El Consejo de Europa pide a España más protección para los inmigrantes

España debe reformar la Constitución para garantizar la igualdad entre los inmigrantes y los ciudadanos. Es una de las conclusiones del informe sobre racismo en España del Consejo de Europa, presentado ayer en Madrid, que también pide atención al pueblo gitano y un seguimiento de las dificultades que tienen los niños cuya primera lengua es el castellano para estudiar en Cataluña y el País Vasco.

Los españoles son iguales ante la ley, según el artículo 14 de la Constitución de 1978, y no pueden ser discriminados por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia. Los extranjeros residentes no tienen reconocido ese derecho en la Constitución. Por eso la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, responsable del informe, cree que es necesaria una enmienda que haga explícita la igualdad entre españoles e inmigrantes.A pesar de esta petición, el catedrático Tomás Calvo Buezas, que presentó el trabajo, dio un sobresaliente a la legislación española en materia de no discriminación, aunque reconoció "algún que otro problema en su aplicación".

En España viven 540.000 extranjeros con permiso de residencia legal -casi el 50% de ellos europeos- y entre 60.000 y 70.000 sin papeles, según fuentes oficiales, que alcanzan los 300.000 en otros estudios. No llegan pues al 1% de la población, una de las razones que hace que las actitudes racistas no se muestren tan virulentas como en otros países con mayor inmigración.

Los extranjeros son las principales víctimas de las actitudes racistas de los españoles (africanos y árabes, sobre todo), pero no las únicas. El pueblo gitano sufre serias discriminaciones en el mercado laboral. Y aunque el informe, en cuya elaboración no ha participado ningún español, se centra en las actitudes racistas, pide también que se siga de cerca la situación de los niños que tienen como primera lengua el castellano en Cataluña y el País Vasco porque "existen informes sobre las dificultades a las que a veces se enfrentan".

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que asistió a la presentación, reconoció que su oficina ha recibido varias quejas en este sentido en relación con Cataluña. Pero también en sentido contrario: es decir, de personas que piden más protección de la lengua catalana. Álvarez de Miranda se dirigirá a la Generalitat para recabar información sobre casos concretos y, en caso de confirmarse la desprotección del castellano, pedirá "las rectificaciones necesarias".

La directora general de Política Educativa de la Generalitat, Maria Àngels González, restó ayer importancia a la mención de Cataluña en el estudio, informa . González aseguró que el Gobierno catalán garantiza la posibilidad de recibir enseñanza en castellano, si bien sólo reciben "unas decenas" de peticiones al año y recordó que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo dieron la razón a la Generalitat en el contencioso que mantuvo con varias asociaciones por este tema.

En cualquier caso, "el racismo violento no es un fenómeno extendido" en España, concluye el estudio, si bien se producen "a diario" discriminaciones.