EEUU desclasifica documentos que implican a Pinochet en el sistema represivo de Chile

ENVIADO ESPECIALEl Gobierno de Estados Unidos desclasificó ayer, en Washington y en su Embajada en Santiago, 5.800 documentos relacionados con "abusos de los derechos humanos en Chile", que cubren el periodo 1973-78. Documentos que demuestran la implicación de Augusto Pinochet en la represión que ejerció su régimen y sobre la Operación Condor. La Administración norteamericana ha resuelto mantener en secreto el material sobre el asesinato en EEUU del ex ministro chileno Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976, ya que hay una investigación penal en marcha.

La información desclasificada tampoco hace referencia al secuestro, tortura y asesinato, en 1976, del funcionario español de Naciones Unidas, Carmelo Soria. En la documentación hay material para conocer las actividades represivas de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la llamada Operación Cóndor, un acuerdo de represión entre Pinochet y otros dictadores latinoamericanos para "asesinar terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas". En la biblioteca de los Archivos Nacionales, en Maryland, a 40 minutos del centro de Washington, las 27 cajas de documentos estaban preparadas a las 12 en punto (6 de la tarde hora peninsular española). A la misma hora, en una operación sincronizada, el embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile, tenía su propio juego de 5.800 documentos.

Los primeros en depositar sus cajas en la biblioteca fueron las agencias de inteligencia, la policía, el Departamento de Justicia y las bibliotecas de los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter, el pasado viernes 25, el mismo día en que se despacharon los documentos a Santiago. La Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), el FBI y el Departamento de Justicia reunieron 800 documentos, mientras que el Departamento de Estado ha aportado 5.000.

Ninguna de las agencias, ni los departamentos de Justicia y Estado, emitieron ayer comunicado alguno sobre la operación. En cambio, los Archivos Nacionales informaron a través de una nota que "un número limitado de documentos no han sido hechos públicos en este momento, fundamentalmente porque están relacionados con una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el asesinato de Ronni Moffitt [el ayudante del ex ministro exiliado] y Orlando Letelier".

Investigación en marcha

La noche del martes pasado, fuentes jurídicas anunciaron la ausencia de material sobre el asesinato del ex ministro de Defensa y Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier, en el paquete de 5.800 documentos. Esas fuentes dijeron que se había desarrollado un debate en la Administración Clinton sobre si justificar esa ausencia o simplemente permanecer en silencio. Finalmente, se impuso la corriente que era partidaria de dar una explicación. "En cualquier caso, las familias de Letelier y de Moffitt se hubieran dirigido al Departamento de Justicia para pedir explicaciones, cosa que hubiera sido imposible negar. Por eso se decidió hablar claro", dijo una fuente gubernamental. La Administración decidió asumir públicamente que se está investigando el caso Letelier. El pasado lunes, Arold Hongju Koh, secretario adjunto del Departamento de Estado para democracia, derechos humanos y trabajo, escribió personalmente a Isabel Letelier, viuda de Orlando, y a la familia Moffitt una carta idéntica. La misiva, a la que tuvo acceso ayer EL PAÍS, dice: "Numerosos documentos hechos públicos se refieren a la horrorosa bomba que estalló en el coche y que mató a su marido y a Ronni Moffitt. Queremos que usted sepa que un número limitado de documentos que son relevantes en el asesinato de su marido han sido retenidos a petición del Departamento de Justicia, habida cuenta que su difusión sería perjudicial para la investigación en curso y el caso penal relacionados con el estallido de la bomba en el coche. Seguimos analizando con el Departamento de Justicia si algunos de estos documentos, o parte de los mismos, pueden ser desclasificados y hechos públicos". El alto funcionario se despedía así: "Puedo asegurle que estamos haciendo un esfuerzo duro, consciente y de buena fe, con mucha gente y miles de horas de trabajo. Si hay algunas preguntas que yo pueda responder, por favor no dude en contactar conmigo". Tampoco aparecen documentos significativos sobre el asesinato de Charles Horman -periodista norteamericano que fue secuestrado en Santiago en septiembre de 1973, caso sobre el que se basó la película Missing-, aunque se haya desclasificado mucho material referido a él. El caso que no tiene reflejo en ningún documento es el secuestro, tortura y asesinato de Carmelo Soria, funcionario español de la ONU. La nota oficial de Archivos Nacionales también señala que "se ha retirado información de alguno de los documentos para proteger la privacidad de las personas afectadas", por "sensibles problemas de carácter legal" y "por las fuentes de inteligencias y los métodos". Muchos de los documentos aparecen emborronados cuando se trata, sobre todo, de nombres de agentes secretos relacionados con las agencias norteamericanas.

La "desclasificación discrecional" surgió como idea en enero pasado. La Administración Clinton, tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, sufrió fuertes demandas de las familias de Letelier, Moffitt y de Charles Horman. Al mismo tiempo, la Administración había recibido en 1997 una petición de cooperación judicial del juez español Manuel García-Castellón y, tras la detención de Pinochet, una petición ampliada del juez Baltasar Garzón. La Administración resolvió que era mejor una desclasificación voluntaria de documentos a la entrega del material en el contexto de una comisión rogatoria, como era el caso de España. En otros términos, no se quiso dejar un precedente de desclasificación de material en respuesta a un juez extranjero.

Información privilegiada

En la documentación desclasificada ayer, una gran parte del material relata muchos aspectos de la represión durante el periodo 1973-1978. El hilo común es que los agentes de la CIA y sus colaboradores locales dan cuenta de los hechos, con información privilegiada, pero al parecer sin intervenir. Tampoco hay documentos referidos a la orquestación misma del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, si bien existen datos que ya eran conocidos a través de los medios de comunicación. Entre los materiales que destacan hay un documento de la DIA, la inteligencia de la defensa, del 26 de septiembre de 1976, en el que se da cuenta, con brutalidad, de los acuerdos para desarrollar la Operación Cóndor, un plan de coordinación para eliminar disidentes que acordó Pinochet con las dictaduras de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, con apoyo logístico de Brasil. La citada operación ha sido uno de los aspectos investigados por el juez Garzón.

Las bibliotecas de los ex presidentes Ford y Carter han aportado documentación histórica, donde está la correspondencia que mantuvieron con Pinochet a largo de sus mandatos, en la que siempre destacan los reproches por las violaciones de los derechos humanos.

Fuentes de la Administración han anunciado que el proceso de "revisión" continuará y que en los próximos meses serán desclasificados nuevos documentos del periodo 1973-1978, junto con otros del periodo 1968 y 1973.