Tampere sólo recomienda "aproximar" las leyes de la UE para extranjeros

El PP y el Gobierno han invocado hasta la saciedad las conclusiones de la cumbre europea de Tampere (Finlandia) para rebajar el contenido de la Ley de Extranjería. El argumento esgrimido es que, a la vista de lo acordado en el Consejo Europeo de los días 15 y el 16 de octubre, España no puede elaborar "una política de extranjería autónoma". Pero Tampere sólo contiene recomendaciones generales para "desarrollar políticas comunes en materia de asilo e inmigración" y para "aproximar las legislaciones nacionales" sobre admisión y residencia de inmigrantes.La elaboración de una política de asilo y migración común debe basarse, según el texto de Tampere, en la colaboración con los países de origen de los inmigrantes, la creación de un sistema común de asilo, la concesión de un "trato justo" a los nacionales de terceros países y la gestión "eficaz" de los flujos migratorios. Con esta base, la presidencia finlandesa de la UE invitó a los Estados miembros, "en el marco de sus respectivas competencias (...), a imprimir una mayor coherencia a las políticas interiores y exteriores".

Aspectos globales

Es decir, que Tampere sólo recoge "aspectos globales" que no impiden que "cada país siga haciendo su política de Interior de forma soberana", como ha subrayado el portavoz del comisario de Interior y Justicia de la UE. El texto de Tampere parte del desafío de garantizar las libertades de los ciudadanos de la UE; unas libertades que, se dice, "no deberían considerarse dominio exclusivo de los ciudadanos de la Unión".

"Sería además contrario a las tradiciones europeas", dice en la conclusión tercera, "negar esta libertad a aquellas personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de acceder a nuestro territorio". Por ello la Unión "ha de desarrollar políticas comunes en materia de asilo e inmigración", que ha de compaginarse con "un control coherente de las fronteras".

El texto subraya que estos objetivos deben ser compatibles con "un planteamiento común que garantice la integración" de los inmigrantes que "residen legalmente" en la UE. Y así insiste en la necesidad de conceder a los inmigrantes -"que residen legalmente", se machaca- "derechos y obligaciones comparables" a los de los europeos y de fomentar "la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural" de los no comunitarios.