El Gobierno ultima un informe exhaustivo sobre la pobreza y la marginalidad en el País Vasco

El Gobierno vasco tiene avanzado un estudio muy pormenorizado sobre la pobreza en el País Vasco. El informe, con un coste aproximado de 10 millones y que será presentado tras el verano, pretende delimitar en detalle la situación de pobres y marginados en el conjunto de Euskadi. Por otro lado, el Departamento de Trabajo quiso dejar ayer claro que el País Vasco no va a entrar en la polémica por la subida de las pensiones no contributivas, tal y como han hecho otras comunidades, porque en el plan global de ayudas a la pobreza se garantiza a todos los vascos el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), 46.150 pesetas mensuales, incluidos los pensionistas. Euskadi no tiene competencias en esta materia, ya que mantiene un contencioso con el Gobierno central sobre la transferencia de las cuestiones de carácter social.

El exhaustivo estudio sobre la pobreza y la marginación en Euskadi tiene como fundamento la Carta Social, un documento que llegó al Parlamento vasco por medio de la iniciativa popular y que han hecho suyo los socios de Gobierno. El documento, ahora en fase de comisión en el Parlamento, pretende mejorar las condiciones de tratamiento de las bolsas de marginalidad en el País Vasco. En esta línea, Trabajo se ha adelantado y quiere contar con un nuevo estudio general sobre la pobreza en Euskadi, que se presentará tras el verano. La polémica abierta por distintas comunidades autónomas sobre la subida de las pensiones no contributivas (las que perciben aquellas personas que no han cotizado a la Seguridad Social y que son las más bajas) ha llevado al Gobierno a dejar claro que en Euskadi, pese a no contar con esta competencia, los pensionistas no contributivos no tienen problemas de supervivencia. Pero además, fuentes del Departamento de Trabajo aseguraron ayer que los ingresos se les avalan no sólo a éstos, sino a todos los ciudadanos al garantizarles el IMI. El viceconsejero de Trabajo, José Ramón Bengoetxea, aseguró a Efe que Euskadi "no va a tomar decisiones unilaterales", como han hecho otras comunidades, subiendo las pensiones no contributivas. "No tiene sentido hablar de las pensiones no contributivas y no hacerlo, por ejemplo, de los parados que no tienen ninguna subvención", explicó el viceconsejero. Además, la política propia de ayudas sociales a través del IMI y de las ayudas de emergencia (con un presupuesto superior a los 2.200 millones de pesetas), hacen que en Euskadi todas las personas necesitadas perciban una cantidad superior a la de las pensiones no contributivas. El IMI es un derecho, de manera que todo el mundo que cumpla los requisitos puede conseguirlo. Si la familia que percibe el salario social tiene tres miembros, cobra 69.225 pesetas mensuales, es decir, lo mismo que el salario mínimo. Por ello, una persona que reciba en el País Vasco una pensión no contributiva, en caso de necesidad ve completados estos ingresos con el salario social, y en la práctica percibe 46.150 pesetas. En el País Vasco hay unos 16.000 beneficiarios de este Ingreso Mínimo de Inserción, que percibieron el año pasado una media de 46.350 pesetas al mes. El Gobierno considera que el debate sobre las pensiones no contributivas debe ser "un aspecto más" de la discusión sobre la política de atención a todas las situaciones de marginación y pobreza, explicó Bengoetxea. "Es evidente que aquellas pensiones que están por debajo del salario mínimo bordean las situaciones de pobreza, pero como muchas otras que no dependen del tema de la pensión", agregó. Subir el IMI En los trabajos de la Carta Social se está estudiando la posibilidad de subir el IMI hasta el Salario Mínimo Interprofesional (69.000 pesetas al mes) a todas las personas necesitadas. Una vez que esta comisión, en la que se integran el Gobierno y los promotores de la Carta, saque sus conclusiones, será el Parlamento el que en otoño fije la política global. Por último, el viceconsejero recordó que el País Vasco lleva años reclamando la transferencia de todas las políticas de la Seguridad Social, lo que incluiría todas las pensiones para poder hacer una gestión propia, pero no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para transferir esta competencia. El Ejecutivo central se niega al traspaso porque entiende que supondría romper la caja única de la Seguridad Social. El Gobierno aprobó también recientemente los convenios de inserción, que buscan la ayuda ligada a compromisos de formación e integración. En Euskadi las ayudas se gestionan en los ayuntamientos y el dinero llega del Gobierno vía diputaciones.