Sombras electorales

A PESAR de que el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, insistió en que los Presupuestos del Estado para el año 2000 son restrictivos -quizá porque exponen el objetivo de bajar el déficit público del 1,4% del PIB este año hasta el 0,8%-, lo cierto es que las cuentas públicas para el ejercicio que viene son expansivas; y lo son con pocos disimulos. Hay indicios sólidos que lo demuestran. Baste como ejemplo el que los gastos del Estado aumentan el 4,7%, por encima de la inflación prevista (2%) y de la optimista previsión de crecimiento económico (3,7%). La coherencia interna de este presupuesto sale dañada por el deseo de hacer compatible la reducción del déficit con el aumento del gasto, tentación casi insuperable en años electorales. Sólo un crecimiento sostenido de los ingresos (6,2%), propio de una coyuntura con gran expansión de la demanda, puede, tal vez, hacer cuadrar este círculo de imposible cumplimiento en tiempos de menor bonanza.La política presupuestaria del año 2000 aparece lastrada por unas previsiones difíciles de mantener durante todo el ejercicio en el crecimiento de la economía. La prudencia aconsejaba no apostar por una tasa tan elevada de crecimiento del PIB, porque si bien es cierto que hay factores que permiten esperar una recuperación en Europa, otros, como las previsiones de endurecimiento de la política monetaria o la disminución del dinero que obtendrán los consumidores por la vía del descenso de impuestos -cerca de 200.000 millones, frente a los 700.000 millones derivados del recorte de las retenciones este año-, provocan interrogantes sobre la potencia real del consumo y la inversión.

La asignación de recursos revela que el Ministerio de Economía ha cedido a las presiones del entorno político -el tradicional sindicato del gasto- para construir un presupuesto electoral, pensado para desbordar sin vergüenza cualquier propuesta de la oposición. Las prioridades presupuestarias así lo indican: el gasto en pensiones sube el 5,5%; el sanitario, el 8%; el gasto para educación, el 9,8%; las políticas activas de empleo, el 16,6%. Todo ello aderezado con un desorbitado aumento del 19% de los gastos fiscales (deducciones, subvenciones) y con reducciones en las cotizaciones. Las cuentas del 2000 olvidan la política de rigor en favor de una política circunstancial de gasto electoral. Quizá el único beneficio real que se obtenga de estas cuentas mal hilvanadas sea un aumento de la inversión en infraestructuras (7,7% el año próximo), aunque en porcentaje sobre el PIB sigue muy lejos del 5% en el que se situó en el pasado. Como dice Rato, "el Presupuesto vuelve a ser un instrumento de política económica", aunque no es la del Plan de Estabilidad ni la que defendía el equipo económico de Aznar el año pasado. Si algún efecto probable va a tener este Presupuesto es recalentar la economía y echar leña al fuego de la inflación.

Suele ser poco recomendable jugar al mismo tiempo con las barajas de la estabilidad y del aumento del gasto público mientras se apuesta en la partida con la hipotética generación de riqueza que producirá una tasa de crecimiento dudosa. Es factible que esta incoherencia acabe por romper las costuras del déficit. Para evitar estas incongruencias, la sociedad debería debatir en profundidad cuál debe ser el destino de los excedentes generados por el crecimiento económico, si los hay, en lugar de fiar su atribución a impulsos electorales. Quizá hubiera razones poderosas para destinarlos a reducir el endeudamiento, por ejemplo. Éste debe ser el debate que marque la vertebración de la política del gasto, que hoy no existe; y el Parlamento, el lugar adecuado para plantearlo. Aunque en él los papeles aparezcan cambiados.