Protección de Datos y el Poder Judicial piden garantías para el comercio en Internet

La Agencia de Protección de Datos (APD) ha reclamado a la Administración un mayor cuidado en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que serán utilizados para dar valor a la firma electrónica, un sistema que permitirá reforzar la seguridad de las transacciones comerciales a través de Internet. El Gobierno ha incorporado a su proyecto de ley sobre firma electrónica las sugerencias de la APD y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al inicial anteproyecto. El CGPJ pidió más garantías frente a quienes certifican la firma electrónica.

En términos generales, tanto la APD como el CGPJ han dado el visto bueno al anteproyecto de ley de Firma Electrónica. Las observaciones efectuadas en sendos informes, no vinculantes, han sido incorporadadas al proyecto de ley, un texto que la Secretaría General de Comunicaciones quiere tramitar por la vía de urgencia. A través de la firma digital, el usuario podrá presentar la declaración de la renta o efectuar transacciones económicas por medios telemáticos. Estas operaciones exigen, además de seguridad, confidencialidad. De ahí que la APD haga hincapié en que los datos que recabados para una actividad no sean utilizados para otra diferente. El anteproyecto de ley ya preveía el sometimiento a la Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) del tratamiento de los datos que precisen los prestadores del servicio de certificación y del que se realice en el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación. Sin embargo, la APD echó de menos que la futura ley no sometiera a la LORTAD a todos aquellos organismos nacionales competentes en materia de acreditación y supervisión de los prestadores de servicios. El definitivo texto del proyecto de ley, de 29 de julio último, subsana esa y otras omisiones.

Autentificación digital

El nuevo sistema de autentificación digital permitirá reforzar la seguridad del comercio electrónico, un sector que el año pasado movió 14.000 millones de pesetas. Los usuarios han reclamado una normativa que garantice la seguridad en las transacciones. El texto elaborado por el Ministerio de Fomento regula el uso de la firma electrónica, a la que atribuye eficacia jurídica y establece el régimen relativo a los prestadores de los servicios de certificación, encargados de acreditar la autenticidad de dicha firma. Uno de los aspectos controvertidos del texto se refiere a la protección de datos personales. Respecto a la utilización de seudónimos, el informe de la APD reconoció que en la futura ley existe "un pleno reconocimiento de la posibilidad de que los prestadores de servicios de certificación consignen en el certificado el seudónimo del signatario, sin perjuicio de que por los mismos deba dejarse constancia de la identificación del propio signatario". Sin embargo, advirtió que desvelar la identidad de quien se esconde tras un pseudónimo constituirá una auténtica cesión de datos de carácter personal, ya que el anteproyecto preveía que la cesión "no sólo tendrá lugar en los supuestos de solicitud de órganos jurisdiccionales, sino también en los demás supuestos en que la ley habilite expresamente la cesión". El proyecto de ley definitivo atendió esta sugerencia y vincula la cesión a los supuestos previstos en la LORTAD. Por su parte, el informe del CGPJ sugirió que la futura ley "precise cuál ha de ser la eficacia jurídica de la firma electrónica, regule su uso y establezca una disciplina en el establecimiento, funcionamiento y responsabilidad de los prestadores del servicio de certifciación". EL CGPJ advirtió que en el texto remitido por el Gobierno "se observan aspectos que podrán plantear en el futuro problemas" y citó el hecho de que no se regularan específicamente los requisitos para desempeñar la función de prestadores de servicios de certificación o de certificadores de productos de firma electrónica. También criticó que el registro de prestadores de servicios de certificación se radicara en el Ministerio de Justicia y la inspección y el control de su actividad en el de Fomento.