Concierto: uso y abuso

DE UN tiempo a esta parte, las medidas de incentivos fiscales a las empresas que han desplegado pródigamente las haciendas forales vascas en aplicación de las competencias que les concede el Concierto Económico están siendo puestas en cuestión, tanto por los tribunales de justicia como por la Comunidad Europea y el propio Tribunal de Luxemburgo. Cuando tres instancias diferentes coinciden en impugnar con argumentos fundamentados estos beneficios, lo razonable es que las instituciones vascas se pregunten si están realizando un uso correcto de sus competencias, en lugar de pensar que existe una especie de conspiración universal contra el Concierto Económico. El victimismo puede resultar muy confortable, pero no ayuda, por lo general, a evitar errores.El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, ha vuelto a elegir ese tono frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula un artículo de la norma del impuesto de sociedades: el que establece fuertes exenciones para las empresas de nueva creación, las llamadas vacaciones fiscales. Con más sagacidad, las diputaciones forales han destacado el otro aspecto del fallo: el hecho de que, frente a las impugnaciones globales de la Administración del Estado y de la patronal de La Rioja, queda confirmado el resto de la norma. En ella se incluye un tipo medio del impuesto diferenciado (del 32,5% frente al 35% del resto de España), así como otros estímulos que el tribunal ha considerado conformes a derecho.

Nadie niega la singularidad ni el carácter pactado del Concierto Económico, que da al País Vasco una autonomía fiscal sin parangón. Pero ello no implica la posibilidad de hacer un uso abusivo de su capacidad normativa, que puede chocar con la realidad tributaria de su entorno. El pacto, por definición, excluye interpretaciones unilaterales, y existen más que indicios de que las haciendas vascas han hecho una aplicación excesiva de los incentivos fiscales para atraer inversiones. Las principales advertencias contra esa aplicación proceden de Bruselas. A partir del caso Daewoo, la Comisión Europea ha puesto la lupa sobre los incentivos del País Vasco y Navarra, por considerarlos un resorte para sortear los topes de ayudas públicas que establece para cada región, y el Tribunal de Luxemburgo tiene abierta una causa sobre ellos.

Pese a las quejas del Gobierno vasco y de las diputaciones, no está en cuestión la capacidad de las haciendas forales para establecer incentivos a la inversión, sino la cuantía y proporcionalidad de los mismos y sus efectos distorsionadores sobre la libre competencia. La última sentencia dice que es "desproporcionado" eximir del 99% de los impuestos a una empresa por el simple hecho de iniciar su actividad, pero permite deducciones más moderadas. Antes de plantear con tono lastimero la "judicialización" del Concierto, las autoridades vascas deberían preguntarse si no hay motivos objetivos para que quienes se sientan perjudicados denuncien esos excesos; y si no sería más práctico armonizar la cuantía de los incentivos con el entorno tributario en el que se aplican para que no resulten discriminatorios hasta el absurdo.