El Senado de Chile estudiará el tratado de inversiones con España

Por unanimidad, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno resolvió estudiar el tratado bilateral de promoción y protección de inversiones, suscrito entre Chile y España en 1994, para proponer modificaciones a éste, en una señal de su malestar ante la negativa del Gobierno español de acceder a negociaciones políticas y a un arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso Pinochet, como solicitó Chile. La revisión no implica riesgo para las actuales inversiones españolas en Chile, que sólo entre enero y abril de este año ascendieron a más de 1.769 millones de dólares (283.000 millones de pesetas). El canciller Juan Gabriel Valdés, al comentar esta resolución, recordó que los tratados sólo pueden ser modificados por iniciativa gubernamental y descartó que el Ejecutivo quiera modificar este acuerdo, insistiendo en que Chile "respeta sus tratados". Sin embargo, la sola decisión de esta comisión introduce elementos de incertidumbre sobre el posible efecto "contaminador" que pueda tener el caso Pinochet en los negocios futuros de empresas de ambos países. La comisión decidió estudiar el tratado después de que su presidente, el senador Gabriel Valdés -padre del canciller Valdés- les informara de que el Gobierno español comunicó al chileno, en la cumbre de Río, que no podía aceptar un arbitraje sobre las diferencias en la aplicación del Tratado contra la Tortura en el caso Pinochet, porque requeriría de una ley especial.

El senador Andrés Chadwick, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, impulsor del acuerdo, informó que la comisión comenzará a estudiar el tratado de inversiones la próxima semana con el mismo criterio jurídico que tiene el Gobierno español respecto del Tratado contra la Tortura. Y si se concluye que se requiere de una ley para su aplicación, sostiene, podrían quedar sin efecto las garantías para las inversiones españolas.