Un billón, con b

EL INFORME de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en el que denuncia de forma pública el favoritismo oficial hacia las empresas eléctricas -que implica titulizar una parte de los costes de transición a la competencia (CTC) equivalente a 1,03 billones de pesetas- ha provocado una polémica con el Ministerio de Industria que debe interesar necesariamente al consumidor. Éste será quien pagará finalmente en el recibo de la luz los pactos a los que han llegado el Gobierno y las empresas eléctricas con un recargo del 4,5% sobre la tarifa eléctrica. Sostiene la Comisión que los CTC (que son las compensaciones financieras que el Gobierno ha acordado pagar a las compañías debido a que cuando se produzca la liberalización del sector eléctrico gran parte de las plantas de producción serán incapaces de generar energía eléctrica competitiva), sólo pueden ser calculados efectivamente cuando haya concluido el periodo transitorio; que, mientras tanto, todas las cantidades son provisionales y no derechos adquiridos; que la cantidad total pactada por el Gobierno y las eléctricas, pagadera en el plazo de 10 años, es excesiva, y que la titulización de 1,03 billones equivale a conceder, sin posibilidad de vuelta atrás, un impuesto a favor de los bancos por un importe probablemente muy superior a lo que realmente sumen los costes de la competencia.La titulización es un sofisticado procedimiento financiero que permitiría a las eléctricas percibir hoy de los bancos la deuda que el Gobierno le ha reconocido provisionalmente en el plazo de 10 años; a cambio, venderían el derecho histórico de esa deuda a los bancos que constituyeran el fondo de titulización, quienes, a su vez, emitirían títulos o bonos para pagar inmediatamente los 1,03 billones. Por el procedimiento de más vale pájaro en mano, una cifra provisional se convierte en un derecho adquirido y percibido con antelación, y si el coste final fuese, como dice la Comisión, inferior a los 1,03 billones cuya titulización se pretende aprobar en una enmienda a la Ley Eléctrica, ya se pueden apreciar las dificultades con que tropezaría un Gobierno futuro para reclamar el exceso pagado por los consumidores.

La respuesta del ministro de Industria, Josep Piqué, a las acusaciones de la Comisión ha sido manifiestamente pobre. Piqué ha acusado a la Comisión de seguir "una estrategia política" y de no ayudar "en el proceso de liberalización del sector eléctrico", lo cual resulta bastante sorprendente teniendo en cuenta que el presidente de la Comisión es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, uno de los más coherentes liberalizadores de la economía española. Piqué ha rehuido entrar en el fondo de la cuestión y no ha respondido a los interrogantes que plantea la operación: por qué los ciudadanos tienen que pagar un 4,5% de sus recibos de la luz como compensación o subvención a unas empresas cuya obligación es producir kilovatios en un mercado competitivo, cuando, por otra parte, tales empresas mantienen elevados beneficios y reparten dividendos entre sus accionistas.

Admitiendo que las compañías eléctricas tienen derecho a percibir compensaciones, quedaría en pie el comportamiento político del Ministerio de Industria. Porque mientras las empresas valoran en casi dos billones la cantidad total que deben percibir como costes de transición, la Comisión Eléctrica ha insistido en varias ocasiones en que, según sus cálculos, la cantidad más probable a la que tendrían derecho está en torno a los 500.000 millones, y ha recomendado que, de admitirse la titulización de los CTC, no se hiciera por una cantidad superior. ¿Por qué el Gobierno acepta, en contra de los intereses de los consumidores, los cálculos de las empresas y rechaza los que ha realizado la Comisión, que es un organismo público y cuyas conclusiones son más favorables para los consumidores? ¿No se estará financiando, con la admisión de costes tan elevados, no sólo la reconversión de los activos ineficientes de las eléctricas, sino también sus beneficios?

El asunto no es baladí, porque entre la cifra que apunta la Comisión Eléctrica y la que ha pactado el Gobierno con las empresas hay una diferencia de ¡casi un billón de pesetas!, que tendrán que pagar los consumidores durante 10 años a cambio de una liberalización difusa, donde no se aprecia el horizonte en el que los particulares podrán elegir suministrador. Ni siquiera las parcas rebajas en las tarifas de los últimos dos años, fruto más de la baja de los tipos de interés que de la competencia, parecen suficiente compensación para cargar con una deuda tan onerosa. En parte porque la propia Comisión ha calculado que tales rebajas podrían ser muy superiores a las que se han producido. Son éstas las respuestas y las explicaciones que el Gobierno tiene que dar a los consumidores en lugar de perderse en acusaciones políticas. No es redundante pedir luz y taquígrafos precisamente en el sector eléctrico.