Amnistía Internacional critica la política exterior del Ejecutivo del PP

El Gobierno español, en materia de política exterior, ha incumplido en muchos casos su programa electoral de marzo de 1996, que indicaba que la "la política exterior se basará en el respeto a los derechos humanos". Ésta es una de las primeras conclusiones del informe preparado por la sección española de Amnistía Internacional (AI), una de las pocas ONG que no reciben ningún tipo de subvención gubernativa, que hoy será presentado en Madrid por el secretario general de Amnistía, Pierre Sané, que acudirá ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y se entrevistará con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En un informe de más de 60 páginas, el primero que realiza la sección española de AI en 20 años de existencia, se constata la "falta de un planteamiento abierto, coherente y global en el que todos los países estén sujetos a un examen y un trato similar con respecto a los derechos humanos".

Esta arbitrariedad se refleja en "actuaciones concretas, pero aisladas, a favor de los derechos humanos en Colombia, Cuba o Guinea Ecuatorial, pero no se conocen acciones sistemáticas concretas y públicas a favor de los derechos humanos en Argelia, México, Perú o Estados Unidos, con excepción del español condenado a muerte en Florida".

Amnistía Internacional apunta en su detallado informe la reiterada falta de transparencia del Gobierno "en el comercio de armas y las transferencias militares, de seguridad y policiales, con especial incidencia en el caso de Turquía".

El cinismo con que se encaran las relaciones internacionales se refleja, en opinión de AI, en la preeminencia como eje de la política exterior de la "colaboración económica y los intercambios comerciales" frente a los derechos humanos. Este tipo de política se refleja, añade AI, en las relaciones con Argelia, Perú, Colombia y México. "Esta preeminencia de los intercambios comerciales como eje de la política exterior puede verse, por ejemplo, en las delegaciones de empresarios que habitualmente forman parte oficial de las visitas de Estado a países donde existen graves violaciones a los derechos humanos o en los casi nulos contactos de autoridades españolas de alto nivel con organizaciones locales de derechos humanos cuando visitan un país objeto de graves violaciones a los mismos".

Chile y Argentina

Pero tal vez la acusación más grave que hace el informe de AI -del que hoy responderá en conferencia de prensa Pierre Sané- es la "falta de colaboración real con la justicia en los casos de la Audiencia Nacional relativos a Argentina y Chile". Para la sección española de AI, esa falta de colaboración real del Gobierno español se refleja "en la falta de denuncias de los incumplimientos de los Gobiernos chileno y argentino a las diferentes comisiones rogatorias por parte del juez instructor, Baltasar Garzón, para que colaboren con la justicia". AI reconoce también aspectos positivos en política exterior como la creación de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados, la ratificación de una buena parte de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o la firma de tratado que constituye la Corte Penal Internacional.