La ley de edificación dará más garantías a los compradores de viviendas, pero las encarecerá

Los usuarios tendrán garantías sobre los defectos de las viviendas, sabrán a quién reclamar en cada caso y dispondrán de hasta 10 años para hacerlo. Y los promotores y constructores estarán obligados a suscribir seguros sobre las construcciones. El Congreso aprobó ayer por mayoría absoluta el dictamen de la comisión de infraestructuras sobre la Ley de Ordenación de la Edificación, que aún debe superar el trámite del Senado. Los expertos sitúan su repercusión en el precio de la vivienda en más de un 1% y el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, dijo que la subida será "insignificante".

El objetivo de la ley es establecer un marco legal que detalle las responsabilidades de las personas que intervienen en el proceso de edificación para dar más seguridad a los compradores de viviendas. Actualmente hay un vacío legal en este sector, regulado únicamente mediante una serie de normas dispersas: no existe la obligatoriedad de contratar seguros sobre una construcción, no está claro a quién se debe reclamar en cada tipo de daño y es complicado identificar de quién es la responsabilidad. Arias-Salgado aseguró ayer que la ley entrará en vigor a partir del 2000 y sólo hará subir el precio de la vivienda entre un 0,6% y un 0,8% por el coste del seguro obligatorio que deberán contratar promotores y constructores. El ministro matizó que esta subida quedará compensada por el ahorro colectivo que supondrá la reducción de siniestros. Según el titular de Fomento, el problema actual está en llegar a un acuerdo con las aseguradoras sobre el precio que tendrán las primas de esos seguros. De este acuerdo dependerá la repercusión sobre el precio.

Subida razonable

La Mesa de Ingeniería, intergrada por 16 colegios profesionales de ingenierías técnicas y superiores, estima que la subida no podrá ser de menos de un 1% y que no sería razonable que superará esta cifra, según señala el presidente del Colegio de Ingenieros Aeronaúticos, Carlos de Andrés. "Los usuarios deben tener en cuenta que pagarán un precio un poco mayor, que apenas notarán a la hora de la compra, pero que les garantizará el arreglo de daños que observen en la construcción como, por ejemplo, en las instalaciones de aire acondicionado o en la colocación del parqué de la vivienda", explica De Andrés. Los seguros serán de 10 años para cubrir los daños que se produzcan en el edificio por defectos en su estructura (como cimentación, vigas o muros de carga), y de tres años, por daños en materiales o instalaciones. Los constructores también deberán contratar un seguro de un año por defectos en el acabado de las obras.

Con esta ley también se ha pretendido detallar el papel de las personas que intervienen en la edificación: promotores, constructores, proyectistas, directores de obra, entidades responsables del control de calidad y suministradores de productos. Esta cuestión ha suscitado una importante polémica durante el último año entre los colectivos de ingenieros y arquitectos por sus competencias a la hora de firmar proyectos para cada tipo de edificación. La disputa quedó saldada hace un par de meses entre los arquitectos y todas las especialidades de ingenieros, excepto la de industriales. Sin embargo, la aprobación de ayer no suscitó quejas de este último colectivo.

Según Carlos de Andrés, el texto al que ha dado el visto bueno ayer el Congreso no interfiere en las competencias de ninguna especialidad de ingeniería ni en las de los arquitectos, pero surgieron problemas con los ingenieros industriales porque éstos hacían una "interpretación diferente del texto".

El representante de los ingenieros señala que en las edificaciones especializadas (como las aeronaúticas, hidráulicas y de telecomunicaciones) se respetan escrupulosamente en la ley las competencias específicas de cada gremio. "El problema que planteaban los ingenieros industriales estaba en las edificaciones más generales, como en la realización de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado o ascensores", añade.

En la tramitación de la ley en el Senado se debatirá una enmienda presentada por CiU para que se introduzca en el texto la obligatoriedad de que el constructor tenga una mínima cualificación profesional, que se concretará durante el debate en la Cámara Alta.

Aunque el Congreso rechazó ayer más de 50 enmiendas al texto presentadas por el PSOE, fue aceptada otra en la que se propone la implantación de un Libro de la Edificación. Este libro se entregará a las personas que compren una vivienda y señalará las características del inmueble adquirido, así como el conjunto de garantías que tiene el comprador sobre la vivienda y a quién corresponden las responsabilidades.

El diputado socialista, Víctor Morlán, calificó ayer la ley como "una declaración de intenciones", informa Europa Press. Morlán ha apostado por un texto que recoja medidas más concretas sobre la seguridad en la construcción, la protección medioambiental, la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación del patrimonio.