Las enmiendas del PP modifican 56 de los 77 preceptos del proyecto y añaden siete nuevos

Las 112 enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social modifican de cabo a rabo el texto que aprobó el Congreso. En concreto, el PP quiere cambiar 51 de sus 63 artículos y cinco de sus 14 disposiciones, además de incluir cinco artículos y dos disposiciones nuevas. En total, cambia 56 de los 77 preceptos y añade otros siete.Éstas son las modificaciones principales:

- Igualdad con los españoles. La proposición del Congreso reconoce a los extranjeros los derechos y las libertades constitucionales "en igualdad de condiciones con los españoles". El PP rechaza esta equiparación alegando que supone "una incoherencia" con la Constitución. Como prueba de que los derechos de los extranjeros y los españoles no son iguales, la libertad de circulación de los primeros podrá limitarse individualmente por el Ministerio del Interior, con capacidad para ordenar su presentación periódica o alejamiento de la frontera o núcleos de población "por razones de seguridad pública". El PP quiere que estas limitaciones no tengan carácter excepcional, en contra de lo que figura en el texto del Congreso.

- Legales e irregulares. La proposición reconoce a los extranjeros que se hallen en España, al margen de su situación legal, los derechos de libre circulación, reunión, manifestación, asociación, acceso a las ayudas en materia de viviendas, trabajo, sindicación y huelga. El PP limita los derechos de circulación, reunión, manifestación, asociación y acceso a las ayudas para vivienda a los residentes legales y los de trabajo, sindicación y huelga a quienes tengan permiso de trabajo.

- Participación. El PP quiere que el derecho a votar en las elecciones municipales se limite a los residentes legales de países que otorguen dicho derecho a los españoles y rechaza la posibilidad de que quienes no tengan dicho derecho a votar puedan elegir a sus propios representantes.

- Reagrupación familiar. La proposición del Congreso la contempla como un "derecho", mientras que el PP se refiere al "derecho a solicitar la reagrupación". Además, para que un cónyuge que haya obtenido su residencia por reagrupación familiar pueda conservarla tras la separación deberá acreditar "haber convivido en España con su cónyuge durante dos años" a fin de evitar matrimonios de conveniencia.

- Tutela judicial. El texto del Congreso garantiza la tutela judicial efectiva y un abogado de oficio a todos los extranjeros y la asistencia jurídica gratuita para quienes se encuentren en España y carezcan de recursos. El PP limita las dos primeras a los que estén en España, excluyendo a los rechazados en la frontera, y la última a los residentes legales.

- Visados. La proposición afirma que la denegación del visado "deberá ser expresa y motivada e indicar los recursos que procedan" y que las peticiones de visado deberán resolverse en tres meses. El PP considera que el otorgamiento o la denegación del visado es una "potestad" de la Administración, que se regirá por criterios genéricos como "los compromisos internacionales" o "los fines de la política exterior". El visado no da derecho a entrar en España, sino a "solicitar" la entrada y los procedimientos se fijarán en un reglamento.

- Residencia legal. El PP quiere que las situaciones de estancia, hasta 90 días, residencia temporal, hasta cinco años, y residencia permanente, indefinida, deban "ser autorizadas por resolución del Ministerio del Interior".

- Mecanismo de regularización. Es uno de los puntos más polémicos de la ley. Según el texto del Congreso, podrán adquirir la residencia temporal quienes acrediten una estancia ininterrumpida de dos años en España, estén empadronados y cuenten con medios económicos. El PP quiere que se exija, además de los medios económicos, haber tenido un permiso de residencia temporal, haberlo renovado al menos dos veces -lo que supone un mínimo de nueve meses de estancia legal- y haber permanecido ininterrumpidamente en España desde la obtención del primer permiso.

- Residencia permanente. Se concederá a quienes hayan tenido residencia temporal durante cinco años. El PP quiere que sean "ininterrumpidos".

- Menores. El texto del Congreso prevé que la policía informe a los juzgados de menores cuando localice a un indocumentado que pueda ser menor de edad. El PP prefiere que se ponga en conocimiento del fiscal.

- Permiso de trabajo. El PP pretende que, para ejercer una actividad remunerada en España, además del permiso de trabajo, sea necesario el de residencia. El permiso de trabajo, como el de residencia, será permanente después de cinco años, que el PP quiere también ininterrumpidos. Los populares proponen eliminar los permisos de trabajo concedidos a los inmigrantes que accedan a la residencia legal por el mecanismo de regularización permanente y a quienes sean beneficiarios de una prestación asistencial para su inserción laboral.

- Contingente de extranjeros. El PP quiere que el establecimiento de un contingente anual de trabajadores extranjeros sea una potestad del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se opone a la decisión del Congreso de excluir del contingente las ofertas de empleo dirigidas por empresarios a trabajadores extranjeros concretos, así como otros supuestos específicos, alegando que ello debilita la utilidad del contingente.

- Permiso para estudiantes. El PP quiere que conceder la autorización para que un extranjero pueda estudiar en España sea una potestad de la Administración y no un derecho del estudiante. La prórroga del permiso para estudiar dependerá además, según la enmienda del PP, de que se haya "verificado la realización de los estudios" para evitar fraudes.

- Trabajadores temporeros. El PP no quiere que la Administración se comprometa a velar para que los trabajadores temporeros sean alojados en condiciones dignas e higiénicas. "La responsabilidad del alojamiento y las condiciones de éste corresponde a los empleadores", afirma.

- Transfronterizos. El PP quiere que los trabajadores transfronterizos regresen a su país de residencia diariamente y no, "al menos, una vez a la semana" como aprobó el pleno del Congreso de los Diputados.

- Tasas. Cuatro enmiendas del PP se refieren al pago de tasas no sólo por permiso de trabajo como en el texto inicial, sino también por visado, prórroga de estancia, permiso de residencia, permiso de trabajo, tarjeta de estudio y documento de identidad para apátridas o indocumentados. Su cuantía se fijará por orden ministerial.

- Causas de expulsión. El PP propone ampliar las causas de expulsión de extranjeros, incluyendo entre las mismas la de encontrarse irregularmente en España, por haber caducado el permiso de residencia y no haber solicitado la renovación en el plazo previsto; la de trabajar en España sin autorización para hacerlo; ocultar al Ministerio del Interior los cambios que afecten a la situación del inmigrante, y la de participar en actividades ilegales. También pretende que se pueda expulsar a extranjeros nacidos en España, residentes permanentes, españoles de origen y beneficiarios de prestación por incapacidad permanente cuando participen en actividades ilegales o incurran en falta muy grave.

- Detención cautelar. El PP quiere mantener la facultad que la ley de 1985 otorga a la autoridad gubernativa para detener por un máximo de 72 horas al extranjero que sea objeto de un expediente sancionador con propuesta de expulsión. El detenido tendrá derecho a asistencia letrada de oficio e intérprete. El ingreso en un centro de internamiento requerirá autorización judicial.

- Procedimientos de expulsión. El PP propone que en los casos de expulsión de inmigrantes en situación irregular, que participen en actividades ilegales o atenten contra el orden público o la seguridad del Estado se produzca la expulsión inmediata, tras remitir al inmigrante un escrito motivado que podrá replicar en 48 horas. En los demás casos se dará al extranjero un mínimo de 72 horas para abandonar España. Si incumple esta orden, podrá ser detenido por hasta tres días o internado por un máximo de 40. Todas las resoluciones sancionadoras son recurribles. Las de expulsión podrán recurrirse desde fuera de España.

- Empresas de transporte. El Partido Popular propone sancionar como falta grave, con multa de hasta 10 millones de pesetas, a las empresas de transporte terrestre, aéreo o naval que trasladen a España, o a la Península desde Ceuta y Melilla, a inmigrantes sin comprobar la validez y vigencia de sus documentos de viaje, incluido el visado. Dichos transportistas deberán hacerse cargo de la manuntención y el viaje de regreso del extranjero mal documentado. Si se negasen a ello, se podrá acordar la suspensión de actividades de la compañía, la prestación de fianzas o avales o la inmovilización del medio de transporte.

- Consejo de Inmigración. El PP rechaza que el Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que estarán el Estado, las autonomías y los municipios, establezca las "bases y criterios sobre los que se asentará un política global" sobre integración de los inmigrantes, como aprobó el Congreso, con el argumento de que "la competencia sobre extranjería e inmigración es exclusiva del Estado". También se opone a que dicho Consejo informe antes de que el Gobierno decida el contingente anual de inmigrantes.

- Foro para los Inmigrantes. Al Partido Popular tampoco le gusta el otro organismo regulado por la ley tal y como fue aprobada en el Congreso, el Foro para la Inmigración, en el que participan, además de la Administración, las asociaciones de inmigrantes, organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. Propone cambiar su nombre por el de Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, dejando claro que a ese aspecto se limitan sus competencias de forma exclusiva. Los populares también quieren suprimir, alegando que son innecesarias, las alusiones que hace el texto del Congreso a que las asociaciones de apoyo a los inmigrantes intervengan a su favor en los procedimientos administrativos o judiciales.

- Regularización extraordinaria. El PP acepta que, tras la entrada en vigor de la ley -que quiere aplazar hasta tres meses después de publicarse en el BOE- se produzca una regularización extraordinaria de los extranjeros que estén en España y acrediten haber tenido en los últimos tres años permiso de residencia o trabajo o haberlo solicitado, pero quiere modificar la fecha a partir de la cual se beneficiarían de esta medida. En vez de afectar a los que estaban en España antes del 1 de junio pasado, propone fijar el límite seis meses antes: el 1 de enero de 1999.

- Ley de Asilo. El PP ha presentado una nueva disposición adicional que modifica la ley de Asilo y Refugio de 1984, reformada en 1994. La disposición afecta a las peticiones de asilo que requieran el previo pronunciamiento de otro Estado. En dichos supuestos se podrá suspender el plazo para decidir sobre la solicitud, obligar al solicitante a trasladarse a dicho Estado o autorizar provisionalmente su entrada en España, fijando su domicilio el Ministerio del Interior. Se trata, según el Partido Popular, de aplicar el Convenio de Dublín.