Sindicatos y grupos médicos rompen el consenso sobre las fundaciones sanitarias

El Insalud celebra hoy su 20º aniversario, con la polémica sobre las fundaciones públicas sanitarias en plena efervescencia y con el consenso cada día más lejos. El Gobierno anunció ayer que ningún gran hospital podrá solicitar su conversión en fundación hasta que esté aprobado el reglamento. Esperaba que el texto llegara bajo el aplauso sindical, pero la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido no poner su firma a este documento, y la UGT se muestra cada vez más crítica hacia esta nueva forma de gestión. Sólo CCOO y el CSIF mantienen viva la negociación.

El ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, aseguró ayer en la sesión de control del Congreso que ningún hospital ha solicitado "de forma expresa" convertirse en fundación. Y no lo han hecho porque no pueden, ya que antes debe ver la luz el reglamento sobre nuevas formas de gestión sanitaria, entre las que se encuentran las fundaciones. El Gobierno lo está negociando con los sindicatos y los últimos flecos están a punto de resolverse, explicó el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijóo. El responsable del Insalud se mostró confiado en que la mesa sectorial de Sanidad de el visto bueno al reglamento este mismo mes. Luego tendría que ser aprobado por el Gobierno, por lo que no es probable que ningún hospital solicite su conversión en fundación hasta septiembre. Sólo entonces podrían los hospitales interesados -cuatro madrileños y otros en Murcia y Baleares- dar el primer paso hacia las fundaciones. Y no todos conseguirían su objetivo, ya que antes deberán superar una auditoria del Insalud, explicó Núñez Feijóo.

Sanidad dice querer diálogo y consenso, pero la CESM, el sindicato mayoritario entre los médicos, ya ha decidido no suscribir el contenido del reglamento ministerial, del que el secretario general, Carlos Amaya, dijo ayer que tiene "profundas lagunas" desde el punto de vista del personal. De hecho, la CESM no acudió a la última reunión, celebrada el lunes. Y la UGT va por el mismo camino que el poderoso sindicato médico. Su secretaria federal de Sanidad, Pilar Navarro, dijo ayer en Ávila que las nuevas fundaciones benefician "a quienes más poder adquisitivo poseen", informa Europa Press. Las fundaciones, que permiten mayor autonomía de gestión en aras de la eficacia, "aumentan los costes burocráticos y llevan consigo la pérdida de empleo", aseguró.

El Gobierno no necesita el apoyo sindical para sacar adelante las fundaciones, pero lo ha buscado de forma insistente. Ahora se queda con la única compañía de sus socios parlamentarios, además de Comisiones Obreras y el CSIF, para defender estas nuevas formas de gestión hospitalaria. Con la anunciada postura de la CESM y UGT se amplía, además, el frente de oposición a las fundaciones, en el que ya está la oposición parlamentaria -PSOE, Izquierda Unida, Nueva Izquierda y Bloque Nacionalista Galego-; junto a otros sindicatos, como la Confederación General del Trabajo (CGT); y la mayoría de las asociaciones de vecinos y consumidores, como la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE), además de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a alrededor de 10.000 profesionales sanitarios. Para todos ellos, las fundaciones son sólo un paso más hacia la privatización de la sanidad, aunque el ministro Romay volvió a repetir ayer que "no existe ningún fundamento" para sostener esas acusaciones de privatización, antes de criticar el cinismo del PSOE en este asunto.