Del victimismo a la racionalidad

Hay un efecto benéfico del armisticio fiscal firmado el martes entre las administraciones central y vasca que no ha sido valorado en su justa medida: el de poner fin a una indigesta y artificiosa versión según la cual el enjuiciamiento del uso que las haciendas forales venían haciendo de la capacidad normativa del Concierto Económico en un aspecto muy concreto (los incentivos fiscales a la inversión empresarial) amenazaba la propia pervivencia de este instrumento central del autogobierno vasco. El Concierto es muchísimo más que eso.Esta aparatosa y victimista estrategia de defensa -abonada, bien es cierto, por el vicio centralista de recurrir todo aquello que se aparte una coma de la normativa estatal- ha impedido abordar aquí un debate sereno sobre la política fiscal de incentivación a las empresas y los logros prácticos de los distintos ingenios tributarios aplicados. ¿Cuánto han costado a los ciudadanos las subvenciones y exenciones fiscales concedidas desde mediados de los ochenta? ¿La creación de cuántas nuevas empresas y puestos de trabajo -aparte del fiasco de Daewoo- es atribuible a estos incentivos?

La Administración vasca, con el aplauso interesado de algún sector de la patronal, se había venido refugiando en el simplista argumento de que las capacidades están para ejercerlas; y además sin restricciones, que no en vano se ha puesto de moda el término soberanía. No se supo, o no se quiso, admitir que la pertenencia a la Unión Europea introduce un poderoso principio limitador, el de la libre competencia. Las batallas judiciales fueron favorables a las diputaciones vascas mientras se disputó sobre si sus normas fiscales rompían o no la unidad de mercado (la armonización no implica uniformidad, dijeron varias sentencias). Los problemas han venido cuando se ha juzgado no ya la capacidad de dar incentivos, sino los efectos de los mismos sobre la competencia empresarial. La cascada de reveses del último año, tanto de Bruselas y Luxemburgo como del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se ha producido por esta vía. Y en la mayoría de los casos, quien recurrió contra las ayudas fiscales no fue el abogado del Estado, sino agentes tan diversos como una asociación empresarial (en el caso Daewoo), el gobierno de una comunidad autónoma vecina o la patronal de La Rioja. El armisticio firmado por Zenarruzabeitia y Rato valdrá para algo si va acompañado de una reflexión rigurosa y crítica por las haciendas vascas sobre el uso desmedido de la fiscalidad para promocionar la actividad empresarial, superando los topes de ayudas fijados por la Comisión Europea.

El problema no está en Madrid, sino en Bruselas.