El Parlamento reclama al Gobierno que complete las pensiones no contributivas más bajas

Plantear abiertamente la subida de las pensiones no contributivas (las de los ciudadanos que no han cotizado a la Seguridad Social) es tabú en la política vasca porque la competencia es del Gobierno central. Sin embargo, el Parlamento realizó ayer una pirueta para hacerlo en la práctica. La Cámara instó al Gobierno vasco a que complete los ingresos de los pensionistas receptores de estas ayudas y que estén en el umbral de pobreza en las condiciones en que se concede el salario social. Esta decisión supondrá modificar la Ley contra la Pobreza y la Exclusión social. Por otro lado, todos los grupos pidieron al Ejecutivo que realice un estudio sobre la dimensión de las empresas del sector público vasco.

Izquierda Unida había planteado una subida homogénea de las pensiones no contributivas en todo el País Vasco. Sin embargo, la delicada relación de fuerzas en la Cámara llevó a una medida mucho más moderada que la propuesta para Guipúzcoa por parte de su diputado general, Román Sudupe. Todos los grupos, salvo PP y UA, que se abstuvieron, votaron a favor de mejorar las situación de los receptores de pensiones no contributivas siempre y cuando éstos cumplan los requisitos exigidos para cobrar el IMI, también conocido como salario social. Este último requisito no se exigirá en Guipúzcoa, si se aprueban los presupuestos próximos: todos los receptores de estas pensiones cobrarán la nueva ayuda.Euskadi cuenta con 11.000 perceptores de estas pensiones repartidos entre los tres territorios de forma proporcional a su población. Prácticamente la mitad corresponden a invalidez, un colectivo al que ya se le contemplaba el incremento. La actual medida afectaría así a los mayores de 65 años. Los pensionistas no contributivos cobran ahora 37.000 pesetas al mes y el salario social es de 46.133 pesetas. La proposición no de ley aprobada ayer por los grupos parlamentarios indica que el incremento en la percepción de este grupo de pensionistas correrá a cargo del Gobierno y deberá consignarse ya en los Presupuestos del País Vasco para el año que viene, ahora mismo en proceso de debate parlamentario.

En todo caso, la decisión supone que el Parlamento deberá modificar en breve la Ley contra la Pobreza y la Exclusión social, impulsada por el socialista y entonces consejero de Trabajo Ramón Jáuregui y aprobada en mayo de 1998 siendo titular de la cartera su sucesor, el también socialista Francisco Egea. La modificación legislativa, según el actual consejero, Sabin Intxaurraga, no se podrá realizar antes del primer semestre del año 2000 y se encuadra dentro de las medidas que ya se debaten en el seno de la Carta de Derechos Sociales.

Contra la exclusión social

Intxaurraga, que asistió al debate sin intervenir, calificó la decisión de la Cámara de "avance importante en la lucha contra la exclusión social". El consejero indicó que la decisión pone fin a una discriminación con los pensionistas que viven en el umbral de la pobreza, iniciativa popular en trámite parlamentario. Intxaurraga no quiso valorar en términos económicos la cantidad que se consignará para este gasto, aunque se calcula que no será significativa.

Los populares, cuya voz en el debate llevó el parlamentario Fernando Maura, cambiaron el sentido de su voto en el último momento y decieron abstenerse en lugar de votar no. Maura explicó que su partido temía que el Gobierno vasco incidiera en unas competencias que no le corresponden y se violara el principio de solidaridad que debe imperar con el resto de España. El cambio de voto se debió a que las formaciones favorables a la propuesta señalaron que no era una subida de pensiones, sino un gesto de solidaridad con los ciudadanos más desfavorecidos.

El debate de ayer se prometía también caliente por la proposición no de ley popular en la que se instaba al Gobierno a presentar en seis meses un programa de privatizaciones del sector empresarial público vasco. Sin embargo, el diálogo trajo la calma.

Todos los partidos consensuaron una proposición que pide al Gobierno que en nueve meses presente un estudio del sector empresarial vasco para determinar si está o no sobredimensionado. Por otro lado, todos las formaciones apoyaron una proposición para pedir que no se cierre la planta de Tabacalera en San Sebastián.