El Insalud ficha a cada paciente para controlar los fármacos que se consumen

Los españoles no sólo están fichados por la policía, el Ayuntamiento, Hacienda, las compañías de teléfonos, sus bancos... Ahora el Estado conocerá también qué medicamentos consume cada uno gracias a la informatización de las recetas. Incluso piensa advertir a los hiperconsumidores. Es una iniciativa del Insalud en las 10 comunidades que administra y de la que no existe precedente en ningún país occidental. El instrumento es un terminal denominado TAIR que lee la tarjeta sanitaria individual. Muchos médicos se han rebelado por entender que viola la intimidad de sus pacientes.

En un mes, el Insalud estará en condiciones de tener una radiografía farmacológica de cada ciudadano. Sabrá si toma ansiolíticos, antihipertensores, calmantes o anticancerosos y cuántos. El objetivo inmediato confesado es controlar el consumo y el posible fraude. "Se supone que la Administración como organismo dispensador de fármacos tiene que saber qué pacientes son hiperconsumidores y qué médicos son hiperprescriptores", argumenta el subdirector general de Informática del Insalud, Mauricio Fernández. La idea es explotar los datos de la tarjeta sanitaria individual "igual que Hacienda utiliza sus datos", agrega.El propio presidente del organismo, Alberto Núñez Feijoo, ha confirmado a este periódico que se plantea enviar información sobre su propio consumo a aquellos pacientes hiperconsumidores "si la inspección farmacéutica lo considera oportuno".

A nadie se le escapa, y menos a los críticos con esta medida, que a través del fármaco se deduce facilmente qué problemas de salud padece cada ciudadano: aparte de los muy consumidos medicamentos para síntomas menores o para el colesterol y la hipertensión, están las insulinas que delatan al diabético, los opiáceos que nos hablan de un enfermo terminal, los medicamentos específicos para algunos cánceres, los que curan la tuberculosis, los que deben tomar de por vida los trasplantados de órganos, los indicados para las infecciones asociadas al sida y para las enfermedades mentales...

Quienes se oponen frontalmente a esta iniciativa, por otro lado pionera en nuestro entorno, consideran que es una intromisión injustificada en la intimidad de las personas. "Es una invasión intolerable", dice José Manuel Freire, coordinador de Sanidad del PSOE, "que además no se justifica como medida de control del gasto puesto que quien prescribe es el médico, no el paciente". Los médicos de familia aún no disponen de un ordenador personal en la consulta con el que procesar su trabajo diario. Mientras se instalan, el Insalud ha invertido 3.200 millones de pesetas en unos terminales electrónicos, el TAIR, que transforman en una etiqueta informatizable los datos que antes el facultativo escribía a mano en cada receta, cada volante para el especialista o cada petición de prueba diagnóstica.

Es verdad, como insisten sus promotores, que la etiqueta no recoge mucho más de lo que ya se consignaba de forma manual (el nombre del destinatario de la receta va ahora seguido de un código de barras que acumula una clave de identificación del usuario o su número de la Seguridad Social, y del médico). Pero también es verdad, como advierte Juan Gervas, médico general y asesor de varios proyectos de la UE sobre telemedicina, que "aquellos datos eran inmanejables y ahora en lectura electrónica cambian en calidad".

El Insalud ya ha sacado a concurso un lector óptico para interpretar estos datos de la etiqueta y cruzarlos con los del código de barras del medicamento que el farmacéutico pega en la parte superior de la receta. Así se controlará de forma rápida qué medicina consume cada uno y qué médico la prescribe. Estos datos se pueden cruzar a su vez con otros personales de edad, sexo o población con objeto, entre otras posibilidades, de hacer estudios epidemiológicos de consumos. En un principio será el Insalud quien grabe la información. Pero se estudia que corra a cargo de los colegios farmacéuticos, encargados hasta ahora de la facturación de las recetas a la Seguridad Social, cuando se firme el próximo concierto, según Mauricio Fernández. La Agencia de Protección de Datos ya se interesó en su día por esta iniciativa. Su director, Juan Manuel Fernández López, exige garantías de confidencialidad y se mantiene a la expectativa "sobre la finalidad con la que se recogen estos datos. Sería lícito", entiende, "si se hiciera por una previsión del gasto sanitario con una utilidad pública".