El Síndic de Greuges también advirtió en 1998 un aumento de las quejas relativas a los derechos lingüísticos

El síndic de greuges, Anton Cañellas -al igual que el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda-, advirtió "un aumento del número de quejas relativas a los derechos lingüísticos de los ciudadanos" en 1998, el año de la aprobación de la Ley de Política Lingüística. La oficina de Cañellas recibió 50 quejas sobre este asunto, de las que tramitó 15 y una más, de oficio. Álvarez de Miranda recibió 3.000. Los criterios del Síndic sobre la cooficialidad de las lenguas son idénticos a los del Defensor del Pueblo. A juicio de Cañellas, "las administraciones no han de estar al servicio de los derechos abstractos de una lengua, catalán o castellano, sino de los derechos concretos de los ciudadanos a utilizarlas". Pero la simetría de las quejas de catalanohablantes y castellanohablantes pone en evidencia que, muy a menudo, las administraciones anteponen lo abstracto a lo concreto. Así, el Síndic de Greuges pone como ejemplo de las dificultades que encuentra el ciudadano para ejercer sus derechos lingüísticos la inexistencia de impresos en catalán para la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), y recuerda que ya en 1992, en respuesta a un diputado, la Administración central aseguró que los impresos bilingües "estaban en fase de elaboración"; que en 1995 la respuesta fue que "se estaban haciendo pruebas de imprenta y corrigiendo errores de traducción", y que, hasta la fecha, siguen sin estar disponibles. En el mismo sentido, Cañellas afirma que, pese a las previsiones legales, ha tenido que requerir a la Generalitat de Cataluña para que "ponga los medios necesarios para que los ciudadanos que quieren hacer sus declaraciones o autoliquidaciones de impuestos en lengua castellana reciban los impresos en esta lengua". Las administraciones locales tampoco escapan a esta tendencia hacia lo abstracto. El Síndic recuerda que, en ocasiones, "cuando un ciudadano ha pedido ser informado en lengua castellana no se le ha respondido en esta lengua, sino en la de uso normal, es decir, el catalán". Uno de los casos citados es el de un ciudadano que se dirigió personalmente a un ayuntamiento para efectuar ciertas gestiones y no consiguió que se le atendiera en castellano. La actuación de la Administración periférica del Estado en Cataluña está aquejada de los mismos vicios. El Síndic ha recibido numerosas quejas, especialmente relacionadas con el ámbito del Registro Civil, donde, en contra de las previsiones de la ley, se sigue obstaculizando, cuando no negando, el derecho de los ciudadanos a escoger la lengua catalana.