El PP sólo reconoce a los inmigrantes 'sin papeles' derecho a la sanidad y la educación

El acceso a la sanidad y a la educación obligatoria son los únicos derechos que el PP está dispuesto a reconocer a los inmigrantes irregulares. Si se aprueban las 112 enmiendas que presentó el martes por la noche en el Senado, quedará poco más de la proposición de ley de Extranjería que el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el pasado 25 de noviembre. Las enmiendas del PP modifican 51 de sus 63 artículos y cinco de sus 14 disposiciones, además de crear cinco artículos y dos disposiciones nuevas.Pero, sobre todo, cambia radicalmente su filosofía: el texto consensuado tras 18 meses de debate en el Congreso avanzaba hacia la equiparación de derechos entre españoles y extranjeros, al margen de su situación legal. Las propuestas del PP, que constituyen una enmienda a la totalidad en forma de cambios parciales, niegan a los sin papeles casi todos los derechos y convierten a los extranjeros con residencia legal en ciudadanos de segunda, con derechos disminuidos respecto a los españoles. El margen de discrecionalidad de la Administración, que el texto del Congreso recortaba drásticamente, se ensancha al dar carácter "potestativo" a muchas decisiones que afectan a los inmigrantes.

Consciente del calado de estos cambios, el portavoz popular en el Senado, Esteban González Pons, aseguró que se trata de las "modificaciones máximas" a las que aspira el PP, pero se mostró dispuesto a negociarlas para conseguir el mayor consenso posible.

Los puntos que más preocupan al Gobierno del texto aprobado por el Congreso los redujo a tres: la difuminación de las diferencias entre los inmigrantes legales y los ilegales, que a su juicio puede provocar un efecto llamada; la necesidad de justificar la denegación de visados, que en su opinión generaría la judicialización del asunto y la pérdida del control de los flujos migratorios por parte del Estado; y la instauración de un mecanismo de regularización permanente que permite acceder a la residencia legal cumpliendo requisitos "fácilmente manipulables" y abre el camino a la actuación de las mafias, según el PP.

Para demostrar su voluntad de diálogo, Gónzález Pons anunció que en la reunión que ayer celebró la ponencia no se iban a incorporar las enmiendas del PP, sino que se daría luz verde al texto del Congreso para enmendarlo en la reunión que celebra mañana la Comisión Constitucional.

Los representantes de la oposición difícilmente hubieran podido aprobar ayer las enmiendas del PP, pues ni siquiera habían tenido oportunidad de leerlas. Las 112 enmiendas entraron en el registro a las 23.45 del miércoles, 15 minutos antes de concluir el plazo, y se distribuyeron a primera hora de la mañana.

El portavoz socialista, Juan José Laborda, calificó esta actitud de "atropello" y aseguró que su grupo ni siquiera aceptará mejoras técnicas del texto para no legitimar lo que a su jucio constituye un "radical empeoramiento".

Laborda dijo que las enmiendas del PP a la Ley de Extranjería son "de alambrada", en alusión a la valla que rodea Ceuta y Melilla, y atribuyó su autoría al Ministerio del Interior.

"Si fuera posible, pediríamos al ministro Jaime Mayor Oreja que viniera al Senado para explicarnos las enmiendas, ya que los ponentes del PP ni las han hecho ni las conocen", argumentó.

González Pons demostró el martes por la tarde su desconocimiento de las enmiendas que firmó poco después. EL PAÍS le preguntó pasadas las 19 horas por qué quería su grupo incluir una reforma de la Ley de Asilo y Refugio, a lo que respondió que no había visto hasta entonces ninguna enmienda sobre ese asunto. La enmienda existe, tiene el número 109, ocupa tres folios y se justifica por la necesidad de aplicar el Convenio de Dublín.

El subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo, acudió el martes por la tarde al Senado para supervisar las enmiendas. Un portavoz del PP aseguró, para minimizar su presencia, que también habían asistido altos cargos de Asuntos Exteriores, Trabajo y Economía, pero no quiso revelar quiénes eran.

Ausencia de PNV y CiU

A la reunión de la ponencia de ayer faltaron los representantes del PNV y de CiU, aunque el PP excusó la anunciada ausencia de este último apelando a la niebla. El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, dejó claro que votará contra las enmiendas del PP cuando el texto vuelva al Congreso.

Más conciliador se mostró el portavoz de CiU, Josep López de Lerma, quien manifestó a Efe que "en este momento" no puede apoyar los cambios propuestos por el PP, pero que el Gobierno "se ha acercado" a sus tesis.

López de Lerma se reunirá hoy con el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, para intentar cerrar un acuerdo que debe plasmarse mañana en la comisión y la semana próxima en el pleno del Senado. El presidente catalán, Jordi Pujol, habló el martes en tres ocasiones por teléfono con José María Aznar desde Nueva Delhi (India) sobre la reforma de la Ley de Extranjería, informa Josep Garriga.

El apoyo de CiU y Coalición Canaria es imprescindible para que el Gobierno saque adelante sus propuestas, pues si no obtiene mayoría absoluta en el pleno del Congreso del próximo día 23 entrará en vigor sin modificaciones el texto que aprobó la Cámara baja el 25 de noviembre.

Coalición Canaria ha presentado una enmienda para que se cree una comisión con la comunidad autónoma que estudie previamente las medidas sobre inmigración que afecten al archipiélago. Su portavoz en el Senado, Victoriano Ríos, ha advertido sin embargo de que no cambiará esta enmienda por su apoyo a las propuestas del PP. Entre otras razones, porque, al contrario que con CiU, el Gobierno no ha tenido la deferencia de dárselas a conocer.

Además del derecho de los indocumentados a la sanidad y la educación -aunque sólo la obligatoria, pues la superior y el acceso a las becas se limita a los legales- el PP sólo ha respetado dos apartados importantes del texto del Congreso: las medidas antidiscriminatorias y las de persecución de las mafias; incluida la posibilidad de quedarse en España para los irregulares que denuncien a quienes trafican con ellos.