Ha recibido 34 amonestaciones por faltas, pero ninguna por reiteración de infracciones
K. M., esclavo. La esclavitud es una de las peores infamias que ha inventado y sufrido la humanidad. Felizmente resultó abolida en el siglo XIX en casi todos los países civilizados y hoy se considera un vestigio marginal en algunas zonas particularmente infradesarrolladas del mundo. Pero la historia del joven argelino K. M., esclavo de la empresa Construcciones y Reparaciones Llorente, SL, según consta en el esperpéntico contrato de esclavitud que el súbdito argelino firmó angustiado por la urgencia en conseguir el permiso de trabajo y residencia en España, sucedió en Guadalajara, una ciudad española integrada en la civilizada Europa, entre los años 1995 y 1996. Los términos del infamante contrato son inequívocos y describen ajustadamente la catadura moral de sus autores, el empresario Rafael Llorente y el falso abogado José María de Miguel: "Pudiendo [la empresa] disponer de él como tuviese a bien, para la flagelación o los trabajos forzados, la sodomía o para hacer la comida, teniendo bajo su jurisdicción la vida o la muerte del esclavo". En el catálogo de horrores elaborado por Llorente y De Miguel, según la acusación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), el inmigrante, considerado como semoviente por sus supuestos amos, era obligado a andar desnudo por la casa donde prestaba sus servicios y fue maltratado y lesionado.A pesar de la evidente brutalidad troglodítica e insana vileza del contrato, que ningún jurista aceptaría como válido, la Audiencia de Guadalajara ha absuelto sorprendentemente a los dos acusados del delito de atentado contra los derechos de los trabajadores, aunque los ha condenado por los delitos de lesiones que infligieron al joven argelino. La sentencia motiva tan sorprendente absolución en que "la relación entre los acusados y el inmigrante parece reunir las notas características de una situación de agradecimiento". Una argumentación semejante sólo puede ser interpretada, con todos los respetos para el poder judicial, como una humorada o un sarcasmo poco feliz. Por fortuna, la Fiscalía del Estado ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia tan complaciente con los acendrados practicantes de la esclavitud como relación laboral y personal. Hay que pedir que se extreme el rigor legal para sancionar actitudes tan asociales y envilecedoras como las de los dos esclavistas, aunque pudieran parecer singulares y quizá anecdóticas por increíbles. Debe quedar claro que esta sociedad no tolera la fuerza ni el derecho de conquista como fundamento de las relaciones entre los ciudadanos, y porque el derecho romano hace muchos siglos que fue abolido.