La Comisión Europea mantiene el expediente general a los incentivos fiscales a la inversión

El pacto fiscal entre las administraciones vascas y la del Estado no ha logrado que la Comisión Europea cierre el expediente general abierto contra los incentivos fiscales vascos a la inversión. El comisario de la Competencia, Mario Monti, declaró ayer que el expediente debe seguir, ya que además de Daewoo y Ramondín puede haber otras empresas que se hayan beneficiado entre 1995 y 2000 de estos incentivos, que la Bruselas considera ayudas de Estado. Por otro lado, las haciendas vascas han comenzado ya el proceso para derogar las normas causa del desencuentro.

La Comisión Europea anunció ayer que seguirá examinando el régimen de incentivos fiscales que se aplica a las empresas en el País Vasco, a pesar del acuerdo firmado el martes entre las administraciones del Estado y vascas para poner fin al contenciosos judiciales planteados sobre las normas forales. En todo caso, Monti indicó que se mantiene a la espera de "precisiones" para conocer el "contenido exacto" del acuerdo. Bruselas tiene abierto desde julio del pasado año un expediente general contra dos normas: la que concede el crédito fiscal del 45% a empresas que inviertan más de 2.500 millones de pesetas y la que reduce la base imponible del Impuesto de Sociedades el 99%, 75%, 50% y 25% en los cuatro primeros años para las empresas de nueva creación (las llamadas minivacaciones fiscales). Fue a raíz de la investigación abierta a las empresas Daewoo y Ramondín por las ayudas recibidas para instalarse en Álava. La Comisión, en una decisión que se encuentra en ambos casos recurrida ante el Tribunal de las Comunidades Europeas, consideró que ambas medidas son ayudas de Estado "incompatibles con las reglas del Tratado" de la UE.

Otras empresas

En una declaración escrita, Monti explicó ayer que, según las informaciones de las que dispone la Comisión, "parece que [el acuerdo entre Madrid y Vitoria] podría poner fin" a las medidas fiscales, "que no sólo han dado lugar a un recurso que actualmente está siendo examinado por el Tribunal Justicia de las Comunidades Europeas, sino también a las quejas depositadas en la Comisión". Pero el Ejecutivo comunitario deja claro en su comunicado que "el examen" a los incentivos fiscales prosigue, porque esa normativa "ha estado en vigor desde 1995", y apunta que "otras empresas también han podido beneficiarse".

Por otro lado, las tres diputaciones forales han decidido poner la directa y cumplir con su parte del compromiso fiscal firmado anteayer entre las administraciones vascas y la del Estado. El proceso de derogación de la legislación conflictiva sobre incentivos fiscales a la inversión comenzará la semana que viene. Hasta poco antes de la firma del documento entre el vicepresidente primero y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se ponía como plazo para aplicar los compromisos el 31 de enero. Sin embargo, el temor a forzar demasiado la máquina, llevó a las partes a prolongar el plazo hasta el 1 de marzo. El documento establece que las diputaciones sólo se comprometen a plantear la derogación a las juntas generales de cada territorio, el legislativo foral, que debe tomar la decisión final.

Las tres diputaciones decidieron anteayer llevar los cambios legislativos a las Juntas Generales de sus territorios antes del 31 de enero. Con este fin, las diputaciones y el Gobierno vasco se reunirán el martes en el Órgano de Coordinación tributaria (OCT) para intentar elevar un único texto, que tenga las mínimas diferencias posibles.

El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Antton Marquet, firmó ayer mismo la desestimación de los recursos que en casación tiene interpuestos ante el Tribunal Supremo la Hacienda de de este territorio, informa Mikel Ormazabal.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, por su parte, puso ayer en duda que La Rioja mantenga los recursos contra la fiscalidad vasca, porque el acuerdo firmado el martes "compromete a todas las administraciones públicas", sobre todo teniendo en cuenta que el partido al frente de esa comunidad es el mismo que gobierna en España.

Imaz calificó el pacto fiscal de "importante" desde el punto de vista del autogobierno vasco, porque "consolida" el Concierto Económico como sistema fiscal general en los ámbitos estatal y europeo. Además, se pone fin a la guerra fiscal que, según reconoció el portavoz gubernamental, "proyectaba inseguridad jurídica en las propias empresas y en los inversores".