España logra menos de lo que reclamó, pero Aznar se confiesa satisfecho

¿Éxito o fracaso? Los resultados obtenidos por España en la cumbre generarán polémica. El Gobierno ha logrado cantidades muy inferiores a las que reclamó en las negociaciones, entre 108.000 y 180.916 millones de pesetas anuales menos (entre 760.550 millones de pesetas y 1,2 billones durante el próximo septenio), según los dos baremos que utilizó. Pero obtuvo más de lo que recibió en el periodo 1993-1999, 72.545 millones de pesetas anuales (507.815 millones de pesetas para el septenio 2000-2006) respecto al periodo 1993-1999.

José María Aznar se confesó "razonablemente satisfecho". "Se ha hecho un buen trabajo y la conclusión es positiva para la Unión Europea y para España", valoró el presidente del Gobierno español. Y ello, tanto por las conclusiones comunes alcanzadas sobre los Balcanes el mismo día en que la Alianza Atlántica tuvo que bombardear Serbia, como por la elección de Romano Prodi para la presidencia de la Comisión. "Con lo que espero que se superen las situaciones institucionales no deseables". Y, sobre todo, por el pacto en Política Agrícola Común, que calificó de "excelente", pues consagra la mejora de la cuota láctea y descarta la reducción progresiva de las ayudas directas a los agricultores.Pero donde Aznar echó toda la carne en el asador fue en defender y propagar el resultado obtenido en las ayudas estructurales o de solidaridad, es decir, las transferencias que España recibirá de los fondos estructurales (FEOGA-orientación; Fondo de Desarrollo Regional; Fondo Social) y el emblemático Fondo de Cohesión. El conjunto de estos fondos constituía el capítulo negociador esencial para España, pues viene recibiendo del mismo el 60% del total del dinero que le envía el presupuesto comunitario.

Tanta importancia concedió el presidente al control y presentación de las cifras, especialmente a las de este capítulo, que la Dirección General de Planificación trabajó al completo en Madrid, mientras en Berlín un equipo de técnicos cualificados completaban la tarea dentro de un vehículo repleto de ordenadores aparcado en el centro de la ciudad. Realizaron más de 700 simulaciones.

El presidente ofreció una batería de cálculos comparativos sobre la política estructural. Todos ellos referidos al periodo 1993-1999. El objetivo de esta comparación era demostrar que su logro había sido superior al obtenido por su antecesor, Felipe González, en la cumbre de Edimburgo, en 1992, cuando éste obtuvo la dotación del Fondo de Cohesión. El folleto repartido carecía de explicaciones técnicas sobre el método de elaboración.

Según los datos de Aznar, España recibirá anualmente 6.565 millones de euros (1,09 billones de pesetas) por fondos estructurales (salvo el de Cohesión), un incremento del 4,9% respecto de la media anual absorbida entre 1993 y 1999. Y 1.594 millones de euros anuales (265.219 millones de pesetas) a través del Fondo de Cohesión, un aumento del 8,5%. En conjunto, 8.159 millones de euros (1,35 billones de pesetas) anuales durante siete años. "Me preocuparía mucho no poderles decir que España no obtendría más que en el periodo anterior; me parece positivo, y si a alguien le parece negativo, lo respeto pero no lo comparto", concluyó el presidente. "El paquete es magnífico", apostilló el ministro de Exteriores, Abel Matutes. España habría ganado así 72.545 millones de pesetas anuales para el futuro (507.815 millones en el septenio próximo) respecto al pasado.

Problema metodológico

Estas cifras acarrean un problema metodológico. Las presentó Aznar mediante unos gráficos en que bautizaba el periodo 1993-1999 como "Edimburgo" (en referencia al paquete decidido en la capital escocesa) y al próximo septenio como "Berlín". Pues bien, el paquete DelorsII decidido en Edimburgo empezó propiamente a regir en 1994, no en 1993: duró seis años. Los términos comparativos adecuados para la soterrada pugna póstuma Aznar-González podrían haberse establecido más exactamente anualizando ese sexenio. Pero eso planteaba un inconveniente para el objetivo estadístico buscado, porque las dotaciones fueron ya bastante crecientes desde 1994. Incluir el ejercicio de transición de 1993 -escaso en cosecha estructural- posibilita achicar "Edimburgo", otorgando así ventaja a "Berlín" en la comparación.Implica bastante lógica política que toda Administración escoja el ángulo de las cifras que más le embellece. Y más cuando el asunto de la cohesión se ha convertido en elemento central del debate público español. Pero también resulta sensato comparar los resultados que obtiene un Gobierno con sus reivindicaciones y promesas públicas previas, y el ciudadano tiene derecho a establecer todas las comparaciones que ilustren un problema tan complicado, y a juzgar por sí mismo, lo que puede realizar a través del gráfico adjunto. Más aún cuando durante 20 meses el Gobierno ha declarado continuamente que pretendía defender la propuesta de dotaciones consignada en la Agenda 2000 elaborada por la Comisión -bajo el lema de que "la Agenda 2000 es la única base de negociación"-, o en su defecto, los compromisos de gasto aprobados en el presupuesto comunitario para 1999.

Pues bien, realizando la comparación del resultado con cualquiera de ambas referencias, el resultado es inverso al que defiende el Gobierno. Así, el contraste entre la Agenda 2000 y el paquete de Berlín registra una pérdida para España, en lugar de una ganancia, de 653 millones de euros anuales, 108.650 millones de pesetas. Y el cotejo con la velocidad crucero alcanzada en 1999 exhibe unas pérdidas de 1.083 millones de euros, o sea, una reducción de las transferencias estructurales de 180.196 millones de pesetas anuales, que multiplicados por siete ejercicios suponen 1,26 billones menos.

Al ser interrogado Aznar por estas comparaciones -cuyas cifras no ofreció-, argumentó que esos puntos de referencia "forman parte de la negociación". "Lo que me importa señalar", añadió, "es lo que España recibe en un periodo y en otro, y si se mejora o no, y nuestra posición mejora". Claro está que una cosa es la técnica negociadora y otra el resultado que se busca. Pero la abismal diferencia entre los resultados obtenidos, según sean las referencias utilizadas en este caso, seguramente generará una fuerte polémica parlamentaria.

Un síntoma complementario de la significación política de este debate en ciernes es la determinación prusiana con que Aznar exigió en la madrugada de ayer un aumento de la cuantía del Fondo de Cohesión, que obtuvo a las 5.30 por un montante de 3.000 millones de euros durante el septenio. De ellos, 1.860 millones de euros, esto es, 265 millones anuales (el 62%) irán a España. Por supuesto que eso deberá ser celebrado por todos los españoles. Pero en primer lugar por el propio Aznar: de no haberlos logrado, hubiera quedado por debajo (en 141 millones de euros, producto de la resta de 124 millones y los 265 millones conseguidos en el último minuto) de lo que, según los discutibles cálculos oficiales, obtuvo su antecesor.

Acuerdos sin recoger

Al aumento conseguido in extremis por el presidente español coadyuva también la modificación de las "llaves de reparto" del Fondo. España, que se llevaba el 55% del total, pasará ahora a absorber el 62%, anunció Aznar. El problema es que este pacto no está recogido en el texto de las conclusiones oficiales, distribuido al mediodía de ayer. Fuentes de la negociación aseguraron que este acuerdo es válido, y que el error se subsanará mediante una corrección. El único problema es que alguien que se sienta perjudicado pueda protestar, alegando desconocerlo o no haberlo asumido. Esto pasa algunas veces y el litigio acaba siempre resolviéndose. Pero en el texto oficial de ayer se pasaron de la raya, con media docena de inexactitudes.Por desgracia, hay una decisión que es exacta: los miembros del euro que se beneficien del Fondo no sólo deberán cumplir el techo del déficit público del 3% de su PIB, sino también la "senda" de reducción del déficit comprometida en su Programa de Estabilidad, una exigencia más dura contra la que se estrellaron los esfuerzos españoles. El posible castigo es la retirada de los beneficios del Fondo, a decidir por mayoría cualificada.