Más de la mitad de los contratos de la Diputación vizcaína incumplen la ley

La Diputación de Vizcaya mejora su funcionamiento interno, pero mantiene incumplimientos de la ley en materia de contratación, personal y recaudación. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) aprecia anomalías en más de la mitad de los 63 contratos examinados, como sucede en el caso de la construcción del enlace de Basauri, sobre el que se apuntan hasta seis irregularidades. En su fiscalización, el TVCP censura la adjudicación de dos contratos, que totalizan 7.500 millones, para elaborar el catastro.

El informe del Tribunal Vasco de Cuentas referido al ejercicio de 1996 constata que la Diputación vizcaína "cumple razonablemente la normativa legal", con las salvedades de esas tres áreas. La situación es claramente mejorable en la contratación: hay anomalías en 35 de los 63 expedientes examinados. La construcción del enlace de Basauri -uno de los principales proyectos viarios de ese año- presenta el mayor número de irregularidades: se ejecutó sin programa de trabajo, sin justificar las modificaciones de proyecto ni su expediente de cambio, y tampoco se contó con el dictamen del órgano consultivo correspondiente. El puente bilbaíno de Euskalduna, con similares deficiencias, y la redacción del proyecto de la variante baja de Deusto -que empezará a acometerse en 1999 para mejorar este acceso a Bilbao- son otros contratos del ente foral con varias irregularidades. "En tres expedientes de obra, por valor de 5.095 millones, se han incluido modificaciones sin haber sido aprobadas. Se ha adjudicado un contrato por importe de 493 millones según un proyecto técnicamente desfasado, lo que obliga a redactar otro", señala el informe. La actuación en el programa de revisión del catastro de diversos municipios vizcaínos merece el reproche del Tribunal de Cuentas. Este plan, iniciado en 1989 con un presupuesto de 5.121 millones, debía haber finalizado en 1996, pero el gasto reconocido hasta entonces era de 4.671 millones. "Sin justificar el retraso, se adjudica un nuevo contrato cuyo objeto es la revisión de los trabajos contratados anteriormente. Esta nueva adjudicación no parece procedente puesto que aún no habían sido recepcionados los trabajos anteriores", se indica. El órgano fiscalizador confirma la ilegalidad de la subida salarial de un 4%, contraviniendo la ley de Presupuestos del Gobierno central, un incremento que tuvo que ser corregido este verano tras una sentencia judicial. Además, censura la actuación foral sobre la normativa de Relación de Puestos de Trabajo, que ha sido sistemáticamente anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. "Corrigió algunos aspectos declarados nulos, si bien al modificarlos en posteriores relaciones de puestos de trabajo subsiste idéntica regulación a la anulada, con lo que se minimiza la eficacia reparadora de las sentencias judiciales". El área de recaudación de la Diputación presenta deficiencias, como las "insuficientes garantías" en cuatro expedientes cuya deuda ascendía a 635 millones de pesetas y las exenciones de impuestos concedidas, "sin la documentación requerida", a otros cuatro expedientes, por un total de 1.737 millones.