La mesa sobre los crímenes exige que el Ejército admita su culpa en Chile

"Si hablamos con franqueza, construimos el camino de la verdad para que los tribunales determinen lo que corresponda y las Fuerzas Armadas reconocen con valor el mal que nos hicieron, todos reconoceremos el valor de quienes son capaces de enfrentar los hechos en su justa dimensión". Pamela Pereira, abogada defensora de la causa de los derechos humanos en Chile, resumió con estas palabras los objetivos, según su criterio, de la Mesa de Diálogo con los militares, que ayer celebró la segunda reunión en Santiago.Enfrente, el general Juan Carlos Salgado, que actúa como enlace entre el Ejército chileno y Augusto Pinochet desde la detención del exdictador, expresó su esperanza de que la Mesa de Diálogo sirva para "mirar como hermanos a quienes antes se miró como enemigos", sin vencedores ni vencidos. Los dos principales protagonistas se miraron y hablaron cara a cara, pero no se estrecharon la mano. "No me es posible hacerlo", explicó Pamela Pereira, hija de un detenido que desapareció después del golpe del 11 de septiembre de 1973.

Representantes de los verdugos y de las víctimas trataron de sentar las bases de lo que pretende ser un diálogo sin precedentes en Chile. En su intevención, difundida tras la reunión, la abogada habló sin concesiones a la hora de evaluar el levantamiento del general Pinochet: "No sólo se produjo para enfrentar una crisis institucional en el país, sino que los mentores del mismo buscaron imponer un determinado modelo de sociedad". Pereira se refirió a las violaciones a los derechos humanos como "una realidad cierta, incontrovertible" que produjo "la fractura del alma nacional". "Chile es desde entonces una sociedad profundamente dividida", afirmó.

Reconocer los hechos

"¿Con qué finalidad nos sentamos a conversar?", preguntó en voz alta la abogada. "Que las Fuerzas Armadas reconozcan que estos hechos existieron, que éstos fueron malos hechos, que los mismos constituyeron violaciones a los derechos fundamentales de la persona, que tales actuaciones se fundaron en una doctrina -de seguridad nacional- ajena a la doctrina histórica de las Fuerzas Armadas chilenas".

"La otra finalidad de porqué sentarse a esta mesa", añadió Pereira, "es para conversar respecto de cada caso de detenidos desaparecidos. Caso a caso". Según manifestó la abogada, las Fuerzas Armadas están en condiciones, "según sea la voluntad de sus respectivos mandos institucionales", de entregar información que permita conocer el destino de los detenidos desaparecidos. "En mi opinión deben hacerlo", sentenció.

El Ministerio de Defensa no había distribuido anoche todavía la intervención del general Salgado, aunque algunos de los presentes en la reunión subrayaron que no aportó ninguna variación respecto de la posición oficial del Ejército.