La misión especial del marqués de Tamarón

El martes 12 de octubre de 1999, el embajador de España en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, participó en el ágape que celebró la embajada, y por la tarde se dispuso a partir en misión especial. Tenía una importante cita en las oficinas del Servicio de Fiscalía de la Corona británica, agente de España en el caso Pinochet. La iniciativa de pedir una reunión partía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. El marqués de Tamarón tenía que establecer nuevas reglas de juego en las comunicaciones entre España y la fiscalía británica.¿Nuevas reglas? Durante un año, las relaciones habían sido directas entre el juez Baltasar Garzón, los miembros de la fiscalía británica encargados del caso y los abogados contratados, Alun Jones y James Lewis. El fax y el teléfono entre el juez y sus interlocutores funcionaron durante ese año a pleno rendimiento.

El 5 de octubre de 1999, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid había enviado una primera misión especial. El diplomático Miguel Aguirre de Cárcer viajó a Londres y se unió a Carmen de la Peña, asesora política de la Embajada española en Londres, para visitar a los miembros de la fiscalía británica relacionados con el caso Pinochet. La visita tenía lugar tres días antes de que el magistrado Ronald Bartle, según había anticipado, dictaría su sentencia de extradición, el punto culminante del caso.

El responsable del caso preguntó a sus visitantes qué debía hacer si el fallo era adverso a la extradición del exdictador, ya que se aproximaba la fecha, y agregó que ya tenía instrucciones para recurrir un fallo negativo. Como quiera que los dos enviados no pudieron precisarle el curso de acción, el funcionario consideró la situación como "inaceptable", dejó constancia de que existían "instrucciones en conflicto" entre dos poderes del Estado español, levantó un acta de la reunión y se lo envió al juez Garzón.

El Gobierno español consideró los hechos como una afrenta y protestó ante Londres. Lo fundamental estaba por hacer: fijar las nuevas reglas de juego. Asuntos Exteriores consideraba como de su "propiedad" el pleito en Londres. El marqués de Tamarón explicó aquella tarde del 12 de octubre de 1999 a su interlocutora, que supervisa a los funcionarios responsables de la extradición, que todas las comunicaciones entre el juez y la fiscalía británica debían hacerse, en adelante, a través de la Embajada española.

El juez Garzón, enterado de los hechos, se dirigió a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer el alcance de las nuevas reglas de juego. El subsecretario, José Carvajal, contestó por escrito que sin duda se trataba de un malentendido y que la fiscalía británica no se enteraba. Carvajal prometió restablecer las comunicaciones. En un escrito dirigido a la fiscalía británica aclaró que se podían mantener las comunicaciones que se estimaran necesarias con el juez.

Pero ya nada fue igual. El Gobierno español se hizo con el control de los faxes y las llamadas por teléfono se hicieron cada vez menos frecuentes. Los miembros de la fiscalía británica ya no llamaban, ni contestaban. "Hay que dirigirse a la Embajada española". Ésta era la consigna.

El pasado jueves 20 de enero, varios días después de que el ministro británico Jack Straw anunció que liberaría a Pinochet por estar incapacitado para someterse a un juicio, Asuntos Exteriores solicitó un informe a la fiscalía británica sobre el recurso de revisión judicial previsto en la ley británica. El mismo jueves, el abogado Alun Jones, el hombre que ha ganado la extradición para España, recomendó en un informe recurrir porque no era posible admitir que el informe de salud en el que se basa la decisión preliminar de poner en libertad al exdictador se mantenga en secreto. El ministerio guardó el informe. Una vez destapado el hecho explicó que el informe era suyo, no del juez Garzón.

Exteriores finalmente ratificó, contra el informe de Jones, que no habría recurso. Y a través de la Embajada española hizo saber a la Fiscalía de la Corona que, en ningún caso, ni la fiscalía ni los abogados a cargo del asunto podían representar a España en la vista que se celebró ayer, de la cual España no formaría parte por sus compromisos con el Gobierno de Chile.

Ni Alun Jones ni James Lewis, que siempre llevaron el caso, aparecieron ayer con sus togas. Brian Gibbins, miembro de la fiscalía, estuvo presente. Como espectador mudo.