas actualmente son semillas transgénicas de soja, maíz, colza y algodón, exportadas sobre todo por Estados Unidos, Canadá y Argentina. En el futuro, las posibilidades son enormes. La investigación es muy activa en el terreno de la modificación genética de todo tipo de plantas y animales de interés ganadero, y es seguro que estos costosos logros acabarán de un modo u otro en el mercado.
Para ser exportado, cualquiera de esos organismos deberá, desde 2002, obtener un permiso explícito del país importador. Además, cualquier país que autorice uno de estos organismos deberá notificarlo detalladamente a un organismo regulador de la ONU.
Durante los dos primeros años desde la entrada en vigor del protocolo, la información que acompañe a los cargamentos será de tipo genérico: "Este cargamento puede contener organismos vivos modificados". Durante ese periodo de transición, los países tendrán que negociar alguna fórmula de etiquetado más concreta.
