España va bien, pero menos

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1999 en un contexto favorable. La economía crece a fuerte ritmo, se está creando empleo, los precios están controlados y las cuentas públicas están saneadas, hasta el punto de poder bajar los impuestos. Restaría conocer si en paralelo se está repartiendo la riqueza con un mínimo de justicia y si se están poniendo los cimientos para sostener el mayor tiempo posible la bonanza económica y dulcificar los tiempos peores.Es cierto que las cosas van bien, aunque no tanto en términos de equidad. El Gobierno ha puesto algo de su parte, pero las cosas marchan mejor gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad española. No hay que olvidar que el PP se ha encontrado con una serie de factores exógenos para llegar a la presente situación: decisión alemana de rebajar los tipos de interés, acumulación de ahorro por motivo de precaución en la anterior crisis, fuerte ajuste de empleo previo, fin de la sequía, moderación salarial y rebaja de los precios de las materias primas, en especial el petróleo.

Algunas de estas medidas han incidido en la disminución del gasto público. La rebaja de tipos de interés ha reducido el peso de los gastos financieros de la deuda pública (del 4,7% al 3,5% del PIB). La estabilidad de precios ha restado crecimiento a las partidas de remuneración de los empleados públicos y revalorización de pensiones. Otras medidas adoptadas por anteriores gobiernos también han ayudado, como los severos recortes en la prestación por desempleo decididos en 1992 y 1993. Si sumamos la bonanza en el ciclo económico disfrutado por los países desarrollados, completamos las variables positivas que disminuyen de forma autónoma el crecimiento del gasto público.

La actividad presupuestaria del Gobierno del Partido Popular se ha concentrado en dos vertientes. La primera, la lenta pero continuada disminución de los impuestos sobre las rentas del capital y personas físicas con ingresos más altos. La segunda, desarrollar una ingeniería contable hasta perder las mínimas formas exigibles en claridad de las cuentas públicas.

Analizar los PGE es siempre un ejercicio difícil. Mucho dinero, muchos programas, algunas incertidumbres presentes y futuras hacen imposible manejar toda la información de manera exacta. Todos los responsables tienen disculpas para hacer algunas pequeñas trampas y ocultar alguna información. Pero el actual Gobierno ha superado cualquier límite y las lagunas de información, las erratas, la confusión interesada en la presentación de las cifras y la financiarización de múltiples partidas han convertido el presupuesto en un ente sin credibilidad.

Sólo como ejemplo, las dudas que genera la cifra de déficit presentada para el próximo ejercicio. El Gobierno afirma que la Administración central del Estado tendrá un saldo negativo equivalente al 1,4% del PIB (1,3% el Estado y 0,1% la Seguridad Social), de acuerdo al criterio aceptado por la Unión Europea. Sin embargo, la información facilitada al Parlamento muestra un déficit del 1,84% o del 1,72% del PIB, depende de la parte del Informe Económico y Financiero de los PGE consultada. La explicación oficial a una diferencia que oscila entre los 281.000 y 387.000 millones de pesetas se limita a la expresión "realizados los ajustes oportunos de acuerdo a los criterios de Contabilidad Nacional". Una explicación bastante precaria, por no utilizar otra definición más peyorativa, utilizada también en el presente año para evitar explicar cómo cuadrará el déficit sin utilizar ingresos considerados extraordinarios según el criterio europeo. Si en el cálculo no se tienen en cuenta gastos ordinarios, estarían ocultando déficit por valor de 600.000 millones de pesetas, además de cambiar radicalmente la valoración del actual y del próximo presupuesto.

La imaginación del Gobierno no acaba aquí, y utiliza de forma habitual los préstamos del Estado (activos financieros) para pagar gastos ordinarios del ejercicio (operaciones no financieras). En resumen, y de forma simple, excluyen del cálculo del déficit partidas que deberían tomarse en cuenta. Para 1999, con criterios muy prudentes, por lo menos 250.000 millones de pesetas.

En paralelo, mantienen la poco recomendable fórmula de imputar a la Seguridad Social ingresos que no cobrará nunca, ahorrándose con esta práctica la transferencia que el Estado debía realizar para pagar las prestaciones universales. En 1999, otros 210.000 millones de pesetas.

Si sumamos todas las decisiones imaginativas al déficit oficial declarado por caja -el europeo no es posible comprobarlo- se obtiene que el déficit de la Administración central del Estado equivale al 2,3% del PIB, alcanzando el 2,5% del PIB con el de las administraciones territoriales. Muy lejos del 1,6% del PIB publicitado por el Gobierno (casi 800.000 millones de pesetas al año). Este desequilibrio presupuestario, demostración, por otra parte, de la necesidad de lo público incluso para aquellos que lo descalifican continuamente anunciando presupuestos restrictivos, desmerece bastante la buena gestión del Gobierno en tan delicada materia. Pero, además, destaca la temeridad de aplicar una reforma del IRPF con pérdidas de recaudación anuales de 550.000 millones de pesetas.

El Gobierno del Partido Popular acumula rebajas de impuestos directos (base renta) como instrumento para dinamizar la economía. Una relación no demostrable empíricamente, pero muy aplaudida por los sectores más beneficiados, minoritarios, pero muy influyentes.

La reforma del IRPF amplía el número de beneficiarios, es una de sus principales bazas electorales, pero comporta un reparto muy injusto de los esfuerzos. A corto plazo, por el desmesurado regalo recibido por una minoría selecta (los 134.000 más ricos reciben 100.000 pesetas al año). A medio plazo, porque, más pronto que tarde, faltará dinero en la caja del Estado, no tan saneada como parece, y entonces será obligado reducir políticas de gasto o aumentar la imposición indirecta, medidas ambas que, sin duda, no repugnan a este Gobierno.

Mientras tanto, los parados con cargas familiares sin ingresos alternativos no accederán a un subsidio por desempleado. Para ellos España va bien, pero sólo por la televisión, especialmente la pública, donde los ministros del Gobierno le hacen la competencia a los presentadores habituales sin derecho de réplica para nadie que no comparta sus ideas.