Escándalo eléctrico

LA CONTROVERSIA que enfrenta al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) sobre las ayudas a las empresas eléctricas en concepto de transición a la competencia ha entrado por fin en una etapa de confrontación política pública. El Senado aprobó ayer la enmienda a la Ley de Acompañamiento del Presupuesto que permite titulizar -es decir, que las eléctricas perciban una cantidad anticipadamente con financiación bancaria a cambio de ceder los derechos futuros a las instituciones financieras- una parte de los costes de transición a la competencia (CTC) por una cuantía de 1,05 billones, con la irritación de la oposición, que pedía la comparecencia del ministro de Industria (y, para mayor paradoja, ministro portavoz del Gobierno) para explicar las consecuencias de la enmienda. Horas antes de la tormenta parlamentaria, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, intervino bruscamente en la polémica al acusar al presidente de la CNSE, Fernández Ordóñez, de oponerse a la titulización eléctrica por razones "políticas y partidistas", y para descalificar sus tesis asegurando que no están fundadas "en un solo número ni en una sola explicación".La intervención de Rato en el debate eléctrico demuestra que el Gobierno se ha puesto nervioso por la oposición pública de Fernández Ordóñez a los planes del Gobierno sobre las compensaciones a las eléctricas, y porque a raíz de ella se exijan luz y taquígrafos para que los ciudadanos se enteren de qué se trata. Pero si Rato pretendía echar una mano a su compañero de Gabinete Josep Piqué, autor del desaguisado, lo cierto es que ha empeorado la situación. Sus argumentos son decepcionantes y contrarios a la evidencia de los hechos. En primer lugar, porque, de no ser por el presidente de la Comisión Eléctrica, el debate sobre las ayudas eléctricas, su presunto carácter abusivo para el consumidor y sus efectos negativos para la competencia de las empresas no hubiera trascendido a la opinión pública: hubiera sido un acuerdo silencioso y opaco, como les gusta a los lobbies. Es tarea de la CNSE suscitar una discusión abierta sobre la competencia en el sector eléctrico y sus costes. Tiene razón Fernández Ordóñez al preguntarse, en respuesta a las acusaciones de Rato, por qué no se esgrimieron "intereses políticos y partidistas" cuando la CNSE aceptó la Ley Eléctrica y ahora, cuando se opone a la titulización, sí se traen a colación. La CNSE no ha variado sus tesis iniciales sobre la liberalización eléctrica. Ha mantenido en todo momento que el contenido de la Ley Eléctrica permitía un proceso de liberalización adecuado, aunque muy lento, pero también ha criticado la excesiva cuantía de los CTC -1,9 billones frente a los 500.000 millones que calcula la CNSE- , que aceptó en calidad de cantidad máxima, susceptible de reducción cuando se conocieran los costes reales; y se ha opuesto a que se titulicen ahora 1,05 billones, por entender que las empresas eléctricas consolidan así como derecho una cantidad que no es sino una estimación.

Pero si la acusación de partidismo lanzada por Rato contra Fernández Ordóñez difícilmente puede sostenerse con rigor, la afirmación de que la oposición de la CNSE a la enmienda titulizadora no está fundada "en un solo número ni en una sola explicación" es simplemente falsa. La CNSE ha publicado cientos de páginas con argumentos y cifras para fundamentar su oposición a la cuantía total de los CTC propuestos por el Gobierno y a una titulización superior a los 480.000 millones. Si algo hay en la posición de la CNSE son explicaciones; por lo que hay que concluir que, o bien el vicepresidente económico no ha leído tales informes que afectan a asuntos de su competencia, como la inflación, o bien sus declaraciones son un arrebato de irritación porque se haya descubierto un asunto que iba a ser aprobado con alevosía y nocturnidad. A esta cadena de interrogantes hay que sumar ahora la probable exigencia de la Comisión Europea de que los CTC sean examinados en Bruselas; porque es un principio -también recordado en los informes de la Comisión Eléctrica, que el vicepresidente económico parece desconocer- que las ayudas públicas afectan a la competencia y, por tanto, deben ser aprobadas por la autoridad europea. El comisario de la Competencia, Karel van Miert, explicó ayer -tras afirmar que se había enterado del tema por la prensa- que la operación de titulización debería aplazarse en tanto la Comisión no apruebe las ayudas. A la vista de tantas sospechas y de la previsible dificultad que va a encontrar Piqué para explicar en Bruselas por qué se conceden ayudas públicas a empresas con abultadas cifras de beneficios, hay pocas dudas de que el Gobierno se encuentra ante un serio problema de credibilidad. La liberalización del sector eléctrico se ha convertido ya, esta vez sí, en una cuestión de interés general.