Investigaciones en cuatro comunidades autónomas

Tras el caso de Burgos, las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Tributaria abarcan ya cuatro comunidades autónomas. La delegación más afectada es la de Cataluña, en la que siete funcionarios, entre activos y excedentes, están sometidos a investigación o imputados en los juzgados. Tres de ellos han aparecido como titulares de cuentas en Suiza con ingresos no declarados al fisco y procedentes de personas o empresas sobre las que podían haber tenido responsabilidades inspectoras.Los otros cuatro están imputados por presuntos delitos de cohecho o prevaricación y suspendidos de empleo y sueldo por la Agencia Tributaria. Estas investigaciones acabarán siendo tramitadas por un juzgado de Barcelona, toda vez que todos los denunciados formaban parte de esta delegación y los hechos se circunscriben a actuaciones relacionadas con empresas catalanas.

En Madrid, la Agencia Tributaria disolvió en abril pasado un grupo de inspección de élite, la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales, tras detectar comportamientos irregulares relacionados con el uso indebido de la información y con actuaciones que rebasaban las competencias teóricas del grupo.

Uno de sus integrantes, Mariano Navarro Rubio, fue detenido por orden de un juzgado de la capital acusado de haber creado una red de extorsión con información fiscal confidencial extraída de esa misma unidad.

El cuarto frente es el de la Comunidad Valenciana, en cuya delegación de inspección la agencia ha abierto el pasado mes de septiembre expediente administrativo por falta muy grave a cuatro responsables de la inspección, encabezados por el que fuera jefe regional Alfredo Pérez Lodares.