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Tribuna:

La nueva oferta pública universitaria

Los cambios crecientes en el número, características y necesidades de las personas que siguen estudios universitarios, así como la integración en el ámbito europeo e internacional, motivaron la reforma de los planes de estudio emprendida a principios de los años noventa, la creación de nuevas titulaciones y, bajo el impulso de la formación continuada, el aumento en la oferta de títulos propios. En mayo de 1998 se publicaron las normativas, largamente demandadas por las universidades, que regulan la segunda reforma de los planes de estudio y el tercer ciclo universitario. En esta segunda reforma se parte de la experiencia de la primera, lo que permite valorar los elementos positivos y los logros conseguidos, que son muchos, pero también los errores cometidos.

La reforma de planes del 90 tuvo en algunos casos más en cuenta los deseos del profesorado que los objetivos de reforma académica. La inercia a mantener contenidos se plasmó en muchos casos en el mismo programa condensado en menos tiempo; una oferta de optativas excesivamente especializada, que ha impedido al alumno una opcionalidad real y la falta de una financiación adecuada para desarrollar con éxito las reformas necesarias, suscitó grandes críticas a los nuevos planes. Éstas son reflejo de no haber conseguido todo lo que se pretendía, pero no invalidan el espíritu de la reforma. En este clima, algunos creen que la solución es volver a "lo antiguo": licenciaturas de cinco años con los esquemas anteriores. Es una idea contra la que hay que luchar. El largo debate sobre los años que debe tener una licenciatura es estéril. Lo que define la carga docente de una titulación son sus créditos, que deben ir acompañados de itinerarios recomendados para que los estudiantes sigan con coherencia las enseñanzas. El único debate útil es el de los objetivos de las distintas enseñanzas universitarias y, como consecuencia, de sus contenidos académicos.

La oferta docente universitaria debe contemplarse en su conjunto. La estructura de las enseñanzas universitarias debe contener itinerarios progresivos, acreditados formalmente en cada etapa y con procedimientos de selección adecuados, de forma que el alumno pueda elegir el nivel que desea para su formación y avanzar según su capacidad y orientación profesional. Una buena oferta y un buen uso de los créditos de libre configuración son imprescindibles para que logren una formación completa. El desarrollo de los programas internacionales de movilidad de estudiantes, que deben ofrecer más becas, mejor financiadas y para más alumnos, es otro factor que contribuye a ampliar la oferta universitaria con perfiles internacionales.

La universidad pública debe responder con calidad y rigor a las demandas sociales. El acceso de un porcentaje cada vez mayor de jóvenes a la universidad redunda en una sociedad más culta, mejor preparada y más libre.

Las demandas de formación continuada deben tener cabida en una universidad conectada con la sociedad a la que sirve. Todo ello, sin renunciar al objetivo central de las enseñanzas de una universidad pública de calidad: la formación de profesionales cualificados y la excelencia en la formación de investigadores. Es responsabilidad de la universidad el armonizar los distintos tipos y niveles de enseñanza con unos contenidos gradualmente más exigentes y especializados.

En la Universidad Autónoma de Madrid, los criterios seguidos para la segunda reforma de los planes de estudio, las titulaciones propias y la nueva regulación del tercer ciclo tienen como objetivo articular en las titulaciones de uno o dos ciclos las materias fundamentales de la formación de un licenciado o diplomado, evitando una especialización que redunde en lagunas en la formación básica y ofreciendo, mediante las titulaciones propias y el tercer ciclo, la formación más especializada. Para ello planteamos la siguiente estructura, que, respetando la normativa existente, introduce innovaciones importantes:

1. Un primer ciclo básico que responda a la demanda social de proporcionar una mayor cultura, en las distintas áreas universitarias, a un alto porcentaje de jóvenes, o, en el caso de las titulaciones de un solo ciclo, sentar las bases para una actividad profesional.

2. Un segundo ciclo que proporcione una formación sólida en el lenguaje, las técnicas y la práctica fundamental de un licenciado.

3. Un año de especialización o formación avanzada que debe, obligadamente, ofrecer itinerarios diversos, dirigidos a la práctica profesional (títulos de especialización) o a profundizar en las ideas nucleares de una disciplina concreta (certificado de tercer ciclo).

4. Un año de trabajo personal del alumno bajo la dirección de expertos; éste es un nivel de formación avanzada que incluye la formación inicial de un investigador.

5. Un periodo de investigación que culmine en la elaboración de una tesis doctoral. La superación de cada etapa dará al alumno la correspondiente acreditación, mediante un título o diploma, de la formación recibida.

Esta estructura ofrece una gran flexibilidad y permite el desarrollo de iniciativas multidisciplinares y de dobles titulaciones, como el programa conjunto de Derecho y Administración de Empresas, que iniciamos el próximo curso.

La implantación de estas ideas no es sencilla, y, a pesar del apoyo decidido de muchas personas, sigue encontrando algunas resistencias, ya que supone un cambio de enfoque en la organización y contenidos de las enseñanzas.

Para el éxito y el desarrollo de estas reformas, es imprescindible contar con espacios y aulas bien organizados, prácticas bien diseñadas y profesorado adecuado. La solución de estos problemas pasa por un estudio interno en la universidad y, de acuerdo con éste, por una adecuada financiación de las instituciones públicas.

La adecuada financiación de las universidades públicas es un serio compromiso que debe ser asumido por el Estado. Si queremos una universidad con más estudiantes, mejor preparados y con más opciones dentro del sistema público, debe establecerse una decidida política de becas y de mejora de infraestructuras docentes. Esto siempre se dice, pero no se hace. La financiación privada de la universidad pública, defendida por algunos como la solución a la deficiente financiación de la universidad, no representa, en el contexto internacional de los países con un sólido sistema universitario, más que un pequeño porcentaje de sus recursos. La formación permanente, la especialización de nuestros profesionales y la formación de investigadores se basan en un profesorado de alta capacidad y dedicación que no se vea impulsado a suplementar su salario con actividades docentes que no respondan a los objetivos nucleares de la universidad. Finalmente, el tercer ciclo oficial no puede ser el pariente pobre de masters y otros estudios de posgrado, sino armonizarse con éstos, buscando un equilibrio para ofrecer la enseñanza pública de calidad, flexible y diversa, que todos deseamos.

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Carmen Ruiz-Rivas Hernando es vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Autónoma de Madrid

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de junio de 1999