Un jefe de Hacienda de Burgos creó una red para encubrir empresas de Marbella

Una nueva, o hasta ahora desconocida, modalidad de corrupción fiscal consistente en trasladar la sede social de empresas hacia zonas controladas por inspectores de Hacienda amigos o de confianza ha quedado al descubierto tras una investigación realizada en Burgos por la Agencia Tributaria a raíz de una denuncia presentada por un particular.Según fuentes próximas a la investigación del caso, decenas de sociedades radicadas en la localidad malagueña de Marbella podrían haber trasladado su sede a Burgos con el fin de que fueran inspeccionadas por determinados funcionarios de la inspección de esa provincia castellano-leonesa. Entre las empresas que realizaron este movimiento se encuentran, según fuentes conocedoras del caso, algunas propietarias de campos de golf o de servicios portuarios.

La Agencia Tributaria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Burgos contra tres personas. La primera es Javier Pardilla, jefe de unidad de inspección regional de Burgos, exteniente de alcalde del PP y responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos hasta 1995. Pardilla aseguró ayer a este diario desconocer la existencia de la denuncia y señaló que continúa realizando su trabajo con normalidad. La segunda persona denunciada es un subinspector.

Finalmente se encuentra incluido en la red un antiguo jefe de toda la inspección de la provincia de Burgos, Javier Cobo Valeri, que se halla en situación de excedencia dedicado a sus negocios.

La investigación comenzó en 1998, cuando un presunto conocedor de la red decidió denunciar los hechos directamente a la Agencia Tributaria. Ésta revisó todos los cambios de residencia de empresas procedentes de Marbella y con destino final en Burgos.

Finalmente, el servicio jurídico de la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que los hechos podían ser ciertamente constitutivos de un supuesto delito de cohecho y prevaricación, por lo que acudió a la Fiscalía Anticorrupción a presentar la correspondiente denuncia.

La documentación presentada por los responsables jurídicos de la Agencia Tributaria afirma que las tres personas denunciadas trabajaban de común acuerdo para asegurar la inmunidad fiscal de varias decenas de empresas.

En un primer momento, la Fiscalía Anticorrupción tomó declaración al denunciante, y después aconsejó a la Agencia Tributaria que presentara la denuncia ante la misma Fiscalía de Burgos, población donde tuvieron lugar todos los hechos recogidos en la denuncia.

La Fiscalía de Burgos, tras recibir la documentación de la Agencia Tributaria, decidió presentar una denuncia genérica ante el juzgado decano de la ciudad para que se procediera a reparto.

La fiscalía, que aún no ha realizado imputaciones concretas, pedía en este caso una serie de diligencias que aún no se han llevado a cabo, según las fuentes consultadas por este diario. Entre ellas figuraban las de la investigación de las declaraciones de la renta y patrimonio de los tres denunciados desde el año 1992 en adelante, así como la inspección realizada a las empresas que supuestamente habrían trasladado su domicilio desde Marbella a Burgos.

La investigación del caso está estancada actualmente debido a la existencia de un conflicto de "competencia negativa" entre dos juzgados de Burgos, el número 6 y el número 8. Los magistrados titulares de ambos juzgados atribuyen al otro la competencia para instruir el caso.

Los cambios de sede social de empresas generan automáticamente un proceso de comprobación por parte de la Agencia Tributaria, que intenta asegurarse de este modo de que el traslado no obedezca a razones de índole fiscal. Sin embargo, según señalan las fuentes consultadas, se trata de un trámite formal y no de una verdadera inspección en toda regla.

El inspector jefe Javier Pardilla Domínguez, en su calidad de edil en la época en la que la alcaldía de Burgos estaba regida por Valentín Niño, representó al Ayuntamiento en el Centro de Transportes Aduana de Burgos y en el Real Burgos Club de Fútbol, del que la corporación municipal es el principal accionista. A consecuencia de ello, los ediles del PP representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración del club fueron demandados por falsedad mercantil.

Pardilla sustituyó en su cargo como responsable municipal de Hacienda a uno de los regidores que dimitió como consecuencia de la condena del anterior alcalde de Burgos, José María Peña, a 12 años de inhabilitación por prevaricación continuada.