El PP de Murcia pretende recalificar 600 hectáreas propiedad de un conocido industrial

El PP de Murcia, que controla por mayoría absoluta la alcaldía y el Gobierno regional, pretende aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que recalifica más de 600 hectáreas de suelo rústico -una extensión similar a 600 estadios de fútbol- propiedad de un conocido industrial de la ciudad, Tomás Fuertes Fernández, dueño de embutidos El Pozo y de varias empresas más. El 36 % del terreno -más de dos millones de metros cuadrados- fue adquirida por Fuertes después de que el PP llegara al poder en 1995 y a un precio muy asequible -de siete a 20 pesetas el metro- dada la imposibilidad de edificar sobre él. Ahora la cosa cambia: el nuevo PGOU multiplicará el valor del suelo al hacerlo urbanizable.

A esta enorme superficie de terreno -inscrita en el registro de la propiedad o en el catastro de Murcia- hay que unir la finca Montevida, superior a 700 hectáreas, pero cuyo cambio de calificación urbanística no ha podido ser comprobado aún por este periódico. En cualquier caso, el nuevo PGOU -elaborado por el PP, fuertemente contestado por la opinión pública y aún pendiente de aprobación- revalorizaría considerablemente las propiedades del grupo Fuertes. Lugares donde antes no se podía poner ni un ladrillo, son calificados ahora para uso residencial o de equipamientos, para construir una ciudad del transporte o un parque tecnológico, gasolineras, hoteles o restaurantes...Según las notas simples de cinco registros de la propiedad de Murcia, algunas empresas del grupo Fuertes -Agrifu, Cefu, Montevida y sobre todo Profu-sa- han comprado en los últimos años gran cantidad de terreno imposible de urbanizar según el plan general vigente, pero que el nuevo PGOU redactado por el PP convierte en una mina de oro. Los terrenos adquiridos están unidos por un común denominador: suelo rústico, imposible de urbanizar y, por tanto, asequible.

Para muestra, un botón. Registro de la propiedad número seis. Finca rústica 15.633, "enclavada en terreno de la antigua hacienda del Mayayo, en el partido del Palmar, término municipal de Murcia, que mide una superficie total de 132 hectáreas, 55 áreas, 67 centiáreas...". Profusa, "representada por don Tomás y don José Fuertes Fernández", compró la finca, "libre de arrendatarios", por 10 millones. Quedó registrada el 18 de marzo de 1996. Una división simple arroja el siguiente resultado: el metro cuadrado costó algo más de siete pesetas. O lo que es lo mismo: lo que ocupa un estadio de fútbol por 70.000 pesetas. No hace ni tres años de aquella operación. De aprobarse el nuevo PGOU -que por aquellas fechas ya gestaba el PP-, el valor de los 10 millones aumentaría considerablemente.

El borde serrano

De los seis millones de metros cuadrados de terreno rústico a punto de ser recalificados a favor de la familia Fuertes, 1.300.000 metros pasan a estar destinados a parque tecnológico; 270.000 metros cuadrados a equipamientos, y unos 750.000 a urbanizables. Sin embargo, la situación más curiosa es la que afecta a casi 3.000.000 de metros cuadrados, que de rústico se convierten en una nueva figura, recién inventada por los gestores del PP, y que responde a la denominación de Borde Serrano. Son los que la familia Fuertes posee a las faldas del parque natural, al pie mismo de la zona especialmente protegida, y que hasta ahora se venía a llamar preparque. Según el nuevo PGOU, los terrenos de Borde Serrano dejan de ser intocables, aunque lógicamente su aprovechamiento urbanístico -su edificabilidad- es considerablemente menor que los directamente calificados como urbanizables. Ahora bien, al tratarse de auténticos mordiscos al parque natural, su enclave junto a los pinos es ideal para la construcción de urbanizaciones de lujo.La discusión sobre el PGOU se ha convertido en la primera batalla política de la ciudad. La negativa del equipo de gobierno a facilitar los datos que solicita la oposición -con denuncia judicial incluida- no ha hecho más que alentar los rumores sobre situaciones no del todo limpias.

En 1996, la prensa local destapó que el padre y unos tíos del concejal de Vía Pública, Antonio Sánchez Carrillo, del PP, habían sido agraciados por una suculenta recalificación. Los terrenos que poseían -calificados para equipamientos en el plan general vigente- pasaban a ser suelo urbano residencial -para construir viviendas- en el proyecto del PP. Sánchez Carrillo, además de concejal, es miembro del consejo de la Gerencia de Urbanismo y del Consejo Ejecutivo del mismo PGOU que tanto podría beneficiar a sus familiares. Al margen de las disputas políticas, el proyecto del PP está siendo fuertemente contestado en la ciudad, tanto por colectivos profesionales -Colegio de Arquitectos y de Ingenieros de Cami-nos- como por ecologistas y ciudadanos. Algunos de ellos tan conocedores de la materia como Pedro Pina Ruiz, el director del planeamiento urbanístico de Murcia.

Una de las críticas más insistentes del plan es la vigencia del mismo -hasta el año 2025- que dejaría hipotecada a la ciudad por un periodo demasiado largo de tiempo.