La Comisión Europea, bajo sospecha

ENVIADO ESPECIALAl principio había una gran ilusión. Manuel Marín, el vicepresidente de la Comisión Europea, creó en 1992 ECHO, la oficina de ayuda humanitaria comunitaria. Su anagrama consistía en dos hombres dándose la mano en medio de las doce estrellas amarillas que simbolizan Europa. Era la mano tendida de la Europa hacia los pueblos que sufren guerras o catástrofes naturales.

Colocado en camiones repletos de ayuda alimentaria que recorrían las carreteras de Bosnia o el Kurdistán iraquí, el anagrama de ECHO empezó a ser conocido en las zonas más convulsionadas del mundo. Competía en solidaridad con la bandera azul de la ONU o las aspas de Cruz Roja.

Al orgullo europeo por disponer por fin de un instrumento para manifestar su solidaridad se añadía la satisfacción española. ECHO era, dentro de las instituciones europeas, casi un feudo español. Dependía de Marín, su director era otro español, Santiago Gómez Reino, entre sus funcionarios los españoles estaban sobre representados y las organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas eran frecuentemente elegidas para canalizar su ayuda. Fanceses, alemanes o italianos predominan en otros sectores de la Comisión pero los españoles tenían en sus manos la ayuda humanitaria.

En aquellos años la Comisión Europea crecía rápidamente. "Entre 1987 y 1997 el presupuesto se multiplicó por seis sin que se nos dieran más funcionarios para gestionarlo", afirma Marín. Además de la ayuda humanitaria, había que echar una mano a los países del Este y a las ex repúblicas soviéticas que acababan de salir del túnel del comunismo.

La guerra en la antigua Yugoslavia obligó a desarrollar ECHO a un ritmo desenfrenado. En 1992 sus 43 funcionarios gestionaban 61.800 millones de pesetas, dos años después su plantilla era de 63 funcionarios que administraban 128.000 millones, un presupuesto superior al del Ministerio de Exteriores español. "Nos matábamos a trabajar", recuerda aún ilusionado un viejo eurócrata.

Fue entonces cuando Gómez Reino cayó en la tentación en la que ya habían incurrido por lo menos otros 14 directores de toda la Comisión. Su presupuesto no le permitía contratar a más personal. Sí podía, no obstante, firmar contratos con empresas de asistencia técnica para que efectuasen para ECHO tareas en regiones en conflicto. A través de estas sociedades obtendría los administradores que no podía, por razones legales, reclutar directamente. Entre los que llamaron entonces a la puerta de ECHO para proponer sus servicios apareció Claude Perry. Atildado con corbatas y pañuelos chillones, este francés con aspecto de nuevo rico poseía en Luxemburgo una empresa, Perry-Lux, que llevaba ya largos años trabajando para otros departamentos de la Comisión.

Cuando, en el verano de 1993, Gómez Reino estaba de vacaciones uno de sus colaboradores, Hubert Onidi, firmó su primer contrato con Perry-Lux. El propio Gómez Reino suscribiría después otros tres contratos con empresas irlandesas pero que, en realidad, según supo más tarde, pertenecían también a Perry. En ECHO se firmaban hasta 1.200 contratos anuales.

En total, el francés consiguió cuatro contratos por un total de 403 millones de pesetas que deberían haber servido, en teoría, para enviar al personal, contratado a través de Perry Lux, a la antigua Yugoslavia y a los Grandes Lagos africanos. Nunca los jóvenes salieron de Bruselas, donde secundaron a los funcionarios de ECHO en la ingente tarea de gestión de un presupuesto en constante auge. Aunque tiende a desaparecer, esta modalidad de contratación de refuerzos de personal ha sido una práctica habitual en la Comisión.

Cuatro años después, en la primavera de 1997, se encendieron todas las luces rojas cuando los agentes de la Unidad de Coordinación de la Lucha Anti Fraude (UCLAF) de la Comisión Europea se presentaron en el despacho de Alberto Navarro, el diplomático que sustituyó ese año a Gómez Reino al frente de ECHO, y le reclamaron los cuatro contratos. Acababan de recibir una denuncia contra Onidi.

Empezó entonces una larga investigación -duró más de un año- salpicada de incidentes y envuelta en la polémica. Por un lado Marín y Emma Bonino, la comisaria que es ahora competente en materia de ayuda humanitaria, por otro la comisaria sueca Anita Gradin, de quien depende la UCLAF, y el secretario general de la Comisión, el holandés Carlo Trojan. Los primeros criticaban la lentitud y el secretismo de la UCLAF, que dificulta la defensa de los funcionarios investigados, los segundos insistían en su buen hacer.

Trece meses después de iniciar sus pesquisas, los agentes parieron un informe en el que aseguran que los contratos fueron ficticio. En agradecimiento a la ayuda que le brindó Onidi para trabajar con ECHO, Perry pagó además durante dos años a la mujer del funcionario un sueldo mensual de 1,5 millones de pesetas. En ECHO se afirma poder justificar que el 80% del dinero de esos contratos ha sido dedicado a remunerar a los refuerzos en personal de gestión y que sólo unos 75 millones de pesetas no pueden ser justificados porque la documentación ha desaparecido.

El 9 de julio Onidi fue suspendido y la Comisión trasladó a la fiscalía de Luxemburgo, el país dónde está radicada la empresa de Perry, la investigación de la UCLAF. La polémica soterrada en los pasillos insonorizados del Breydel, la sede de la Comisión, se convirtió en griterío cuando por esas fechas llegó al Parlamento Europeo y a la prensa.

Los primeros en subir a la palestra fueron Los Verdes alemanes, encabezados por la eurodiputada Edith Muller, y los populares españoles, con Juan Manuel Fabra Vallés. En la comisión presupuestaria del Parlamento bloquearon la semana pasada los fondos previstos para la ayuda humanitaria en 1999. La decisión debería ser rectificada a fin de mes.

Muller no ha parado de pedir que Gómez Reino, Marín y hasta Bonino dimitan. A pesar de actuar casi en solitario, sus denuncias han tenido, en plena campaña electoral, mucho eco en Alemania, donde el rostro de Gómez Reino ha llegado a aparecer en los telediarios rodeado de un redondelito como el hombre más buscado, aunque no hay ningún tipo de pruebas contra él.

La virulencia de las acusaciones y su desproporcionado eco mediático han dejado atónito al equipo de Marín. Temen que sus detractores tengan intenciones ocultas. No en balde en ECHO se han sucedido estos años controladores financieros, inspectores, auditores y miembros del Tribunal de Cuentas, etcétera. El informe de esta última institución fue también muy crítico.

"Gestionamos el 0,5% del presupuesto comunitario pero creo que hemos sido el departamento más controlado de toda la Comisión", afirma el director de ECHO. Navarro, que no dirigía ECHO cuando se firmaron los famosos contratos, no para estos días de consolar a sus subordinados, secretarias y administradores, llamados a declarar por comités disciplinarios o agentes antifraude.

El año próximo está previsto que los Quince reflexionen sobre el porvenir de ECHO. Marín, Bonino y las ONG que subvenciona ECHO están convencidos de que, amparándose en el caso de corrupción, Alemania y los escandinavos van a intentar transferir a Naciones Unidas buena parte de la ayuda humanitaria de la UE, mientras las sobras serían gestionadas directamente por los Estados miembros a través de una agencia externa. Curiosamente, en el último Consejo de Ministros de la UE, las delegaciones sueca y danesa pusieron el caso Onidi sobre el tapete. "Quieren desmantelar nuestro único símbolo de política común en los 35 países del Tercer Mundo en los que actuamos", se queja un funcionario.

En los únicos despachos de la Comisión protegidos por medidas electrónicas, los de la temida UCLAF, se cree que el revuelo es achacable a que, por primera vez, un presunto fraude roza a un alto cargo -Gómez Reino es hoy en día director general adjunto- que en la marabunta del nacimiento de ECHO firmó tres contratos con Perry, al que no llegó a ver. Los agentes antifraude insisten, sin embargo, en que no acusan a Gómez Reino de complicidad con su subordinado suspendido.

Otras fuentes, que se jactan de estar a caballo entre los bandos enfrentados, sostienen que a ECHO le ha "tocado la china" de ser el primero pero que el caso Onidi no es más que la punta de iceberg de un entramado de corrupción presuntamente inspirado desde hace 25 años por Claude Perry. Y va a ir saliendo a la luz en los próximos meses.