Los rectores de Galicia rechazan el modelo financiero de la Xunta

Los propósitos desvelados por la Xunta sobre su modelo de financiación universitaria han puesto las espadas en alto. Ni los partidos de oposición en el Parlamento ni los rectores de las tres universidades gallegas comparten su criterio de limitar a un año la vigencia de las asignaciones presupuestarias. Tampoco la invitación del consejero de Educación, Celso Currás, a que las universidades busquen fondos por su cuenta, lo que la oposición ha comparado con una "condena al viejo recurso de la limosna".La Xunta cree haber cumplido ya con el esfuerzo presupuestario reclamado en los últimos años por los procesos de segregación de las universidades de Vigo y A Coruña, desarrollado básicamente en un plan plurianual (1990-1996). Los centros -particularmente en Vigo, que comparte campus con Pontevedra y Ourense- no han terminado de edificarse y engordarán el gasto corriente, una vez entren en funcionamiento. Pero no es éste el principal problema.

"Necesitamos un plan de financiación plurianual, que no tiene por qué ser tanto expansivo como un marco claro para que desde la propia universidad podamos programar las inversiones y la política interna de prioridades", explica el rector de Vigo, Domingo Docampo. "Ahora, los gastos corrientes, de personal y funcionamiento de centros apenas nos dejan margen financiero de maniobra para atender otros cometidos, como los equipamientos de investigación, formación de doctores o de los servicios de la propia universidad".

El próximo año, la Xunta destinará más de 36.000 millones de pesetas a la enseñanza universitaria, repartidos entre las tres universidades en función de un módulo por alumno -sistema que también quiere erradicar-, unas 380.000 pesetas, que sitúa a las gallegas entre las mejor financiadas de España, "aunque no salimos de la banda baja con respecto a nuestro entorno", puntualiza Darío Villanueva, rector de la Universidad de Santiago.

La Xunta propone que las universidades busquen más financiación privada y los rectores no renuncian a ello -obtienen por esta vía más de 2.000 millones en la actualidad-, pero señalan que, como centros públicos, les corresponde financiación pública, y de otra manera que evite su actual grado de dependencia de la autonomía o el Estado, que asignan los recursos e, indirectamente, los que puedan obtener de los alumnos por tasas de matrícula, al fijar también su cuantía.

"Las universidades tienen autonomía para elaborar sus presupuestos, pero en la práctica esta prerrogativa sólo opera en los gastos, porque los ingresos los determinan otros ámbitos", afirma Villanueva. La LRU emplaza a las universidades a elaborar, una vez conocida la subvención global fijada anualmente por las comunidades, su presupuesto anual y una programación plurianual, pero "difícilmente podrá cumplirse este segundo mandato legal si no se conoce la cuantía de las subvenciones previstas para los ejercicios siguientes".