Sanidad pretende ahorrarse 60.000 millones al año abaratando los fármacos por decreto

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, está absolutamente decidido a que el gasto público en medicamentos no crezca este año más del 10,5%, pero no puede lograr ese objetivo sin que las empresas farmacéuticas aporten a la Administración, a fondo perdido, una cifra cercana a los 22.000 millones de pesetas. Los laboratorios, exasperados por las continuas exigencias del Gobierno, se niegan a pagar más de 10.000 millones. Pero Romay ya tiene lista una alternativa para conseguir el dinero con creces: bajar por decreto el precio de los medicamentos en un 6%. La Administración se ahorraría así 60.000 millones de pesetas al año (unos 20.000 millones en lo que queda de ejercicio).

Oficialmente, el Ministerio de Sanidad aseguraba ayer que las negociaciones seguían abiertas con Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, el presidente de Farmaindustria, Enrique González Hervada, se mostraba ayer convencido de que el Gobierno va a reducir un 6% el precio de los fármacos por decreto, tal vez este mismo sábado, aprovechando el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones.El gasto farmacéutico público superará este año por primera vez el billón de pesetas (si el crecimiento fuera del 10,5%, como quiere el Gobierno, alcanzaría 1,013 billones). Una reducción del precio de los fármacos en un 6%, por lo tanto, le ahorraría a la Administración unos 60.000 millones. De aprobarse ahora o a la vuelta del verano, la medida llegaría a tiempo de ahorrarles a las arcas públicas algo más de 20.000 millones de pesetas: justo lo que Romay pedía a los laboratorios, y justo lo que necesita para cuadrar sus cuentas a fin de año.

La reducción de los precios provocaría que los laboratorios dejaran de facturar 52.000 millones anuales (la diferencia entre esta cifra y los 60.000 millones que se ahorra la Administración se debe a los márgenes de los farmacéuticos y distribuidores). Según González Hervada, la medida conducirá a que la mitad de los laboratorios del país sufran este año "crecimientos negativos", es decir, a que obtengan beneficios inferiores a los del año pasado.

Los fármacos que verían reducido su precio son los llamados "de prescripción": aquéllos que requieren receta y que son financiados por la sanidad pública. El Gobierno no puede regular el precio del resto.

El decreto de recorte de precios se enmarca en una complicadísima y accidentada negociación entre Romay y Farmaindustria para contener el incremento del gasto farmacéutico, uno de los indicadores más disparados de la economía española: en el primer semestre ha aumentado un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, y el año pasado absorbió el 24,3% del gasto público sanitario total.

El último episodio de esas conflictivas negociaciones trascendió el pasado día 21, cuando Farmaindustria hizo pública su negativa a entregar a la Administración los 30.000 millones de pesetas que le debía en virtud de un acuerdo por el que los laboratorios se comprometieron a contribuir, entre 1998 y 1999, con 65.000 millones para ayudar a contener el gasto farmacéutico.

González Hervada explicó ayer que ese plante -una medida de presión a la que ni sus propios impulsores pronostican larga vida- se debía sobre todo a la nueva pretensión de Romay de cobrar a los laboratorios 22.000 millones adicionales para cuadrar sus balances de este año.

Fuentes de Sanidad, sin embargo, aseguran que la razón de fondo es la política de Romay sobre los fármacos genéricos: medicamentos sin marca y de bajo precio cuyo uso en la sanidad pública quiere impulsar el ministro mediante otro decreto, llamado "de precios de referencia", aprobado en junio. Los genéricos tienen una presencia muy escasa en el mercado español (inferior al 1%), y constituyen en otros países europeos una herramienta esencial de contención del gasto.

El sistema de precios de referencia perjudica a los grandes laboratorios por la siguiente razón: cuando, a partir de septiembre, un médico recete un fármaco con marca a pesar de que exista un genérico equivalente, el farmacéutico estará obligado a sustituirlo por el genérico o bien cobrar al paciente la diferencia de precio entre el genérico y el fármaco con marca. Es previsible, por lo tanto, que las ventas de los fármacos estrella de los grandes laboratorios se vean reducidas considerablemente.

González Hervada admitió ayer que la industria está muy irritada con esa cuestión, y anunció su intención de impugnar el decreto de genéricos. Su principal argumento es que, en los otros países de la UE donde existen precios de referencia, -Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia-, los precios de los medicamentos son libres, y no intervenidos por el Gobierno como en España.