Las ONG rompen con el Gobierno en protesta por el bloqueo de la cooperación

Llevaban tiempo rezongando, pero ayer su paciencia se agotó y dieron un portazo. Todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo anunciaron por carta al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que suspendían su participación en el órgano que fija las prioridades y supervisa la cooperación española. Lo boicotean porque el Gobierno se resiste a aprobar el Plan Director de la Cooperación, que fija las líneas maestras de esa política, cuyo balance es "desolador", según se lamentan las ONG en un comunicado.

"Hemos decidido suspender nuestra participación en el Consejo de Cooperación al Desarrollo hasta que el Consejo de Ministros apruebe el Plan Director de la Cooperación Española". Con esta frase la Coordinadora, que reagrupa a 91 ONG españolas, incluidas las cuatro grandes ONG (Manos Unidas, Intermón, Solidaridad Internacional y Acsur-Las Segovias) que también están directamente representadas en ese órgano, anuncian a Matutes su boicoteo. El Ministerio de Asuntos Exteriores rehusó hacer comentarios sobre esta decisión.Hace 18 meses, Matutes y su secretario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga, habían logrado, sin embargo, que el Congreso de los Diputados aprobase casi por unanimidad la Ley de Cooperación que las ONG también aplaudían. Ésta debía de ser desarrollada en breve por un Plan Director y ocho reglamentos de los que sólo uno, el menos relevante, ha sido por ahora adoptado.

El famoso plan, "elemento básico de la política española de cooperación internacional", según reza la ley, se empezó a preparar en febrero. Cada ministerio concernido hizo su aportación y, en junio, el documento definitivo fue sometido al Consejo de Cooperación. Presidido por Matutes, en el Consejo están representados, además de las ONG, los sindicatos, los empresarios y toda la Administración.

La media de la UE

El Consejo dio su visto bueno al plan, aunque las ONG formularon una reserva sobre el aumento previsto para la ayuda al desarrollo que alcanzaría en el 2002 el 0,30% del PNB, sólo un 0,05% más que ahora; es decir, unos 50.000 millones adicionales. Las ONG pedían llegar en tres años al 0,35%, un porcentaje que corresponde a la media de la Unión Europea.Tras la luz verde del Consejo de Cooperación faltaba la aprobación del Consejo de Ministros que, se dijo entonces, lo sacaría adelante antes de las vacaciones, y la tramitación parlamentaria estaría concluida en esta legislatura, que termina en diciembre.

Ni lo uno ni lo otro. Pese a que Matutes y Villalonga reiteran que es "compromiso del Gobierno que sea aprobado en el plazo más breve posible", el plan y los reglamentos siguen sin ver la luz.

¿Por qué este estancamiento? La Coordinadora y las ONG indican en su comunicado conjunto que obecede a la "pugna entre los ministerios de Exteriores y de Economía por el control de la cooperación".

"Algunos", afirma Miguel Romero, de la Coordinadora de ONG, aludiendo a Economía, "quieren mantener su autonomía de gestión con relación a cualquier fin solidario". José Mejía, portavoz de la Plataforma del 0,7%, es más explícito en su respuesta: "A causa de las presiones de Rodrigo Rato [el vicepresidente económico del Gobierno] no sale adelante".

La Ley de Cooperación reforzaba el papel de Asuntos Exteriores en la dirección de esta política, en detrimento de Economía, y el plan y los reglamentos abundan aún más en este sentido. El plan prevé además concentrar el 70% de la ayuda al desarrollo (208.000 millones en 1998) en 26 países preferentes, dedicarla esencialmente a erradicar la pobreza y coordinar mejor los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que gestiona Economía con total independencia, con el resto de la cooperación.

Además del retraso del plan, las ONG tienen otros motivos de agravio. En contra de lo acordado, los Presupuestos del Estado para el 2000 no proporcionan un desglose por ministerios de la ayuda oficial al desarrollo. Sí se conoce la cifra asignada a Asuntos Exteriores que disminuye en 2.600 millones con relación al año pasado.

"El panorama actual de la cooperación oficial en España es desolador", concluyen las ONG en su documento.