Los hospitales podrán quedarse el dinero que ahorren, pero el Insalud cubrirá su déficit

El presidente ejecutivo el Insalud, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer que el Gobierno del PP no se propone privatizar ni externalizar servicios sanitarios públicos y aseguró que el único propósito de la creación de las fundaciones públicas sanitarias es mejorar la gestión. Las nuevas fundaciones podrán quedarse el dinero que ahorren para reinvertirlo en el hospital, pero si producen déficit, el Insalud se hará cargo de la deuda. Estas explicaciones no convencieron a la oposición. El PSOE e IU resaltaron que las garantías que ofreció ayer Núñez Feijoo no figuran en el texto legal y advirtieron que el procedimiento utilizado para regular las fundaciones puede ser inconstitucional.

Tanto el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, como Núñez Feijoo, intentaron salir apaciguar la reacción en contra que ha suscitado la regulación de las fundaciones públicas sanitarias como enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado. Ambos afirmaron de forma enfática que no pretenden privatizar ningún servicio, ni siquiera externalizarlo, que la creación de esta nueva figura jurídica tiene como único objetivo mejorar la gestión y la eficiencia del sistema sanitario público y que se va a aplicar de forma paulatina. Pero lejos de apaciguar los ánimos, las reacciones en contra fueron creciendo y Romay anunció por la noche que había solicitado comparecer ante el Senado para explicar la nueva regulación.A toro pasado, Núñez Feijoo se tomó ayer un considerable trabajo para explicar la reforma, pero no logró despejar las dudas y sospechas que ésta suscita. El presidente del Insalud intentó, en primer lugar, aclarar por qué se ha decidido regular este cambio de gestión en los centros del Insalud en el último momento y de forma subrepticia, junto a los Presupuestos del Estado.

Estatuto sanitario

Argumentó Núñez Feijoo que la enmienda desarrolla la ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión en el sector sanitario, que fue aprobada con los votos a favor del PSOE, y se ha creado la figura de las fundaciones públicas sanitarias para preservar los derechos adquiridos de los trabajadores sanitarios, que están amparados por un estatuto especial que les asimila a funcionarios. Los entes previstos en la ley de 1997, argumentó Feijoo, no permiten conservar estos derechos, ya que obligan a implantar una contratación de régimen laboral.El argumento fue calificado de peregrino, tanto por la diputada socialista Ángeles Amador, ex ministra de Sanidad, como por la de Izquierda Unida, Ángeles Maestro, quienes señalaron que en estos momentos nada amenaza el estatuto del personal sanitario y que ninguna ley ni nada obliga al PP a regular en una fecha determinada las nuevas formas de gestión sanitaria, y mucho menos a recurrir al último trámite parlamentario de la ley de presupuestos.

"El Gobierno del PP intentó ya en 1996 regular por decreto que los servicios sanitarios pudieran ser gestionados por cualquier fórmula jurídica", explica Amador. "Pero al no poder hacerlo por decreto, se tramitó la ley de 1997. Pero esa ley debía ser desarrollada mediante un reglamento. Por mandato parlamentario, el Gobierno debía tramitar ese reglamento antes del 1 de septiembre de 1997 y regular una serie de aspectos muy concretos. No sólo no lo ha hecho, sino que ahora se descuelga con una nueva figura jurídica tramitada por sorpresa y a la que además concede rango de ley. Una ley no desarrolla a otra ley. La modifica, y en este caso, no sólo modifica la ley de gestión de 1997, aprobada por consenso, sino también la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE)".

"Teniendo en cuenta que es la reforma legal más importante desde la creación del Insalud", argumentó Ángeles Maestro, de IU, "es muy significativo que el PP haya tratado de eludir el debate político y social. Lo que ha hecho es abrir las puertas a la privatización con precipitación y alevosía". IU considera que tramitar una modificación tan importante a través de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos no sólo es ilegítimo políticamente, sino también inconstitucional. "Hay una sentencia del Constitucional que anula una provisión de plazas regulada a través de la ley de Presupuestos de 1989. El tribunal argumenta que esta ley sólo debe utilizarse para regular aspectos relacionados con la ejecución de los Presupuestos del Estado". IU propondrá al PSOE, según indicó Ángeles Maestro, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la enmienda de las fundaciones.

Núñez Feijoo negó que la nueva normativa suponga una desmembración del sistema: "Insisto en que esta ley desarrolla la de 1997, aprobada por consenso, y si el PSOE no encontró entonces que desmembrara el sistema sanitario, ahora tampoco lo hace".

Amador contrarreplicó: "Precisamente el acuerdo parlamentario que instaba al Gobierno a desarrollar el reglamento de aquella ley fijaba los aspectos que debían regularse en las nuevas fórmulas de gestión, y todos ellos están orientados a configurar un marco común de requisitos y controles que la normativa sobre fundaciones públicas sanitarias en absoluto incluye. En esta normativa, todo es potestad del presidente del Insalud. La enmienda de un amplísimo margen de discrecionalidad al presidente sin establecer mecanismos de control ni de participación".

El secretario general de UGT Cándido Méndez, afirmó que normativa supone "un grave retroceso para la sanidad pública" y pidió al PP que la retire. Por su parte, el presidente de la Confederación de Sindicatos Médicos, Patricio Martínez, se opuso a la creación de las fundaciones alegando que "no es necesario desestructurar el Sistema Nacional de Salud para descentralizarlo".