Desenmascarar a los torturadores

En octubre pasado grupos de universitarios empezaron a practicar lo que en el vocabulario juvenil chileno se denomina funas, que significa dejar a alguien al descubierto, denunciarlo. Uno de los patrocinadores de estas acciones es Pedro Mata. "Hasta ahora se han llevado a cabo tres funas contra torturadores", explica. "Una contra el cardiólogo Alejandro Álvarez, que asistió a sesiones de tortura e inyectaba tranquilizantes a los detenidos antes de ser arrojados al mar desde un avión. La segunda funa se hizo frente al domicilio de José Aravena Ruiz, antiguo agente de la agrupación Águila de la DINA, acusado de torturas y asesinatos. Según tengo entendido, al conocer su verdadera personalidad los vecinos le han declarado un boicoteo total. La tercera acción fue en Renca, contra Manuel Rivas Díaz, un funcionario de investigaciones que ingresó en la DINA con la única misión de torturar".El desenmascaramiento público de los antiguos torturadores empieza, según Mata, "con el panorama político que se abre en Chile con la detención de Pinochet. Supuso un salto cualitativo en el estado anímico de la población, de la capacidad de denuncia de muchas personas y de sobreponerse a los miedos y a los terrores generados por la dictadura. Hay una pérdida del temor".

"El error de la DINA"

La mayoría de los torturadores chilenos viven apaciblemente en sus domicilios sin ser molestados. Apenas un puñado está en la cárcel, entre los que destaca un personaje siniestro llamado Osvaldo Romo, que en un reciente reportaje de televisión dio todo lujo de detalles de los métodos de tortura que practicaba. "Volvería a hacer lo que hice", dijo. "El error de la DINA fue dejar a gente viva. Teníamos que haberlos matado a todos".

Pedro Mata ha rastreado los pasos de varios connotados torturadores: "Una cantidad de oficiales y agentes de la DINA han sido citados por la justicia para declarar en procesos por detenidos-desaparecidos. Nos dimos cuenta de que una cantidad de ellos seguía en servicio activo. De hecho, uno de los mayores responsables de la represión de la DINA, el entonces capitán Miguel Krasnoff Marchenko, sigue en servicio activo con el grado de brigadier en el Estado Mayor de la Defensa Nacional". La mayoría está en situación de retiro, como el coronel Marcelo Morén Brito, que está procesado por la caravana de la muerte.

"Tienen una pensión, cuyo monto mínimo es de unos 800 dólares. Muchos de ellos han sido empleados por organismos dependientes o con una gran influencia de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, un integrante de aquellos grupos operativos, el entonces suboficial de carabineros José Avelino Yévenes, vive en Peñalolén, está retirado y trabaja en la seguridad del hospital de los carabineros. Otro de estos personajes cobra su pensión y es empleado de la Telefónica de Manquehue, y así otros casos. Varios torturadores de más alta graduación tienen propiedades en el sur de Chile: Contreras, Morén... Se han convertido en empresarios o latifundistas".