La futura ley de edificación desencadena una guerra entre arquitectos e ingenieros

La nueva ley de edificación, que empezó siendo sólo un proyecto destinado a proteger los intereses de los ciudadanos sobre sus viviendas, ha desencadenado una abierta batalla profesional entre ingenieros y arquitectos, que puede provocar movilizaciones. Más de 27.000 arquitectos (y 30.000 estudiantes) y 300.000 ingenieros (y 200.000 alumnos) se acusan de intentar robarse mutuamente compentecias y de presionar a los responsables políticos para que les favorezcan con la nueva ley, que el Gobierno quiere aprobar en diciembre. Para evitar protestas mayores, el Ministerio de Fomento ha pedido a ambos colectivos que negocien un acuerdo. El encuentro decisivo será el próximo lunes.

Los arquitectos y los alumnos de las escuelas de Arquitectura han puesto el grito en el cielo con el último de los tres borradores de la Ley de Ordenación de la Edificación, elaborado en septiembre. Los ingenieros habían hecho lo mismo en junio, cuando se conoció el segundo borrador.El último texto no habla en absoluto de Arquitectura. Dice que cualquier profesional que tenga "la titulación profesional habilitante" podrá firmar "un proyecto de edificación". Los arquitectos aseguran que la imprecisión del último texto "abre a los ingenieros la posibilidad de edificar viviendas, edificios de oficinas o museos, lo que supone una intromisión de competencias", según señala el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jaime Duró, que también preside el Consejo de Europa de Arquitectos.

Duró considera evidente que los ingenieros "no están preparados profesionalmente para hacer proyectos de viviendas u oficinas, por ejemplo, y no tiene sentido que lo hagan".

Arquitectos e ingenieros se han enzarzado en una batalla de acusaciones. Los ingenieros acusan a los arquitectos de intentar "monopolizar" la edificación, ya que en el borrador de junio se decía que para realizar un edificio se exigiría "un proyecto arquitectónico", y que "con carácter general, la titulación de arquitecto habilita para la redacción del proyecto arquitectónico".

Los ingenieros apoyan abiertamente el último texto, que les podría abrir la posibilidad de hacer viviendas, según temen los arquitectos. Sin embargo, los ingenieros aseguran que no tienen interés en ello y que sólo pretenden preservar sus competencias.

Los arquitectos reprochan a los ingenieros haber presionado el pasado verano al Gobierno para que redactara el último borrador, puesto que se preocuparon de expresar abiertamente su oposición al anterior. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando les apoya. Ha redactado un documento en el que dice que espera que el proyecto "no prospere en su actual redacción y espíritu, en beneficio de la cultura de nuestro país".

El director general de la Vivienda, Fernando Nasarre, manifestó ayer a este periódico que "en ningún momento el Gobierno ha tenido la intención de modificar las competencias profesionales de estos colectivos" e insistió en que "ésta no es una ley de atribuciones".

Nasarre dice que ha impulsado a ambos colectivos a reunirse para "buscar una solución a este enfrentamiento" y no descarta "incluir un nuevo apartado en el borrador, que recoja algunas matizaciones generales".

José Antonio Torroja, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y uno de los portavoces de los 300.000 ingenieros a los que afecta la ley explica: "Con la última versión no se modifica la situación actual de atribuciones y queda resuelto nuestro temor inicial de que el arquitecto quedara genérico para todo". Los ingenieros piden que se apruebe el último borrador y sugieren que después se debata un proyecto sobre competencias.

"Contra el monopolio"

La Mesa de la Ingeniería, que integran los presidentes de los colegios profesionales de las 11 ingenierías técnicas y superiores a las que más afecta esta ley, han redactado un texto en el que señalan que están defendiendo sus intereses "frente a otros colectivos, como el de los arquitectos y aparejadores, cuyo objetivo es la inclusión en el texto de la ley de un monopolio competencial que les permite regir, en exclusiva, el proceso de edificación".En la actualidad, según Torroja, para edificar una vivienda se pide que el proyecto esté firmado por un arquitecto y hay jurisprudencia suficiente para garantizar a los arquitectos que se siga haciendo así con el último borrador. Los arquitectos creen, en cambio, que la situación cambiaría porque, al ser el texto tan poco preciso, se abriría la posibilidad "por ley" a los ingenieros de hacer viviendas, oficinas o museos, que ahora son competencia exclusiva de los arquitectos.

Los estudiantes de Arquitectura están dispuestos a movilizarse si se lleva a Consejo de Ministros el último borrador, según dice Eduardo López de Lerma, portavoz de los alumnos de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los directores de 18 Escuelas Técnicas y Superiores de Arquitectura han elaborado un comunicado en el que dicen: "La omisión de cualquier referencia a la Arquitectura supone una toma de posición del Gobierno grave, que rompe con una larga tradición de reconocimiento de la esencial vertiente cultural e histórica de los espacios habitados". Y añaden que la reducción de la edificación en sus distintas especialidades "a los aspectos técnicos y económicos, no sólo incidiría peligrosamente sobre la calidad de vida de la población, sino también sobre las expectativas profesionales de muchos miles de estudiantes de nuestras escuelas".