La crisis por el operativo de Chihuahua desborda al PAN

La estrategia del PAN para apagar el fuego desatado en Chihuahua no ha dado sus frutos. La participación de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el Estado fronterizo, gobernado por ellos, continúa sin esclarecerse, y de nada están sirviendo ni el perfil bajo de la gobernadora, Maru Campos, ni los intentos de su formación por desplazar la discusión hacia los resultados del operativo. La renuncia el lunes del fiscal estatal, César Jáuregui, tras asumir la responsabilidad política por la gestión institucional del tema, amagaba con enterrar la cuestión, pero la ilusión se rompió apenas unas horas después, durante la conferencia matutina del martes de la presidenta, Claudia Sheinbaum. “Se tiene que seguir investigando, no para con una renuncia”, sentenció. “No es que haya renunciado un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, abundó, por si todavía quedaban dudas.

La mandataria, que enfatizó que no se trata de un asunto menor, añadió que correspondía a la Fiscalía General de la República realizar las indagaciones pertinentes. En consonancia, este martes por la tarde, la institución ha revelado que ha abierto dos carpetas de investigación sobre el tema, rompiendo de nuevo la ilusión de que fuera a bastar con la comisión que creó la propia gobernadora para esclarecer los hechos internamente. Este se ha convertido en un tema de Estado de prioridad uno y cualquier conclusión definitiva pasará por las dependencias federales, quienes son responsables de tratar los temas de seguridad nacional. Ahí está todo el origen del embrollo: ¿quién autorizó la participación de los funcionarios extranjeros, cuya presencia solo trascendió por el terrible accidente en el que murieron, si no fueron las instancias federales?

La respuesta de la comisión a la pregunta del millón es que fue únicamente el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera, y su círculo cercano de seguridad, quienes tuvieron constancia de la colaboración, que fue ocultada tanto a los mandos superiores como a los inferiores. La versión es difícil de contrastar con los principales involucrados, pues Román Oseguera también estaba en el coche que se despeñó por el barranco y falleció tras el siniestro, junto con los agentes de la CIA y otro de los elementos del Ministerio Público.

Ese ha sido el punto central de la intervención del senador Javier Corral, panista reconvertido a morenista y acérrimo enemigo de Maru Campos, en la sesión de la Cámara Alta de este martes. La gobernadora había sido “respetuosamente invitada” por el Senado a reunirse con la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Seguridad para dar explicaciones. La gobernadora, que legalmente no tenía obligación de acudir, ha declinado la invitación en el último momento, tras múltiples dudas en torno a si asistiría o no al interrogatorio que el oficialismo tenía preparado para ella. Ha ganado el no, pero eso no ha impedido que el pleno discutiera la última versión de los hechos presentada por el Estado, así como la propia ausencia de la mandataria local durante la jornada prevista.

“Pues la valiente maestra que iba a darnos clases de combate al narcotráfico no llegó”, ha lanzado con ironía Corral a la bancada contraria, que la semana anterior sacó pecho del operativo e incluso votó a favor de llamar a comparecer a la gobernadora de su partido porque “el que nada debe nada teme”, en palabras del senador Ricardo Anaya. El morenista les ha reprochado que intenten “responsabilizar al único fallecido” y se ha enzarzado con la panista Lilly Téllez, experta polarizadora, quien también ha desnudado con ironía la estrategia de los morenistas: “No habían convocado [a Maru Campos] a una sesión respetuosa, sino que la querían traer para lincharla”.

Entre las posturas más contrarias se han movidos los priistas y los emecistas, que han puesto el dedo en la llaga en los múltiples errores, a todos los niveles, que este episodio revela. “Estamos en faltas graves en nuestras tareas de defensa nacional”, ha resumido Claudia Anaya, senadora del PRI. También Clemente Castañeda, de MC, ha enumerado las “omisiones” de cada órgano responsable, incluido el propio Senado, que en lugar de convocar una comisión bicameral, como prevé la ley, se inclinó por la fórmula fallida de la invitación. “Esas omisiones generan un vacío institucional que se traduce en opacidad”, ha incidido. El resultado de este martes es, en esencia, el del miércoles anterior, cuando el Senado discutió el asunto por primera vez.

El informe detallado el lunes por la fiscal encargada de encabezar la comisión estatal, Wendy Paola Chávez, no ha dejado satisfecho a casi nadie. Las dudas persisten, luego la bola sigue engordando en torno a un tema en extremo sensible, pues cuestiona de lleno si la línea roja planteada por Sheinbaum desde el comienzo de su sexenio es, en realidad, fácilmente difuminable. Desde que llegó a Palacio Nacional, la mandataria ha insistido en la autonomía de México para luchar contra el narcotráfico, la principal lacra del país y el punto que mayor crispación genera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que aprieta para mandar tropas al otro lado de la frontera. La negativa ha sido tajante cada vez. La colaboración debe limitarse al intercambio de información, en ningún caso a la presencia de elementos extranjeros en suelo mexicano, ha repetido hasta la saciedad la presidenta.

Este episodio, que solo ha salido a la luz por el accidente que les costó la vida a cuatro funcionarios, golpea de lleno el corazón de ese discurso. El hecho de que sea un Gobierno de la oposición quien en teoría ha sorteado la autoridad y la férrea postura de Sheinbaum lo convierte además en carne de cañón para la confrontación. Las diversas versiones que ha dado a lo largo de la última semana el Ejecutivo estatal no han ayudado a disipar las dudas. Maru Campos se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García-Harfuch, la semana pasada. Poco dijo al salir y poco ha dicho desde entonces, pese a que la presión haya seguido creciendo a su alrededor.

El perfil bajo que ha adoptado desde que el caso estalló no ha apaciguado los ánimos. La gobernadora panista todavía tiene que hacer frente a la investigación de la Fiscalía General, que en su comunicado revelaba que las autoridades estatales no le habían hecho llegar las indagatorias que iniciaron en el fuero local hasta este lunes y tras una “petición reiterada”. La pinza se completa con la enorme presión política que aprieta desde el otro lado. Además de esclarecer los hechos desde el punto de vista jurídico, Maru Campos debe enfrentarse a la firmeza del bloque gobernante, que no ha quitado todavía el dedo del renglón.