Farmaindustria bloquea el pago de 30.000 millones en protesta contra los genéricos

El decreto del Gobierno para impulsar el consumo de genéricos (fármacos sin marca y de bajo coste) ha puesto en pie de guerra a las grandes empresas farmacéuticas, que consideran que Sanidad ha roto con esa medida el pacto suscrito con ellas el año pasado para contener el disparado gasto público en medicamentos. Por ese pacto, la industria se había comprometido a pagar al Estado 65.000 millones de pesetas entre 1998 y 1999. Pero la patronal Farmaindustria anunció ayer su intención de bloquear los 30.000 millones que le quedan por pagar.

La factura pública en fármacos alcanzó el año pasado los 916.778 millones de pesetas, lo que supuso un incremento del 10,2% respecto al ejercicio anterior. En lo que va de año, las cosas van todavía peor. El último mes de mayo rompió todas las escalas, con un incremento del 16,1% respecto al mismo mes del año anterior. Ayer mismo se supo el aumento promedio del primer semestre: un 11% respecto al primer semestre de 1998.El peso que el gasto en medicamentos supone respecto al total del presupuesto sanitario es cada vez más difícil de soportar para las arcas públicas. En 1996, el gasto en farmacia absorbió el 22,7% de los fondos públicos para sanidad. El año pasado, ese porcentaje era ya del 24,3%.

Los grandes beneficiarios de estos costes disparados son los grandes laboratorios farmacéuticos, representados por la patronal Farmaindustria. El 22 de enero de 1998, el Ministerio de Sanidad alcanzó un acuerdo con Farmaindustria para que los laboratorios compensaran a la Administración devolviendo a las arcas públicas parte de sus beneficios. Según el acuerdo, las empresas farmacéuticas debían pagar al Estado 65.000 millones de pesetas entre 1998 y 1999.

De esa cantidad, los laboratorios ya pagaron 35.000 millones el año pasado, una cantidad equivalente al 3,8% del gasto farmacéutico público, lo que ayudó a contener el incremento aparente del gasto en ese año. Pero ahora, Farmaindustria ha paralizado el resto del pago, que asciende a otros 30.000 millones de pesetas.

La razón de este plante es el desacuerdo de los grandes laboratorios con un decreto aprobado por el Gobierno el mes pasado, llamado "de precios de referencia", que pretende impulsar el uso de medicamentos genéricos por la sanidad pública. Este decreto consiste esencialmente en lo siguiente: Sanidad definirá en septiembre una lista de fármacos para los que existe en el mercado español un equivalente genérico, es decir, un preparado sin marca con el mismo principio activo, que haya demostrado la misma actividad terapéutica y que se venda a menor coste (entre un 10% y un 25% menos) que el medicamento original, cuya patente ya ha expirado. Cuando el médico recete un medicamento con marca incluido en dicha lista, el farmacéutico estará obligado a sustituirlo por el genérico, o bien a cobrar al usuario la diferencia de precio entre el genérico y el fármaco con marca.

Farmaindustria no ha estimado aún el coste que puede suponer para las empresas esta medida -la orden ministerial con la lista de medicamentos afectados no se conocerá hasta septiembre-, pero algunos laboratorios han calculado que sus ingresos pueden verse reducidos en el equivalente al 10% de su volumen de ventas.

El Ministerio de Sanidad negó ayer que el decreto de genéricos haya roto el acuerdo con Farmaindustria. Dicho decreto se viene gestando desde 1996, por lo que difícilmente puede afectar al pacto de enero de 1998, según Sanidad, cuyos responsables manifestaron su esperanza de que los laboratorios "reconsideren su postura".