El Congreso pide al Gobierno que indulte a dos médicos abortistas

El pleno del Congreso pidió ayer al Gobierno que indultara a un ginecólogo y una psiquiatra condenados por un delito de aborto por la Audiencia Provincial de Oviedo. Lo hizo a propuesta del PSOE y gracias a la abstención de la mayoría de los diputados del Partido Popular. Si el Ministerio de Justicia toma nota, los dos médicos, que habían sido inhabilitados, podrán volver a trabajar en unos meses.

La proposición del PSOE aprobada ayer no sólo pide el indulto para los dos médicos de la clínica Buenavista de Oviedo, acreditada por el Ministerio de Sanidad para practicar abortos desde 1987. También solicita al Ministerio de Justicia que dé prioridad al caso y lo tramite "lo más rápidamente posible", en palabras de la diputada socialista Amparo Rubiales, ya que ambos médicos están inhabilitados por el Colegio de Médicos de Oviedo desde principios de este mes.La actitud del Grupo Popular fue decisiva para el resultado de la votación. En lugar de apretar el botón del no -como han hecho en las ocasiones en las que el pleno ha discutido la ampliación de la ley del aborto durante esta legislatura-, se decidieron en su gran mayoría por la abstención. 155 diputados (PSOE, Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto) votaron a favor; 9 más (del PP y del Grupo Catalán) lo hicieron en contra, y otros 144 (casi todos del PP) decidieron abstenerse. 40 diputados más ni siquiera aparecieron por el pleno.

Este resultado sirvió al grupo socialista para recordar su posición sobre el aborto: que es necesario reformar la ley para evitar la cadena de condenas e indultos a los que el texto aboca a los profesionales y, sobre todo, para evitar la "inseguridad jurídica" en la que se ven obligados a trabajar.

Si el Ministerio de Justicia, encargado de tramitar los indultos, hace caso a los diputados, el ginecólogo Antonio Martín Santos y la psiquiatra Norma Giménez Pinos verán suspendidas sus condenas de seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación, para el primero, y un año de prisión y dos de suspensión profesional para la segunda. Esta sentencia, dictada en 1997 por la Audiencia Provincial de Oviedo y ratificada en abril del año pasado por el Tribunal Supremo, estuvo fundamentada en la falta de rigor del informe psiquiátrico que permitió abortar en 1994 a una joven de 18 años y tuvo su origen en la denuncia del novio de ésta.

Por eso causó alarma en la Asociación de Clínicas Acreditadas para practicar abortos (ACAI). Para su portavoz, Consuelo Catalá, el fallo cuestionaba un aborto que se había ajustado a la ley: se había practicado en un centro acreditado, por médicos titulados y acogiéndose a uno de los tres supuestos regulados por la ley, aprobada en 1985 cuando gobernaban los socialistas.

En cualquier caso, el indulto es el último recurso para que los dos médicos puedan volver a trabajar -ninguno cumpliría las penas de cárcel porque no tienen antecedentes penales-, ya que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso presentado por la defensa de la psiquiatra.

Los socialistas ven en la votación "un buen antecedente", de cara a pedir nuevos indultos para otros tres médicos de Granada condenados por un aborto y cuyo caso está todavía pendiente del Tribunal Supremo. Y esperan que Justicia lo haga realidad "en dos o tres meses".