Castilla-La Mancha y Sanidad se culpan de no controlar los fármacos

La acusación del vicepresidente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, José María Barreda, según la cual el descontrol en la venta de fármacos para el ganado en esa comunidad es culpa de la Administración central, fue ayer refutada por el Ministerio de Sanidad. Barreda aseguró el miércoles que "llevaba dos años" esperando a que el Gobierno especificara qué medicamentos para uso animal estaban autorizados y cuáles había que retirar. Fuentes del ministerio, sin embargo, aseguran que en 1997 remitieron a todas las comunidades la relación de fármacos veterinarios autorizados ese año, y posteriormente sus actualizaciones.El ministerio recordó también que la Agencia Española del Medicamento, que tiene desde el pasado mes de abril las competencias sobre las autorizaciones de los fármacos para uso animal, está permanentemente a disposición de las comunidades para facilitarles cualquier información.

Sin embargo, la consejera de Sanidad, Matilde Valentín, se reafirmó ayer en que no había recibido del Gobierno central el listado completo de medicamentos autorizados. Las listas a las que se refiere el ministerio enumeran únicamente los fármacos registrados durante 1997, y sus revisiones posteriores. Pero lo que la Junta necesita es una lista completa que pueda usar para identificar qué fármacos debe retirar. El ministerio no se la ha facilitado.

La cuestión del listado, en cualquier caso, no afecta a uno de los problemas más importantes derivados del descontrol: la alimentación del ganado con piensos que contienen antibióticos prohibidos (todos excepto el flavofosfolipol, la avilamicina, la monensina y la salinomicina). Los antibióticos prohibidos se venden sin receta en Castilla-La Mancha, y la consejería de Sanidad ni siquiera mantiene un registro de los establecimientos que los suministran, pese a estar obligada a ello por un real decreto de 1995.