Los aspectos colaterales

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999 incluye la posibilidad de la transformación de todos los centros sanitarios del Insalud en "Fundaciones Sanitarias Públicas" (artículo 111, Ley 50/98). El mecanismo de aprobación hizo imposible un debate social y profesional ante una transformación muy importante de la estructura del sistema sanitario público y de la Ley General de Sanidad. Además, hay razones que cuestionan su constitucionalidad por el mecanismo usado para su aprobación, y así lo indica la reciente sentencia que anula la normativa sobre provisión de plazas aprobada por el mismo sistema, por lo que el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite y pendiente de sentencia. Aparte de las cuestiones formales que ha producido el recurso y de la evidente contradicción que existe en avanzar en el desarrollo de una ley que puede ser anulada, los problemas de las fundaciones son más profundos y tienen que ver con la esencia del Sistema Nacional de Salud.

La transformación de los centros sanitarios en fundaciones supone la ruptura de la red sanitaria pública en múltiples microempresas autónomas (en teoría, podría aplicarse a cada uno de los equipos de atención primaria, o a los servicios y/o unidades hospitalarias). Se vulnera, además, la Ley General de Sanidad, que venía a integrar las distintas redes sanitarias públicas debido al desastre que había sido su incoordinación, porque un sistema de empresas autónomas imposibilita la coordinación, cooperación y planificación, que son esenciales en el funcionamiento de la Sanidad, a la vez que refuerza la implantación del mercado sanitario, que aumenta los costes administrativos y no mejora la eficacia del servicio sanitario, conllevando una tendencia inevitable hacia la selección de riesgos (la asistencia a enfermos con patologías menos graves, en detrimento de los enfermos crónicos y complicados), y la desatención de los problemas de salud menos rentables, derivados hacia otros centros, y que son los motivos para que experiencias similares fracasasen en Gran Bretaña.

Esta propuesta es, además, incoherente con la eficiencia de las propias empresas sanitarias, impidiendo las ventajas de la economía de escala (no hay más que ver que las empresas privadas están continuamente buscando su eficacia y eficiencia en las fusiones y el tamaño).

Las fundaciones suponen la vía para la privatización de la Sanidad pública, transfiriendo recursos del Estado a manos privadas mediante las llamadas "externalizaciones", subcontrataciones de servicios asistenciales con empresas privadas (por ejemplo, el laboratorio de la Fundación de Manacor). La finalidad es transformar estas fundaciones en patronatos destinados a concertar los servicios con empresas privadas, destruyendo de manera irreversible el actual modelo de hospital, basado en un sistema integrado de recursos. Pero, además, se permite enajenar su patrimonio, que procede de la Seguridad Social y que ha sido sufragado con las cuotas de los trabajadores y los impuestos de todos los españoles.

Se ha señalado que el interés del PP por las fundaciones podría estar en aspectos colaterales, pero no exentos de importancia, como el hecho de que fomenta el clientelismo mediante la asignación de los cargos de los patronatos y los puestos de gerentes, permitiendo la creación de una red clientelar con recursos públicos. Y también porque permite realizar las argucias contables necesarias para poder conseguir los criterios de déficit público, ya que estas empresas pueden solicitar créditos y endeudarse sin que se contabilice dentro del endeudamiento público.

Por otro lado, se produce la mercantilización de la asistencia sanitaria quebrando el fundamento del servicio sanitario: una atención de calidad a las necesidades de salud de la población, que se sustituye por la búsqueda de la rentabilidad económica. Desaparece la participación de profesionales y usuarios, en unas entidades con un régimen de una opacidad absoluta, que hace imposible el control sobre sus actividades, y se empeoran las condiciones de los profesionales de la salud: reducción de personal (las fundaciones tienen un 30% menos de personal por cama), peores condiciones de trabajo (más horarios, mayor precariedad, etcétera) y, sobre todo, presiones sobre la práctica asistencial para el ahorro de recursos sin tener en cuenta las necesidades de los enfermos.

Estamos ante un paso más en la privatización del sistema sanitario público, que pretende que el sector privado pueda hacer negocios con un porcentaje cada vez mayor de los más de cuatro billones de gasto sanitario público. Medida que se complementa con otras en la misma línea (cambios en la legislación sobre cooperativas sanitarias, desgravación de los seguros sanitarios a las empresas, etcétera). Pero este paso se da atropelladamente. El Insalud, sin que se haya aprobado el Reglamento que desarrolla el artículo 111 de la Ley 50/98, como es preceptivo, está presionando a los directivos de los centros para que pidan su transformación en fundaciones, desoyendo el rechazo profesional, político y social que suscita la medida.

No obstante, el que se puedan hacer fundaciones no quiere decir que éstas tengan que hacerse necesariamente. El Insalud dice que no se hará nada sin el "consenso" de los centros, pero éste está siendo sustituido por las opiniones de los equipos directivos, que han nombrado digitalmente. Por ello hay que exigir la realización, al menos, de un referéndum entre los profesionales de cada centro sanitario, aunque lo verdaderamente democrático sería que participasen también los usuarios de cada una de las áreas de salud afectadas.

Marciano Sánchez Bayle es médico y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública.