"Los militares tienen todo bien atado para no juzgar a Pinochet"

Antonio Doñate es un hombre de modos suaves, tiene 59 años y tras haber sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona durante cinco años y juez de Vigilancia Penitenciaria, es ahora profesor en la Escuela Judicial de Barcelona. Miembro de la agrupación Jueces para la Democracia, ha estado cinco veces en Chile en estos años. Acaba de regresar de Santiago junto a Claude Katz, presidente de la Federación Internacionales de Ligas de los Derechos Humanos (FIDH), y el abogado argentino Juan Carlos Capurro. La misión, que viajó entre el 3 y el 10 de marzo, fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y por los ministerios de Justicia e Interior, partidos políticos, asociaciones de abogados y de desaparecidos, torturados y ejecutados políticos, y el director general de Gendarmería. La misión mantuvo una larga reunión con el juez Juan Guzmán, que tramita 19 querellas contra Pinochet.Pregunta. El ministro Insulza insiste en que Chile tiene la asignatura pendiente de enjuiciar a Pinochet y que esto puede hacerse, ¿cuál es su impresión?

Respuesta. Sí, el ministro recibió a la misión y explicó que es posible el enjuiciamiento de Pinochet. Sin embargo, nuestra conclusión es otra. Hemos estado con ministros, políticos, juristas, abogados, víctimas, militares y jueces. Todo está bien atado por los militares para evitar un juicio como éste. He estado ya cinco veces en Chile. Sé cómo funcionaba el sistema judicial durante la dictadura; ahora he podido comprobar cómo se ha desarrollado cierta continuidad en el sistema vigente.

P. Cuando dice "bien atado" ¿qué quiere expresar?

R. Lo que quiero decir es que si usted escoge la justicia civil advertirá que siempre, cuando se trata de enjuiciar a un militar, hay un auditor militar, vamos un jurídico militar, que se añade a los tres magistrados para formar sala. Escoja usted una sala de la corte de apelaciones de Santiago. Si el acusado es un militar, se ha de integrar la sala, que tiene tres miembros o "ministros", con un auditor militar. Vea usted el pleno de la Corte de Apelaciones. Hay 25 ministros, pero si se ha de enjuiciar un militar, se agrega un auditor militar. Y si usted examina el Pleno de la Corte Suprema verá que a los 21 ministros que son miembros se añadirá, en el caso de un acusado de las Fuerzas Armadas, un auditor militar.

P. ¿Este control militar sobre el sistema judicial es lo que explica su desconfianza? R. No es el único. Porque la mayor parte de los integrantes de la Corte Suprema los ha designado Pinochet. Y los nuevos nombramientos, tanto los realizados por el ex presidente Aylwin como por Frei, llevan la marca de la fidelidad a ciertas reglas de juego que no deben modificarse. Recuerdo que ya en 1988 realicé un informe sobre el sistema judicial bajo la dictadura de Pinochet con ocasión de participar en el Encuentro Internacional de Magistrados.

P. ¿Cómo ha visto usted el Chile actual?

R. Hay un cambio importante cuando hablas con la gente, pero tengo que decirle que he visto todavía bastante miedo. Cierta gente se expresa de una manera en privado y de otra cuando se trata de una reunión algo más amplia.

P. El Gobierno ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que el Estado se persone en los procedimientos contra Pinochet. ¿No ve usted posibilidades de un mayor impulso si eso ocurre?

R. El Consejo no ha dado todavía su respuesta. Pero, según hemos podido observar, el problema no es tanto esa personación. Lo más importante es asegurar que esas querellas nunca serán asumidas, en cierto momento de la investigación, antes de llegar a un hipotético juicio, por la jurisdicción militar. Antes hemos señalado la presencia militar en la jurisdicción civil, pero la experiencia indica que cuando se trata de juzgar a un militar, la justicia militar asume los asuntos. Es lo que puede pasar con las investigaciones del juez Guzmán.

P. ¿Cómo se podría asegurar eso?

R. Con el nombramiento de un juez o "ministro de fuero" de la Corte Suprema. Esto supondría que ya nunca la justicia militar podría asumir los casos contra Pinochet. Pero esta posibilidad ya se ha perdido. En noviembre de 1998, el Gobierno, en pleno fragor de la detención de Pinochet y de juicio en Londres sobre la inmunidad, pidió a la Corte Suprema esa designación, que fue rechazada. Ello hubiera supuesto la sustitución de una persona valiosa como el juez Guzmán, pero se hubiera garantizado la jurisdicción penal civil.

P. ¿Cómo ve usted la investigación que lleva adelante el juez Guzmán?

R. La verdad es que nos ha recibido durante varias horas. Es un hombre entusiasta y bondadoso, pero también sabemos que tiene limitaciones muy serias. Si se le plantea la necesidad de investigar en un cuartel militar no puede hacerlo directamente. Ahora bien, Guzmán tiene muy claro que el de los detenidos-desaparecidos es un delito permanente, que permanece en el tiempo aún cuando la acción inicial pudiera llevarse a cabo con mucha anterioridad al momento de la investigación o del juicio.

P. Por tanto, es usted pesimista.

R. Realista. Han pasado muchos años en el proceso de transición chileno. Y sobre 3.197 casos reconocidos oficialmente sólo ha habido 19 condenas desde 1990. Todas a militares de rango inferior.