El Tribunal de Cuentas prueba que el alcalde de Oviedo contrataba saltándose la legalidad

El Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, realizó contrataciones en 1994 y 1995 saltándose principios legales, asignando ofertas a adjudicatarios escogidos de antemano y, en ocasiones, basándose en decisiones del alcalde sin que éste estuviera facultado por el pleno de la corporación, según una fiscalización del Tribunal de Cuentas. En un informe remitido a las Cortes, constata que el Ayuntamiento presidido por De Lorenzo hizo contrataciones "de forma anómala, incumpliéndose en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de los contratos los principios legalmente establecidos".

El informe de fiscalización, aprobado por unanimidad en el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 24 de noviembre, describe un panorama plagado de "deficiencias e irregularidades" en las contrataciones, pero también en otros aspectos del funcionamiento del Ayuntamiento ovetense, gobernado por De Lorenzo desde 1991. Así, por ejemplo, el tribunal señala que "en la concesión del servicio de cementerios se observa la insuficiente justificación en beneficio del interés público para acudir al cambio de gestión (...), la ausencia de actuaciones municipales que (...) hubieran permitido fijar, con carácter previo a su contratación, los criterios económicos, técnicos y de utilización a efectos de obtener una concreta definición de la operación a realizar y la debida garantía en relación con los usuarios".El Tribunal de Cuentas señala que fue la Comisión de Gobierno municipal, en 1994 y 1995, la que "con carácter general" realizaba las contrataciones, "sin que resultara acreditada su competencia (...). También se observan expedientes en los que actuó indebidamente el alcalde [Gabino de Lorenzo] sin la oportuna delegación del pleno".

El tribunal deja amplia constancia de que "los principios de publicidad y concurrencia resultaron conculcados en la selección de los contratistas". La fiscalización llevada a cabo descubrió "la realización de obras y prestación de servicios, asistencias y suministros prescindiendo de la tramitación contractual legalmente procedente y/o careciendo de la oportuna consignación presupuestaria, por lo que tuvieron que ser objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos".

El Tribunal de Cuentas acredita que, en algunos casos, hubo una clara "predeterminación del adjudicatario" de los contratos y en otros hubo "elevación [en las bases de ejecución del Presupuesto] del límite cuantitativo para poder acudir a la contratación directa de obras de inversión hasta los 75 millones de pesetas", veinticinco millones por encima de lo autorizado en la legislación de aquél momento. El tribunal llama la atención acerca del "reducido número de profesionales invitados para los contratos de redacción de proyectos y dirección de obras, en contraste con la amplia lista resultante de las convocatorias públicas realizadas, así como la falta de constancia de las invitaciones en ciertos casos y la ausencia de registro de entrada de las proposiciones presentadas". El tribunal añade que "se vulneró el principio de transparencia administrativa al no señalar en los pliegos los criterios que servirían de base para la adjudicación de los concursos, aumentando con ello la discrecionalidad en la valoración de las ofertas".

La fiscalización detectó en la corporación ovetense una falta de control interno en la gestión de la contratación que conducía a "la intervención de órganos de contratación incompetentes, la redacción de pliegos con cláusulas contrarias a Derecho, la indeterminación del objeto en algunos contratos" y "la formación de la Mesa de Contratación con miembros distintos de los establecidos legalmente sin constar la oportuna delegación", entre otras irregularidades.

El Tribunal de Cuentas llama también la atención sobre las anomalías en las retribuciones a los empleados del Ayuntamiento, que superaban y a veces infringían lo establecido en las leyes. Así, en 1994, mientras los Presupuestos Generales determinaban una congelación salarial, los incrementos en el Ayuntamiento de Oviedo fueron del 3,1% más 40.6000 pesetas anuales por empleado. En agosto de 1994 y de 1995, el Ayuntamiento dio bolsas de vacaciones a cada funcionario por importe de 52.900 pesetas y 56.262 pesetas, respectivamente, remuneraciones no previstas en la reforma de la Ley de la Función Pública (1984).

Asimismo el Ayuntamiento de Oviedo otorgó, sin que esté previsto en la ley de financiación de partidos, subvenciones a los grupos políticos representados en la corporación -cerca de 15 millones de pesetas en 1994 y casi diez millones en 1995-.

Aunque el tribunal reconoce que en años posteriores el Ayuntamiento de Oviedo "ha subsanado una parte de las deficiencias e irregularidades" detectadas, la lista de recomendaciones que le hace muestra una multitud de aspectos en los que la corporación no cumplía la legalidad y practicaba la "discrecionalidad".

Ayer, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó, por 21 votos frente a 19 y una abstención, ampliar la fiscalización del Ayuntamiento de Oviedo al periodo 1996-1998, y en especial a la empresa municipal Gesuosa. La diputada popular Alicia Castro adujo que la petición de esa fiscalización forma parte de una estrategia "suicida y vil" del PSOE contra el "veredicto contundente de la ciudadanía" al ratificar a De Lorenzo en las elecciones del 13 de junio.